Extremadura estudia recurrir al Tribunal Constitucional el recorte de primas a las energías renovables

Como es preceptivo, el Consejo de Gobierno acordó solicitar un dictamen al Consejo Consultivo de Extremadura, según informó el consejero del ramo, José Antonio Echávarri.

Además de considerar inconstitucional el recorte de las primas, a su juicio, el real decreto vulnera el principio de «confianza legítima» porque introduce un «cambio radical contrario a las previsiones de ingresos de estas compañías».

Extremadura dio este paso después de que no se haya alcanzado ningún acuerdo en las relaciones bilaterales con el Estado, apuntó.

Echávarri subrayó que éste sería el cuarto recurso de inconstitucionalidad que presentaría el Ejecutivo extremeño en materia energética.

El titular de Agricultura, Medio Ambiente, Desarrollo Rural y Energía advirtió de que el Ejecutivo regional «no duda» en plantear recursos de inconstitucionalidad contra medidas de un gobierno de su mismo color político si vulneran algunos principios o son contrarios a los intereses de la comunidad.

Por otro lado, criticó la reforma eléctrica que aprobó el Consejo de Ministros el pasado viernes, aunque es necesaria, en su opinión, debido a la necesidad de atajar el déficit tarifaria de 28.000 millones de euros, 20.000 de ellos heredados de los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero.

Echávarri señaló que no se contó con la opinión de las comunidades autónomas, como la extremeña, que tiene unos intereses muy concretos en el sector de las energías renovables.

Además, no tuvo en cuenta la petición extremeña de un régimen especial para la biomasa, por su potencial, como alternativa para el empleo y porque ser la energía renovable que menos prima lleva, según Echávarri. Por el contrario, sí se estableció un régimen especial para Canarias y Baleares en materia fotovoltaica y solar, apuntó.

No obstante, como la reforma tiene mucho que desarrollar, indicó que tendrán que estar atentos porque «todavía queda tiempo del partido».

Anpier busca apoyo de CCAA para llevar al Constitucional la reforma

Por su parte, la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (Anpier) buscará apoyo entre los presidentes autonómicos para llevar al Tribunal Constitucional las normas de retribución de las energías renovables contenidas en la reforma energética, al considerar que causarán la quiebra a muchas plantas.

El presidente de Anpier, que agrupa a más de 4.200 socios y 320 MW de potencia solar fotovoltaica instalada, Miguel Ángel Martínez-Aroca criticó con dureza la actitud del secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, que ha «fulminado» toda la regulación sobre renovables sin consultar a los sectores afectados y sin pedir ningún tipo de datos.

«Ni en la peor dictadura se regula así», señaló Martínez-Aroca, que confía en lograr el apoyo de comunidades autónomas como Extremadura o Murcia, con presidentes del PP, para poder llevar las normativas que regulen el nuevo sistema de incentivos económicos de las energías renovables ante el Tribunal Constitucional.

«Vamos a pelear en todos los frentes: jurídicos, políticos y mediáticos», avanzó Martínez-Aroca a la espera de conocer los detalles de la normativa que modifica el actual sistema de primas.

Hasta el momento, el Gobierno señaló que estas instalaciones pasarán a recibir un incentivo, en función de sus costes de inversión, que les garantizará una «rentabilidad razonable» antes de impuestos en el entorno del 7,5 %.

«Se va a determinar, sin pedir datos a los propietarios y a posteriori, cuánto debimos de pagar por las instalaciones. No se van a tener en cuenta los costes financieros o de mantenimiento. Es un atropello jurídico que va destruir la inversión de miles de familias», cuestionó el presidente de Anpier, quién avanzó que este cambio de reglas del juego va a llevar a la quiebra automática a muchas plantas.