Facua advierte de que el nuevo sistema del Gobierno para fijar las tarifas eléctricas es una «auténtica aberración» y vulnera la ley

El portavoz de la organización, Rubén Sánchez, explicó que el borrador de real decreto por el que se establece la metodología de los Precios Voluntarios para el Pequeño Consumidor (PVPC) y su régimen jurídico de contratación plantea que los usuarios no podrán conocer de antemano las tarifas que les aplicarán.

Así, el importe de cada kilovatio hora (kWh) consumido será distinto cada día o cada hora, según el tipo de contador que tengan instalados los consumidores. En este sentido, la asociación señaló que no pueden modificarse las tarifas de un servicio sin facilitar esta información previamente a los usuarios, de manera que puedan decidir si aceptan o no las nuevas condiciones.

Facua recordó que la información sobre el precio de un servicio antes de su contratación es un derecho esencial de los consumidores. Así lo recogen los artículos 20 y 60 del Real Decreto Legislativo 1/2007. Asimismo, el artículo 85.10 de la citada norma consideró abusivas «las cláusulas que prevean la estipulación del precio en el momento de la entrega del bien o servicio».

A su juicio, el nuevo sistema es una «aberración» que puede provocar un incremento exponencial de las reclamaciones y conlleva una opacidad que facilitará a las eléctricas nuevas subidas «injustificadas» de la luz.

Por todo esto, la organización recalcó que el hecho de que los consumidores puedan ser objeto de casi 1.500 tarifas distintas, una por cada hora del periodo bimestral de facturación, hará «infinitamente más opaco» el recibo de la luz y dificultará «de forma extrema» la posibilidad de verificar si se ha producido alguna irregularidad.

Asimismo, Facua recordó que el eléctrico se ha convertido en el tercer sector más denunciado por los consumidores españoles, tras las telecos y la banca.

Sánchez recordó que ya se opusieron al mecanismo de fijación de precios en el mercado mayorista diseñado por el Gobierno del PP a finales de los años 90, y que en la última década provocó subidas que alcanzan el 75% para el usuario medio.

Estas subidas se vieron agravadas por la subasta impuesta por el Ejecutivo del PSOE en 2009, que introdujo un plus de especulación en el sistema, según concluyó.