Greenpeace pide ambición a Connie Hedegaard para reducir el consumo de petróleo en vehículos

Ante la revisión de la normativa europea en materia de emisiones de CO2 de los vehículos, la ONG ecologista pidió a Hedegaard «que sea exigente con la industria automovilística, que no ceda a sus presiones, y que plantee un objetivo de 80 gramos de CO2 por kilómetros (CO2/km) para turismos de cara a 2020. «La realidad ha demostrado que la industria puede reducir sus emisiones mucho más de lo que admitía cuando comenzó esta normativa», apostilló.

Por ello, Greenpeace solicitó que se establezcan nuevos objetivos para el año 2025 que permitan a la industria un plazo suficiente de tiempo para hacer cambios sustanciales en sus flotas. Estos objetivos no deberían superar los 60 gramos de CO2/km para los automóviles y los 100 gramos de CO2/km para las furgonetas.

La responsable de la campaña Cambio climático y Energía, Sara Pizzinato, explicó que «China, EEUU y Japón están haciendo coches cada vez más eficientes y el liderazgo tecnológico en este campo de Europa se está perdiendo». En este sentido, señaló que «para mejorar la competitividad de la industria, la Unión Europea no solo necesita fuertes objetivos para el año 2020, sino también para el año 2025».

«Esto hará que los coches eficientes salgan de los salones del automóvil para verse en las carreteras europeas ayudando a hacer realidad aquellas tecnologías necesarias para alcanzar un futuro libre de petróleo», añadió. Un estudio realizado por Greenpeace puso de manifiesto que estos objetivos implicarían que, para el año 2030, se podría reducir el consumo de petróleo europeo en un 8%, con un ahorro en importaciones de unos 42.000 millones de dólares.

Por otro lado, indicó que la Unión Europea «no necesitaría producir o importar petróleo de fuentes no convencionales como el que se extrae de aguas profundas». Esto implicaría que proyectos como el de los pozos de petróleo que amenaza Canarias no tendrían ninguna necesidad de llevarse a cabo si se aumentara la ambición de esta normativa, según concluyó la ONG.