Gas grisú en el carbón nacional

La situación del empresario Victorino Alonso, presidente de Carbunión, y a la vez de sus dos empresas mineras Uminsa y Coto Minero Cantábrica (CMC), que acaban de presentar preconcurso de acreedores por motivo de la denegación de ayudas al carbón, viene a añadirse a la situación episódica en la que se está moviendo la minería de carbón española desde hace mes y medio. Una situación, la del sector del carbón nacional, cuyo magnate principal es precisamente Victorino Alonso, un histórico y “heterodoxo” empresario, que comparte mesa en los Balances Energéticos anuales con secretarios de Estado y el resto de sectores energéticos.

La situación en el carbón nacional hoy está caracterizada por una acumulación de gas grisú que puede explosionar, como lo hace periódicamente. Y, por cierto, si explosiona esta vez, debería ser saludablemente, para que de una vez reviente una situación onerosamente irrespirable y que ha dejado tras de sí una sociedad clientelar, con comportamientos semejantes a los del chavismo, hoy de cuerpo presente.

A esta situación viene a añadirse la impugnación por parte de las empresas eléctricas de las condiciones que el Ministerio de Industria ha establecido para la compra obligatoria de carbón nacional con destino a la generación eléctrica a un precio determinado. Las empresas han solicitado cautelares a la Audiencia Nacional, dado que en las obligaciones que establece el Gobierno no se han contemplado el efecto de los impuestos a la generación y el céntimo verde establecidos en la Ley de Medidas Fiscales en Materia Medioambiental y Sostenibilidad Energética.

El Gobierno, por su parte, con el affaire del carbón nacional ahora en ciernes, ha tomado una postura inédita hasta el momento. Sobre todo, dada la condescendencia pasada con las prácticas que eran habituales en este sector, cuyas irregularidades son directamente de bochorno y vergüenza ajena. Se trata de una postura de fuerza consistente en la denegación de las ayudas a estas empresas, tras la inexplicable desaparición de 500.000 millones de toneladas de carbón, supuestamente aparcadas en el almacén estratégico de este mineral (por otra parte, este almacén una invención del Ejecutivo Zapatero para mantener la actividad de estas empresas con la coartada de la palabra “estratégico” ante la Unión Europea).

De hecho, la necesidad de mediciones de aéreas volumétricas no es nueva y las desapariciones masivas de mineral son periódicas y recurrentes, lo que nos podría indicar que estamos en Sicilia y no en Asturias. Por no hablar de la distribución de los fondos de los planes del carbón y ayudas a las cuencas mineras, un mecanismo de manguerazo e intereses colectivizados, opaco e irregular. Habrá que estar atento a la capacidad del Ejecutivo para mantener esta postura, este ya está bien totalmente justificado. Y, animarle a que lo haga.

Conscientes de la pulsión que suscita en las cuencas mineras cualquier medida relativa al disfuncional (por decirlo suavemente) sector del carbón nacional, estas posturas suelen entrañar un torrente de reacciones explosivas. La sensibilidad en las sociedades asturiana, palentina y leonesa, lleva a la connivencia de las administraciones autonómicas concernidas con las organizaciones sindicales, y sus representantes, hasta conformar un magma, un bloque vertical de defensa en torno a estas empresas hoy en preconcurso de acreedores, bajo la defensa de la actividad minera y su esquema protector distribuido, como reclamo.

A partir de ahora, ya se apunta, con una hoja de ruta conocida que se incendia y que se pone en marcha, cada vez que un Gobierno se mete a fondo e interrumpe el flujo monetario a estas empresas: suspensión de pago de nóminas, expediente de regulación de empleo, concurso de acreedores, incendio de neumáticos en las autopistas, trabajadores y sindicatos levantados y azuzados, enfrentamiento con la Guardia Civil, marcha minera al Ministerio y, todo ello, coreando “El abuelo Vitor” con la épica minera en procesión. Eso sí, silencio total, ley de la omertá y ni una palabra de las irregularidades flagrantes y bochornosas en un país europeo occidental.

Los tiempos han cambiado en lo que se refiere a la simpatía de los españoles ante estas demandas. El conocimiento del asunto turbio de la desaparición del carbón deja una sombra de corrupción alrededor del sector del carbón nacional. El generoso sistema de protección social directo a las personas físicas, los mineros del sector, también actúa como red. El mantenimiento de un sistema multisubvencionado y multisubsidiado contra viento y marea de la crisis llega a ser paradójico para los propios españoles, junto con su impacto en la generación de electricidad. La connivencia y sincronización empresarial-sindical es cada vez más inquietante. La justificación de este sistema de ayudas es cada vez más endeble, un reducto del pasado y, cada vez, la cuestión está más personificada en este empresario y sus empresas.

Por su parte, los españoles sufren la mayor crisis de su historia reciente. Más de seis millones de españoles están en el paro. Casi el 26% de la población activa. Los escándalos y la corrupción inundan la prensa y las preocupaciones de los españoles. Y, estas empresas y sus públicos relacionados se quieren encapsular y encadenar a estos mecanismos garantizados. Una combinación letal para que la hoja de ruta siga funcionando como en el pasado. Gas grisú.

Y es que, todo junto, es mucho.