Facua pide al usuario de bono social que no pase a mercado y cree que Industria quiere «cargarse» la ayuda

El portavoz de la asociación, Rubén Sánchez, salió al paso de las enmiendas presentadas por el PP al proyecto de ley de Consumidores y Usuarios, entre las que figura una obligación a las comercializadoras de electricidad de ofrecer a los consumidores más vulnerables precios fijos de la luz para un periodo determinado.

Facua recordó que los consumidores con bono social ya tienen un precio fijo, el de 2009, por lo que se preguntó si, con la enmienda, el Ministerio de Industria «está dando a entender que se está cargando» la ayuda.

La asociación, explicó Sánchez, señala que la diferencia de precios entre el mercado libre y el bono social es «brutal» y que «sólo un consumidor al que una eléctrica le engañe» sería capaz de abandonar la ayuda, aspecto que se da a su juicio en muchas ocasiones. «De los 1,6 millones de cambios al mercado libre, la inmensa mayoría corresponde a consumidores que lo hacen engañados», afirmó.

Por otro lado, que el precio de los consumidores vulnerables no fluctúe «no sirve para nada» cuando de fondo existe un problema de «oligopolio» y de precios «no competitivos». Los consumidores, señaló, necesitan protección frente a los mecanismos actuales de formación de precios, entre ellos el de la subasta eléctrica y la «especulación» que se genera a su alrededor.

Además, Sánchez se mostró «muy preocupado» por que el ministro de Economía, Luis de Guindos, asegurase que el precio de la electricidad lo marcará el mercado, ya que detrás de esa aseveración podría esconderse la intención de «acabar con la tarifa semirregulada». «El precio debería fijarse en función del coste real de la producción», afirmó.

Junto a esto, consideró que el aumento en el término fijo del recibo eléctrico es un «insulto a las familias», ya que el incremento en la potencia contratada sólo ha venido compensado con un recorte en la parte variable que no hace sino situarla en los niveles del pasado mes de agosto.

Asgeco denuncia la «ineficiencia» de la normativa

Por su parte, la Asociación General de Consumidores (Asgeco) denunció la «ineficiencia» de la próxima normativa de eficiencia energética, ya que existe «una profunda contradicción» entre este proyecto y el último aumento de la parte fija del recibo de la luz, «que establece en definitiva una verdadera ‘tarifa plana’ que sólo lleva a desalentar cualquier medida de ahorro o uso eficiente».

La asociación señaló que las únicas medidas «verdaderamente eficaces» para fomentar un sistema eficiente son la promoción del autoconsumo, la penalización al consumo excesivo y las ayudas directas a las medidas de ahorro, «todo lo contrario de lo que se propone».

Así, consideró que serían los consumidores domésticos los que tendrían, «una vez más», que pagar finalmente las principales medidas propuestas y que esta carga se impondría no sólo a los consumidores de manera individual, sino también doblemente a los que se han organizado en cooperativas para tomar las riendas de su consumo y desarrollar medidas reales de eficiencia y sostenibilidad.

De esta manera, Asgeco estimó que este futuro real decreto de trasposición en España de la Directiva Europea sobre eficiencia aprobada en 2011 es «un mero parche, inútil e ineficiente, además de contradictorio», con las últimas medidas tomadas por el Gobierno en materia energética, «que precisamente penalizan el ahorro energético».