La gran industria y los grandes consumidores ya han percibido con fuerte preocupación los problemas que les acarrearía el Anteproyecto de Ley de Medidas Fiscales en Materia Medioambiental y Sostenibilidad Energética («el tasazo»), el mecanismo ideado por el Gobierno supuestamente para recuperar no se sabe cuánto déficit tarifario, ni tampoco con qué destino (vía tarifas de acceso, primas o déficit acumulado), a la vista de los Presupuestos Generales del Estado para 2013.

El hecho es que a las cuestiones directas que se derivan del encarecimiento del precio de la energía en el mercado para grandes consumidores e industria, se añade el vencimiento de los contratos bilaterales de suministro eléctrico de los que se beneficiaban los grandes consumidores y de la contención de costes, y que se suscribieron con Miguel Sebastián como ministro.

Se trata de una coincidencia fatídica para la reforma de José Manuel Soria y Cristóbal Montoro. Y, además, en estos momentos es una bomba de incalculables consecuencias para el Ejecutivo, que se está viendo superado por cómo la propuesta fiscal presentada crea problemas nuevos y agranda los existentes. El problema es que los efectos que se anticipan van más allá de lo que preveían los autores de la misma, dado que estas figuras impositivas alcanzan el tejido productivo en un momento especialmente delicado, con una crisis económica galopante, donde cualquier efecto sobre el empleo, la producción industrial y el sector exterior puede ser fatal. Y, lo que más preocupa entre los populares: tres procesos electorales autonómicos abiertos en Comunidades Autónomas con un tejido industrial muy importante.

Por su parte, la subida de la electricidad en la industria, con la tasa general del 6% a la generación y, adicionalmente, la doble imposición a nuclear e hidráulica, más la que se aplicaría a la cogeneración (una tecnología asociada a los procesos industriales, a la que se le aplicaría el impuesto general a la generación más el céntimo verde), impacta sobremanera y especialmente en los sectores productivos y en su competitividad.

De hecho, tal y como informaba ayer El Confidencial, es previsible que hoy un total de 15 sectores industriales hagan público un manifiesto en el que detallen las consecuencias negativas del impuesto lineal a la generación eléctrica más las otras figuras tributarias coincidentes. Por otra parte, se confirma la fuerte preocupación en el seno de la CEOE por esta cuestión. Así, el martes pasado se produjo una reunión de distintas asociaciones sectoriales para coordinar la posición ante esta reforma. Por su parte, el Gobierno habría encargado las negociaciones sobre el anteproyecto de ley de cara al proceso parlamentario a Miguel Ferré, secretario de Estado de Hacienda, en detrimento de una Secretaría de Estado de Energía cada vez más cuestionada e irrelevante. Una tarea dura e ímproba, dados los importantes defectos de la reforma y las consecuencias económicas que están evidenciándose y que, aunque no eran especialmente difíciles de anticipar, no fueron previstas por sus impulsores.

En esa clave hay que entender la visita del ministro de Industria, José Manuel Soria a Galicia con el problema del suministro de la empresa del sector de aluminio Alcoa, cuya amenaza de deslocalización ha preocupado enormemente a los populares gallegos con las elecciones de por medio. Para taponar la falta de previsión del Gobierno con el proyecto de ley en este aspecto, el ministro ha prometido, de forma imprecisa y en su línea habitual de corte «político», elaborar una propuesta para enero en la que se definiría la existencia de un nuevo régimen de suministro para los nuevos consumidores.

Por su parte, ayer también se conocía que la industria siderometalúrgica se habría mostrado favorable a hacerse cargo de la Central de Santa María de Garoña tras la venta o subasta de la misma, lo que sería un desenlace muy atrabiliario, derivado de la presión del Ejecutivo a las instalaciones nucleares, a la empresa titular y a las empresas eléctricas titulares de la misma, para la fijación de nuevos tributos a estas centrales, de forma que se inviabilizara económicamente su operación. La polémica, además, estaba servida porque el Gobierno no habría tenido en cuenta la información contable y financiera de las empresas titulares de las instalaciones, dando por buenos supuestos proporcionados por terceros vinculados a los colectivos retroprogresivos y a las empresas termosolares.

Además, de facto, esta propuesta iría en la línea de la constitución de un sistema independiente de suministro, algo que, por otra parte, no está previsto actualmente en la legislación española y abriría la espita de graves distorsiones y efectos, tanto a nivel europeo como del mercado ibérico. En la actualidad, no está previsto el autoconsumo eléctrico, por lo que según fuentes patronales implicaría que la energía generada se vendería en el mercado mayorista para ser adquirida por las industrias mediante contratos bilaterales de venta supuestamente a precios más bajos que en el mercado.

De atisbarse esta hipotética solución, se trataría de un fuerte contrasentido, además de una consecuencia imprevisible de un proceso llevado con fuerte impericia por el ministro al estimar que las razones y argumentos económicos se enfrentan a los comportamientos volitivos y deseos políticos y desataría una escalada de consecuencias económicas muy preocupantes. Las consecuencias de una forma disfuncional y política de abordar este problema, sin sentarse, sin negociacion, sin diálogo y sin conocimiento empiezan a generar problemas arborescentes.