Extremadura formulará recurso de inconstitucionalidad contra la reforma energética del Gobierno

Según anunció José Antonio Echávarri, consejero de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía de la comunidad, en virtud de dicha decisión su ejecutivo acometerá «en breve» los «pasos previos» para la articulación del citado recurso, «en defensa de los intereses de la región».

Además, en la línea de lo que ya anunció en su momento el Ejecutivo autonómico, avanzó que «en los próximos días» dicha administración formalizará un recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto-Ley 2/2013, de 1 de febrero de medidas urgentes en el sistema eléctrico y en el financiero.

Estas medidas serán planteadas por el Gobierno extremeño sumadas a los tres recursos de inconstitucionalidad que hasta la fecha ya formuló en la materia.

En concreto, Echávarri recordó que Extremadura ya formuló tres recursos de inconstitucionalidad contra el Real Decreto 14 del 2010 de medidas urgentes para la corrección del déficit de tarifa; contra el Real Decreto 1 de 2012 por el que se procede a la suspensión de los procedimientos de preasignación de retribución y a la suspensión de los incentivos económicos para nuevas instalaciones de energías renovables; y contra el Real Decreto 20 de 2012 de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad.

De este modo lo explicó el consejero en una comparecencia a petición propia sustanciada ante el Pleno del Parlamento extremeño para informar sobre la reforma energética estatal.

En su intervención, Echávarri insistió en que «no admite ninguna duda» que la reforma energética era «necesaria» en España, tanto por el «terrible» déficit tarifario del país en la materia, como porque «había que establecer un marco estable» del sistema eléctrico que garantizase, dijo, su estabilidad económica.

En cualquier caso, recalcó que el Gobierno extremeño entiende que la reforma articulada «no es la que necesita este país por muchas y varias razones». Así, afirmó que la misma se centra en resolver «un único problema», el de déficit de tarifa, pero «sin abordar la cuestión importante de la dependencia energética que el país tiene del exterior».

También criticó que la medida reformista se haya hecho «de manera unilateral, sin consenso y sin transparencia»; y añadió que además ésta supone «un ataque a la línea de flotación de la seguridad jurídica de las inversiones ya realizadas» e introduce medidas que «hipotecarán el desarrollo» de las renovables.

«Estamos de acuerdo con la necesidad de elaborar una reforma energética pero no con la reforma que ha aprobado el ministerio», aseveró Echávarri, quien ante esta situación recalcó que el Ejecutivo autonómico va a «seguir trabajando en la misma línea», y que en este sentido «va a seguir poniendo alternativas al Ministerio de Industria».

Tras recordar que Extremadura formuló 82 alegaciones a la reforma, añadió que el Gobierno regional ya propuso al ministerio establecer un régimen económico específico para biomasa, por ejemplo, y otro para proyectos de instalaciones de energía termosolar eléctrica de alta eficiencia energética, así como que solicitó la «colaboración» de Industria en la extensión de permisos para la puesta en marcha de proyectos solares fotovoltaicos de gran potencia que iban a mercado.

Por su parte, el diputado del PSOE, Antonio Rodríguez Osuna, indicó que su formación está «convencida» de que «es posible otra reforma energética», y avanzó que la misma presentará una propuesta de pronunciamiento en la cámara autonómica con medidas «concretas» en dicha materia.

Asimismo, insistió en que la reforma «deja muertos» a los extremeños, y solicitó al PP que defienda los «intereses» de la comunidad «por encima de los del partido». «Monago es tanto o más culpable que Rajoy de esta reforma», insistió el socialista, quien tachó de «un auténtico drama» para la comunidad la reforma energética nacional.

De este modo, como «consecuencias dramáticas» de la reforma energética para Extremadura el diputado del PSOE citó «los más de 3.000 empleos de trabajo directo que se pierden» y el «canon» de las instalaciones que, según dijo, deja de ingresarse. Además, señaló que «cierra» las posibilidades a nuevas asignaciones de renovables y que «el mazazo a la biomasa es total».

A su vez, el diputado del Grupo Popular, Juan Pedro Domínguez, defendió el recurso de inconstitucionalidad anunciado por el consejero contra la reforma energética nacional, y valoró el «trabajo» del Ejecutivo regional en «defensa» de los «intereses» de Extremadura.

Sentenció también que el déficit de tarifa «es una triste realidad a la que hay que poner coto de una vez por todas», y añadió que el mismo es «consecuencia» de una «nefasta gestión» del anterior Gobierno central del PSOE.

En cualquier caso, reprochó la «forma sin escuchar, sin tener en cuenta las aportaciones de las partes» en la que, según dijo, fue aprobada la reforma energética nacional, aunque insistió en que «no es el momento de pedir dimisiones» sino de buscar «un trato justo» para Extremadura, y tachó de «razonables» las «propuestas» planteadas por el Gobierno autonómica en la materia.

Por su parte, el portavoz de IU-Verdes-SIEX, Pedro Escobar, indicó que IU apoyará al Gobierno regional en su decisión de formular un recurso de inconstitucionalidad contra la reforma energética, aunque avanzó que su formación –ante la previsión de que el resultado final de dicho recurso se dilate en el tiempo– propone la «derogación directa» de la misma.

Escobar señaló no obstante que la reforma era «absolutamente necesaria», en tanto que es pertinente «equilibrar» el sistema eléctrico español con un carácter «público y controlado», así como «intentar» resolver el «caos» existente», según indicó, en la materia.

En cualquier caso, entendió también que «no» se ha abordado de forma adecuada la reforma «ni en el fondo ni en la forma», y mostró su confianza también en que la misma –que tachó de «monstruo»– tenga una «corta vida». En esta línea, ha considerado que la reforma «le hace la puñeta a la comunidad».

A su vez, la diputada del PREX-CREX, Fernanda Ávila, dijo que la reforma energética «deja a Extremadura y a las energías renovables más hundida todavía», e insistió en que con la misma «se está llevando a la ruina a la pequeña y mediana empresa y a muchos particulares de la región».

Asimismo, tras afirmar que el «peso» del presidente regional, José Antonio Monago, en Madrid en materia energética es «muy poco», pidió la dimisión «inmediata» del ministro Soria por una reforma que «no es la necesaria para el país» y «para la comunidad, menos», añadió.

Finalmente, para cerrar el debate, el consejero Echávarri señaló al PREX-CREX que en esta reforma «no le han hecho caso ni a Monago ni a ningún otro presidente autonómico», e insistió en que el Gobierno extremeño trabaja para «ofrecer alternativas».

Asimismo, agradeció a IU que apoye que el Gobierno regional formule un recurso de inconstitucionalidad contra una reforma «injusta».

De igual modo, al PSOE le indicó que la «culpa» del incremento del déficit tarifario es del Gobierno de Zapatero, y afirmó que a su juicio dicha formación «no puede dar lecciones» en este tema.