Hacienda levanta la suspensión del contrato a Boston y Roland Berger por la retribución a las renovables

De esta forma, el tribunal administrativo desbloquea el contrato que había logrado paralizar la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (Anpier), al denunciar su concesión por parte del Instituto para la Diversificación y el Ahorro de Energía (IDAE) sin publicidad adecuada.

En su resolución, el tribunal ofrece algunos detalles sobre el contrato, como que las ofertas de Boston Consulting y Roland Berger fueron las únicas que se valoraron, después de que se desestimasen otras ofertas por defectos de forma no subsanados.

El contrato tiene un importe máximo de 900.000 euros y consiste en la elaboración de un máximo de tres informes con los estándares de costes de inversión y operación de las plantas. Además, las consultoras prestarán asistencia técnica en procedimientos judiciales y arbitrajes en los que participe la Administración General del Estado.

La resolución consideró que el contrato sí recibió «oportuna publicidad» en el perfil del contratante y estimó que «no es posible recurrir la licitación como conjunto de actos sin identificar el acto concreto que está viciado y el vicio que se imputa».

Anpier emitió una nota en respuesta a esta resolución en la que criticó la «sorprendente inmediatez» y el «tiempo récord» con los que se pronunció el tribunal y anunció que recurrirá la decisión ante la Audiencia Nacional.

Frente a los argumentos del tribunal, la asociación consideró que el IDAE «no ha hecho pública la licitación precisamente para que nadie pudiera recurrir un acto concreto, permitiendo que la Administración licite y adjudique un contrato de 900.000 euros sin darle ninguna publicidad».

«Más sorprendente si cabe es que este tribunal, ahora, no considera a Anpier legitimada para presentar el recurso, pues no acredita que dicha licitación le vaya a causar algún perjuicio directo a sus asociados, cuando hace tan sólo un par de días esta misma instancia acordaba la suspensión cautelar de la licitación por los perjuicios irreparables que el mismo podría acarrearles a los recurrentes», argumenta.

Anpier criticó que no se haya entrado en el fondo de la cuestión y consideró que el tribunal realiza una «interpretación absolutamente restrictiva» no conforme a la doctrina del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, en la que se «amplía extensivamente la legitimación a cualquier perjudicado por la actuación Administrativa».

El presidente de Anpier, Miguel Ángel Martínez-Aroca, aseguró que el Ministerio de Industria es «diligente para defender los derechos de las grandes multinacionales de la energía, como demostró Soria en su defensa de la seguridad jurídica del Repsol en Argentina, pero displicente cuando se trata de garantizar la seguridad jurídica de 55.000 familias españolas en lo que creían su propia casa».