Además, reclamó un pacto de Estado en el Congreso que fije los objetivos energéticos hasta 2035 y la eliminación de la Tarifa de Último Recurso (TUR), así como un nuevo mecanismo de incentivos fiscales para la inversión en «nuevas tecnologías».

Aparte de estas medidas, encaminadas a acabar con el déficit de tarifa, Funciva propuso un nuevo modelo de regulador, más transparencia de cara al ciudadano, precios reales de la energía y una legislación sintetizada como pasos para garantizar la seguridad jurídica y la estabilidad regulatoria.

La fundación también se mostró partidaria de revisar la estructura de peajes o apostar por tecnologías maduras con el objetivo de mejorar la eficiencia del mercado, así como de promover una planificación estratégica en el sector energético.

Aparte de la lucha contra el déficit de tarifa, la seguridad jurídica, la eficiencia del mercado y la planificación, identificó la incorporación planificada de nuevas tecnologías y la eficiencia energética como las principales prioridades del sector eléctrico.

El informe fue coordinado por el catedrático del Centro Politécnico Superior de la Universidad de Zaragoza y académico de la Real Academia de Ingeniería (RAI), César Dopazo, y contó con la participación de Eloy Álvarez Pelegry, Juan de la Cruz, Norberto Fueyo, Juan Luis López Cardenete, Conrado Navarro y Pedro Rivero como coautores.

Funciva también aludió a algunas de las principales amenazas energéticas nacionales, entre ellas la dependencia de importaciones energéticas del exterior, cercana al 80%.

Además, señaló a la mala legislación, a la regulación «errática, cambiante y reactiva para salir al paso de emergencias o problemas absurdamente generados», y a «unas actuaciones jurídicas cuestionables y causantes de diferentes niveles de inseguridad» como otros de los aspectos de preocupación.