Facua denuncia que el «hachazo» a las renovables fue un montaje que benefició a las grandes energéticas

Rubén Sánchez, portavoz de la asociación consideró «alarmante que el Ejecutivo muestre que su prioridad cuando legisla no son los intereses de los ciudadanos sino los de las principales empresas energéticas, casualmente las mismas en las que los miembros del Ejecutivo trabajan cuando dejan sus cargos por el mecanismo de puertas giratorias».

Según Facua, «con la excusa» de que la electricidad fuese más barata para los usuarios, algo que no ha ocurrido pese al recorte, Industria inició en 2013 una reforma eléctrica para cambiar el sistema de primas a las energías renovables.

Consideró «insultante» que el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, anunciase, cuando se presentó la reforma energética que eliminó los 3.000 millones de euros de financiación de las renovables en el 2014, que para la toma de la decisión se habían tenido en cuenta los informes de las consultoras, «que ahora, ante el Supremo, el Ministerio ha tenido que desmentir».

Para justificar un posible recorte en dicho sistema, Industria encargó dos informes a las consultoras Roland Berger y Boston Consulting Group con la idea de que estableciesen los estándares de costes de inversión y operación de las tecnologías del régimen especial.

La documentación que Industria presentó en el Tribunal Supremo, como parte de la tramitación de las denuncias presentadas por cientos de productores de renovables en contra de la reforma, demuestran que sólo se llevó a cabo un informe y tiene una fecha tres meses posterior a la que se publicó en el Boletín Oficial del Estado el decreto que contenía el recorte. Así, Facua consideró un «despropósito» que además los cálculos del informe indicaban un recorte menor en los ingresos de las instalaciones.

A su vez, Industria remitió al Alto Tribunal, como parte de la tramitación de las denuncias presentadas por cientos de productores de energías renovables en contra del decreto, el informe realizado por Roland Berger mientras que el segundo estudio, encargado a Boston Consulting Group, no se utilizó, y lo que el Gobierno indicó al Supremo es que el contrato con dicha empresa se rescindió por numerosos incumplimientos.

«Se vuelve a demostrar que el interés de este Gobierno es proteger a determinadas empresas por encima de los intereses de los ciudadanos«, ya que «los usuarios vuelven a verse perjudicados ante una situación que repercutirá tanto en el precio como en la calidad de un servicio básico como es el suministro eléctrico», concluyó.