Expertos en ingeniería sísmica niegan que las posibles consecuencias del uso del fracking sean «tan negativas»

Este planteamiento que desvincula el fracking de la provocación de graves seísmos fue apuntada por los participantes de un seminario sobre Ingeniería Sísmica que se celebra en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y en el que intervinieron el jefe del Área Geofísica del Instituto Geográfico Nacional (IGN), José Manuel Martínez, y la catedrática de Teoría de Estructuras de la Universidad Politécnica de Madrid, Belén Benito.

Benito confirmó que el fracking «puede disparar sismicidad inducida, pero lo normal es que sean seísmos de magnitud muy pequeña que la población no aprecia». Sin embargo, esta catedrática matizó que «el problema es que, si hay fallas próximas, se puede disparar la falla produciendo seísmos mayores», lo que ve solucionado con «hacer estudios previos de la zona donde se va a hacer el sondeo«.

Por su parte, Martínez consideró más preocupantes otros elementos del fracking como «las inyecciones de ciertos elementos químicos, por la contaminación del suelo y los acuíferos». A este respecto, Benito reflexionó que «todas las fuentes de energía tienen un riesgo que hay que correr si queremos tener luz todos los días» y que «el fracking no tiene porqué ser más peligroso que las centrales nucleares».

En este seminario sobre Ingeniería Sísmica también se han abordado los seísmos y su casuística. En este sentido, el miembro del IGN explicó que «no se producen terremotos muy catastróficos en el mismo sitio, pero sí que se pueden repetir seísmos», aportando el dato de que en Lorca en 1674 ya hubo un terremoto «mucho mayor que el de 2011».

«Es cierto que en España nos falta educación sobre seísmos porque no estamos acostumbrados a que ocurran», apuntó Martínez. En referencia a los seísmos de baja intensidad relacionados con el almacén Castor en Castellón, comentó que «si esta misma circunstancia se produce en Japón, no hubiese tenido esa trascendencia mediática ni se hubiese vivido esa psicosis de miedo y alarma«.

Declaración institucional para las empresas

El presidente de Cantabria, Ignacio Diego, advirtió de que «ninguna evaluación de impacto ambiental puede garantizar la absoluta inocuidad del fracking en una comunidad autónoma como Cantabria», ya que comparó la región con «un queso gruyere» ya que su subsuelo tiene miles de cavidades conectadas muchas de ellas entre sí y algunas que se extienden a lo largo de más de 100 kilómetros. Así se expresó Diego en la inauguración del curso Evaluación ambiental de los proyectos de fracking en España que se celebra en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.

El presidente regional volvió a mostrar su oposición al fracking en Cantabria, cometido que ahora pretende realizar en colaboración con los ayuntamientos de la región después de que la Ley cántabra contra el fracking haya sido declarada inconstitucional. En este sentido, Diego se refirió a la declaración institucional contra el fracking firmada el pasado jueves por el Ejecutivo regional y más de 90 de los 102 ayuntamientos de Cantabria, un acuerdo que, según indicó, ya se trasladó al Gobierno del Estado y se remitirá también a las empresas que tienen intención de utilizar esta técnica en Cantabria para que conozcan «el sentir» de los cántabros.

Prohibir la práctica de la fractura hidráulica en Cantabria fue una decisión que, según Ignacio Diego, respondía al deseo mayoritario de los ciudadanos mientras que desde el Ejecutivo autonómico «no quisimos mirar hacia otro sitio, sino afrontar el problema con todas las consecuencias que ello conlleva». En este punto, el presidente regional expresó su «respeto» a la sentencia del Tribunal Constitucional que anuló esta Ley, pero aseguró que el Gobierno regional «sigue opinando igual» y continuará oponiéndose a esta técnica «apoyándose en la Ley del Suelo de Cantabria», herramienta que conjugará con Planes Generales de Ordenación Urbana de los 102 ayuntamientos para impedir el uso del fracking en la región.

Respecto a la política del PP a nivel nacional, principal fuerza impulsora del fracking, Ignacio Diego indicó que «comparte» la política nacional al respecto debido a que «tiene a reducir en los posible la dependencia energética de España» y en «buscar aprovisionamientos energéticos que sean lo menos costosos posibles y que hagan de España una nación más competitiva». Por ello, el presidente de Cantabria consideró que las políticas impulsadas por el Gobierno del Estado para alcanzar este objetivo de buscar la «mayor independencia energética» son «siempre acertadas y muy respetables«.