Guía II para entender la operación de sindicación Sacyr-Pemex en Repsol

Españolidad en un sector fuertemente liberalizado y globalizado.

Uno de los términos que se está tratando de agitar es el del nacionalismo económico al punto de que, de forma elíptica y falaz, se habla de que Repsol deje de ser «española» para pasar a las fauces mexicanas de Pemex, siendo el riesgo mayor el del desmembramiento de la misma. En todo caso, en pocos sectores como el de las petroleras, en el que Repsol es una compañía de tamaño mediano, existen unos niveles de globalización y liberalización tan evidentes, con compañías multinacionales y globales. En todo caso, por debajo de la batalla de la «españolidad» de Repsol están los intereses relativos al cambio de modelo estratégico.

Las instituciones: Gobierno, Ministerio de Industria y CNE se ponen de perfil en las primeras etapas

En lo institucional, por una parte, el Ministro de Industria, Miguel Sebastián, se encuentra entre dos aguas. Primero porque cuando estaba al frente de la Oficina Económica del Presidente del Gobierno era muy dado a favorecer operaciones de este tipo y, particularmente, a tratar de «linkar» las constructoras e inmobiliarias con la energía. Ahora con la responsabilidad como Ministro de Industria se ha limitado a pronunciar la palabra «españolidad» como se utilizaba en tiempos remotos el término «Españoleando». En sus últimos días al frente del Ministerio de Industria, están reapareciendo las componendas del pasado y la posición institucional de este departamento es casi testimonial. Que el río de las operaciones corporativas se lleve ahora a Repsol por esta vía puede ser un nuevo episodio de triste recuerdo futuro.

Por su parte, Repsol ha pedido a la CNE que estudie la operación por si es de aplicación la denominada función 14. La primera reacción desde la Comisión Nacional de Energía ante el conocimiento de esta operación fue excesivamente banal, casi de echarse a temblar al señalar que no había nada que analizar al no contar la empresa con actividades reguladas, de forma que hasta el ex Presidente del Gobierno, Felipe González, tachó de poco reflexiva la consideración de que no había problemas derivados de la función 14 a analizar por el regulador.
Que las relaciones de la anterior presidenta fueran muy estrechas con Antoni Brufau, presidente de Repsol, no quiere decir que se pueda solventar de forma tan poco meditada una cuestión tan compleja y más cuando sí puede afectar a una empresa con actividades reguladas como es el caso de Gas Natural Fenosa. Una primera recomendación que debe obtener el nuevo presidente es la complejidad de estos asuntos frente a la tendencia y/o tentación de resolverlos por la vía expedita.

¿Un problema de gobierno corporativo?

Seguramente quedan preguntas que afectan al gobierno corporativo, toda vez que la situación se desata a través del levantamiento de las limitaciones a los derechos de voto y blindajes. Así, la primera consecuencia de la normativa es la capacidad de una parte de los accionistas para hacer ejercer sus derechos sobre la propiedad de la compañía, sin necesidad de acudir a una OPA por el 100 por cien de la misma. La segunda consecuencia es si esa capacidad llega al extremo de actuar a largo plazo contra la propia empresa de la que es titular, de forma que pueda alterar su modelo estratégico y provocar, incluso, su desguace. Pregunta que también siempre subyace cuando se habla de los intereses de ACS y Florentino Pérez sobre Iberdrola, con un escenario de enormes parecidos en lo financiero.

Para ello, lean al gran escritor suizo, Max Frisch (Obras Completas, Editorial Aguilar), cuando se pregunta en uno de sus cuestionarios cuánto tiempo tiene que pasar para que, si uno compra una propiedad o un terreno, pase a estar legitimado para la tala de los árboles centenarios que están dentro de ella o bien que dicha tala haga feliz al adquirente.