Gas Natural Fenosa recurre ante el Tribunal Supremo los porcentajes de reparto del nuevo bono social

Gas Natural Fenosa, que ya había recurrido este reparto ante la Audiencia Nacional, como también hicieron Endesa e Iberdrola, se suma ahora a EDP España y a E.ON España en la estrategia de llevar el caso ante el Tribunal Supremo, que admitió a trámite el recurso, según publica el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Hasta la reforma de la Ley del Sector Eléctrico del año 2013 este coste (228 millones de euros en 2013), el coste del bono social lo asumían las cinco grandes eléctricas (Iberdrola, Endesa, Gas Natural Fenosa, EDP y E.ON), pero el pasado 21 de noviembre el Consejo de Ministros aprobó un real decreto que establecía que ahora también participan en el reparto todos los agentes verticalmente integrados, es decir, los que desarrollan simultáneamente actividades de generación, distribución y comercialización de electricidad.

De este modo, el nuevo esquema carga la financiación del bono social sobre un total de 27 empresas, si bien las cinco grandes eléctricas de Unesa, y especialmente Endesa, Iberdrola y Gas Natural Fenosa, deben asumir el 99% de este coste, que ronda los 200 millones de euros.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) determinará cada año qué porcentaje corresponde pagar a cada empresa en función de los suministros conectados a las redes de distribución y los clientes de sus comercializadoras.

El bono social, creado en 2009 como tarifa subvencionada para consumidores vulnerables, fue inicialmente financiado por las cinco grandes eléctricas a razón de unos 150 millones de euros al año, hasta que Iberdrola denunció este mecanismo por discriminatorio y logró que en 2012 el Tribunal Supremo le diese la razón.

Posteriormente, en noviembre de 2013, el Supremo dictó un auto en el que extendía a las cinco grandes eléctricas el derecho a que se les restituyese el dinero dedicado al bono social.

Al anularse esta fórmula de financiación restringida a cinco empresas, el Gobierno cargó de forma provisional a la tarifa eléctrica en 2013 el coste del bono social, mientras definía el nuevo mecanismo de financiación, en el que de nuevo son las eléctricas las que asumen el coste, aunque ahora a través de unos criterios que, en su redacción regulatoria, elimina los aspectos considerados discriminatorios.