Fuertes críticas desde las Comunidades Autónomas y de Greenpeace a la propuesta de decreto de energía solar fotovoltaica

Los autores del voto particular concluyen, en referencia a su posición contraria a la propuesta de Real Decreto, que el objetivo fundamental es conseguir una plena seguridad regulatoria, que implica el poder contar con un horizonte temporal que permita a la industria una planificación eficiente, para que al final no redunde en perjuicio de los consumidores. Señalan, asimismo, que los mecanismos que se fijan como “cuellos de botella” y aceleran el desarrollo de determinados proyectos, acaban encareciendo el coste de los proyectos y produciendo ineficiencias que repercuten en perjuicio de los consumidores y del sector energético español.

Los autores del mismo basan su posición con lo que han expresado las Comunidades Autónomas en el proceso de consulta de las mismas, previo al análisis del Real Decreto por el Consejo de Administración del organismo. Así, las posiciones contrarias a esta propuesta de Real Decreto, procedentes de los ejecutivos autónomos de la Región de Murcia, el Gobierno de La Rioja, la Generalitat Valenciana (gobernadas por el Partido Popular), la Xunta de Galicia (gobernada por el PSOE) y de la organización ecologista Greenpeace, que fueron expresadas en el marco de la convocatoria urgente al Consejo Consultivo de la Electricidad, son recogidas por el Vicepresidente Fernando Marti Scharfhausen y por el Consejero Javier Peón (ámbos designados a instancias en su momento del Partido Popular), en su voto particular que publicó la Comisión Nacional de Energía, junto al dictamen aprobado por la mayoría del Consejo el pasado 29 de julio.

Parte de estas críticas se centran en los límites que establece el Real Decreto, en la necesidad de articular una transición a las nuevas previsiones que establece la nueva normativa respecto a su esquema retributivo y en la necesidad de garantizar su estabilidad regulatoria, la planificación eficiente y el desarrollo del sector. Del mismo modo, se compara con otros mecanismos económicos soportados con la tarifa eléctrica, apuntando un trato discriminatorio a esta tecnología por el mero hecho de estar su modelo retributivo en revisión. Incluso, se apunta en estas alegaciones, la posibilidad de que esta industria acceda al mercado eléctrico, de forma que sólo se controle la evolución de la industria mediante la fijación de los incentivos económicos. Por tanto, conforme se vayan acercando a los precios del mercado, se irían reduciendo estos incentivos.

La Región de Murcia se expresa así “No podemos estar de acuerdo con una propuesta que, de forma tan drástica propone una diferenciación tan enorme entre unas instalaciones puestas en servicio en un momento, o bien unos días después. Aún dando por sentado la necesidad de unos hitos que marquen unas fechas fijas de culminación, lo que no se puede es mermar con una propuesta de Real Decreto solución de continuidad a un sector como el fotovoltaico de gran importancia a nivel nacional y con un importante desarrollo en la Región de Murcia, máxime en momentos de tensiones para el empleo y la actividad económica como los actuales.»

Por otra parte, el ejecutivo murciano, que se muestra contrario al Real Decreto tanto en sus valores retributivos, como de potencia instalable, señala que “la tarifa eléctrica ha venido soportando históricamente costes de diversos tipos como el carbón o la moratoria nuclear”. Y, señala como “la propuesta del Ministerio a proponer una limitación tan radical a la tecnología fotovoltaica por motivos estrictamente económicos”. Del mismo modo, denuncia la escasa atención que ha tenido esta tecnología de cara a la planificación de los sectores de gas y electricidad que habían solicitado las comunidades autónomas y cuya única respuesta ha sido la propuesta de Real Decreto.

Por su parte, el representante del Gobierno de La Rioja manifiesta lo precipitado que ha sido la elaboración de este Real Decreto y la escasez de tiempo para estudiar el contenido del mismo y señala que la propuesta supone “la quiebra de la planificación de los parques solares programados hasta la fecha, que dará lugar a un colapso repentino a las instalaciones que se están desarrollando”. Se muestra en términos muy duros “… la precipitación, la falta de rigor, de análisis, de consenso “con la forma de elaboración del mismo”, señalando que es “lesivo para el desarrollo económico y social de este sector industrial.

La Generalitat Valenciana se muestra contraria a los límites del Real Decreto que considera muy escasos, uno de los elementos trascendentales de la normativa propuesta desde el Ministerio de Industria. La Generalitat Valenciana también recoge en sus propuestas diversas cuestiones relativas al tratamiento de las instalaciones de Tipo I (techo) y Tipo II (suelo), sobre todo en los límites que se fijan para las instalaciones de Tipo I.

Greenpeace considera que el límite de instalación del decreto es una “forma arbitraria y poco efectiva de controlar el desarrollo de la fotovoltaica” y aboga por la existencia de un tercer tipo de instalación, no conectada a red, de la que serían titulares usuarios finales, señalando que éstos podrían ser beneficiarios del régimen especial. La organización ecologista pide que el control de la fotovoltaica se realice únicamente a través del incentivo económico y no mediante la potencia límite.

La Xunta de Galicia denuncia, en primer lugar que este Real Decreto acrecienta la compleja y dispersa normativa del sector eléctrico. En segundo lugar, considera que la revisión trimestral es un elemento contrario a la estabilidad retributiva, resultando un contrapeso de las expectativas de desarrollo del sector y de sus servicios vinculados. Del mismo modo apunta a que la diferencia retributiva entre las instalaciones de suelo y techo, no es lo suficientemente incentivador para esta últimas.

Por otra parte, según ha tenido acceso Energía Diario, otras Comunidades Autónomas, que vienen teniendo un fuerte desarrollo fotovoltaico reciente, ven con preocupación los límites a la industria fotovoltaica que recoge este Real Decreto, aunque no han expresado públicamente y de forma tan fehaciente su posición contraria a las posiciones de Industria.