Extremadura triplicará el tipo impositivo a los productores de energía termonuclear
Así lo ha anunciado el consejero de Economía y Hacienda, Ángel Franco, durante la presentación de los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma para 2010, que ha aprovechado también para explicar las subidas de impuestos que se plantea la Junta para hacer frente a la caída de ingresos con motivo de la crisis.
Ha puntualizado que el Gobierno extremeño prevé un incremento de un 27,3 por ciento de los tributos, que se conseguirá, sobre todo, con el incremento de los tipos impositivos que gravan la producción y el transporte de la energía eléctrica, el llamado impuesto ecológico, y que se triplicará en el caso de la termonuclear.
El objetivo de esta medida, según ha explicado, es el de insistir en el planteamiento que desde hace años mantiene la Junta de que «no puede ser que Extremadura, siendo una de las principales productoras de energía eléctrica en este país, -produce el 7 por ciento y consume sólo el 1,5 por ciento- parte del beneficio asociado a esa producción no quede aquí».
Ese fue, ha recordado, el origen de ese impuesto, que «ahora reforzamos», como síntoma de que «no queremos salir de ese debate».
Ángel Franco ha precisado que doce sujetos pasivos son los afectados por este impuesto y sólo una empresa, de pequeña cuantía, tiene su domicilio social en Extremadura, que es la que aprovecha los saltos del Jerte para producir energía hidroeléctrica.
Esta subida impositiva, por tanto, ha recalcado, no afectará a los ciudadanos extremeños, además de denunciar que muchas empresas foráneas que operan en la región «están poniendo muchas trabas» a cambiar su domicilio fiscal a Extremadura.
En ese sentido, ha valorado la decisión de que las tres grandes compañías que gestionan Almaraz hayan decidido trasladar el domicilio social de la Agrupación de Interés Económico que constituyen a la región.
En el Proyecto de Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2010 aparece un crecimiento de 27,1 millones de euros por este concepto del impuesto ecológico, que, según el consejero, es el resultado neto de 40 millones de euros, compensado con una disminución de la devolución de lo recaudado hasta el año 2006 por esta misma tasa, tal y como determinó el Tribunal Constitucional.

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