Greenpeace considera que el pacto social traerá consigo la pérdida de «miles de empleos verdes» en las renovables

La organización ecologista ha pedido al Ejecutivo y los agentes sociales un modelo «100% renovable en 2050, con al menos un 50% de electricidad renovable en 2020». Asimismo, ha demandado a los firmantes del acuerdo un compromiso «ineludible» para aprobar durante esta legislatura las Leyes de Energías Renovables y de Ahorro y Eficiencia Energética, para lo cual los proyectos de ley correspondientes tendrían que presentarse en este mismo periodo de sesiones del parlamento.

En palabras de Carlos Bravo, responsable de Energía de Greenpeace, este acuerdo «margina» a las renovables a mantener «discretos porcentajes de participación en el mix, a pesar de su demostrado potencial y de sus ventajas medioambientales, económicas y laborales». «Es lamentable –ha añadido– la falta de compromiso a corto, medio y largo plazo de Gobierno, patronal y sindicatos con el empleo verde, el medio ambiente y la salud».

Además de pedir sumarse a la negociación del modelo energético, la organización ecologista ha reclamado al Ejecutivo que deje de hacer pactos a puerta cerrada e incluya a otros agentes sociales, entre ellos las ONG.

Igualmente, Greenpeace ha lamentado que se tome como punto de partida de la negociación el mix energético de referencia a 2020 de la Subcomisión de análisis de la estrategia energética española al considerar que sus conclusiones suponen condenar al sistema energético español «a la dependencia de las energías sucias cuando es viable que evolucione hacia un modelo 100% renovable».

«Pedimos a los sindicatos que apoyen sin titubeos las energías renovables porque son las que realmente dan empleo a gran escala, y se olviden de la energía nuclear y del carbón que, además de ser sucias y peligrosas, emplean a muchísimos menos trabajadores», ha concluido José Luis García Ortega, responsable de la campaña de Energía de Greenpeace.

Ecologistas en Acción critica el «mal pacto energético»

Por su parte, la organización Ecologistas en Acción ha calificado de «mal pacto social y energético» al que han llegado el Gobierno con las organizaciones CCOO, UGT y CEOE sin contar con las organizaciones ecologistas, por lo que consideran «malos los acuerdos».

La organización critica el punto de los asuntos energéticos, al considerar «sorprendente y preocupante» que en una negociación sobre pensiones y reforma laboral relativa al recorte de derechos, se introduzcan los asuntos energéticos. «Estos temas son de una gran complejidad e importancia y no pueden ser moneda de cambio», han insistido.

Para los ecologistas las filtraciones de que en la negociación cabría alargar la vida de las centrales nucleares o acordar la ubicación del Almacén Temporal Centralizado (ATC) es también «un tremendo error» porque, en su opinión «no se puede consensuar un recorte en las prestaciones de jubilación, a cambio de hipotecar más nuestro futuro permitiendo la generación de residuos radiactivos por más tiempo. Ambos son temas muy graves que deben tratarse de forma separada».

A este respecto, añade que es un «problema» que se haya mantenido a un lado a las organizaciones y las visiones ecologistas, ya que los temas energéticos están «íntimamente ligados a los límites del planeta en que habitamos».

En este sentido, Ecologistas en Acción recuerda que sus sus propuestas de generación energética son «maduras, técnicamente solventes y que abordan los tremendos problemas sociales y ambientales».

Asimismo, Ecologistas en Acción opina que el acuerdo entre el Gobierno y los sindicatos toma como marco de referencia la propuesta de mix energético para 2020 en la subcomisión del Congreso, un plan que califica de «poco ambicioso en cuanto a los objetivos de renovables» y que «sigue abusando» de los combustibles fósiles y las nucleares, además de que no contempla objetivos de reducción del consumo energético.

Por último, subraya que el acuerdo alcanzado adolece de iniciativas «claras» para reducir la movilidad motorizada o para una apuesta decidida por la movilidad sostenible y apoya las tecnologías de captura y almacenamiento de carbono que «no suponen una lucha real» contra el cambio climático y además, a su juicio, son un «importante desvío de fondos» fundamentales para la «imprescindible reconversión» económica hacia formatos bajos en carbono.