Estrategias de distracción masiva

Estamos asistiendo al siguiente episodio, tras el encontronazo en el seno del Ejecutivo a cuenta de la reforma energética entre el Ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y el Ministro de Industria, José Manuel Soria. Recordemos que Montoro se irrogó la capacidad de fijación de impuestos y de creación de objetos tributarios, cualquiera que sea el Ministerio o área del Gobierno a quien afecte (en este caso, la generación de electricidad), incluso de forma obstruccionista. Mientras, por su parte, Soria reivindicó la competencia de su departamento en la definición de la política energética y la necesidad de que esta se incardine en la política económica.

Ahora ya ha pasado a un segundo plano la discusión acerca de lo básico, la naturaleza del déficit tarifario y de los costes que lo integran y lo acrecientan, para desplegarse en el terreno fatal de la política politizada. En esta segunda parte, también desplegada en los medios de comunicación, se trata de desviar la atención sobre la grave descoordinación existente en el Ejecutivo y de la agria polémica que ha sacudido al Gobierno merced a este cruce de declaraciones, que ha sacado a la luz el funcionamiento autónomo del equipo que preside Mariano Rajoy.

En realidad, para intentar minimizar los daños y atenuar las influencias alrededor del ministro jienense, se trata de cultivar un excipiente en el que todos los gatos son pardos y así hacer defensa de Cristóbal Montoro, fuertemente señalado por sus relaciones con la empresa Abengoa a través de su despacho de relaciones institucionales que fundó mientras era responsable económico en el Parlamento del Partido Popular en las anteriores legislaturas, Equipo Económico (Montoro y Asociados) y de su exsocio Ricardo Martínez Rico, que además es hermano también de su actual jefe de Gabinete, Felipe Martínez Rico. Una defensa así construida se formula en términos de menesterosidad.

En esa defensa de Montoro, la táctica, en este grave problema económico y energético del déficit tarifario, consiste en definir la acción del Gobierno como una mera gestión de intereses entre distintas empresas y sectores. Y en ese excipiente, todo vale, todo está permitido y todas las respuestas son posibles, porque se trata de una confrontación, y ha de derivar en una decisión sin más trascendencia que la actuación volitiva del Gobierno eligiendo quiénes son beneficiarios y quiénes perjudicados.

Bajo este prisma, cualquier decisión sólo se mide, por tanto, por a quién beneficia y a quién perjudica y, en cosecuencia, por quiénes pueden iniciar un proceso de reclamación en las instancias jurídicas por sus efectos. En ese espacio, por tanto, no cabe plantearse cuál debe ser la política energética, el modelo de mercado, el modelo de suministro eléctrico y el coste que finalmente sufragan ciudadanos, consumidores y empresas por todos los conceptos y por las diferentes vías. El puro reduccionismo del problema a este enfoque causa bochorno por la pérdida de referencias y de perspectiva para abordarlo con sentido de proyecto conjunto de sociedad en el actual marco económico y financiero de nuestro país. Y, en esa trampa falaz es en la que se tratan de disolver y hacer opacos la naturaleza de la cuestión y el origen del crecimiento de los costes regulados.

Pero, en realidad, de lo que se trata es de expandir una cortina de humo bajo diversas formas y diversos argumentos. Uno de ellos, es el hecho de enumerar los ex altos cargos o políticos que están en Consejos de Administración de empresas relacionadas con la energía haciendo equivalente su presencia a las relaciones pasadas de quien invoca la capacidad de creación de figuras fiscales, siendo éste el principal instrumento de la reforma. En la misma línea, podemos incluir la difusión estos días de que unas empresas u otras están aproximándose a algunos altos cargos del Gobierno (Álvaro Nadal), la advertencia de Mario Monti o las aproximaciones de un signo u otro, al propio Presidente. Del mismo modo, expresadas en términos de presiones o tomas de partido, se pueden incluir todas las admoniciones de un signo y de otro por parte de la Comisión Europea respecto del mercado eléctrico y los modelos de afectación de las primas a las renovables. O de la preocupación de las autoridades americanas por las inversiones financieras en instalaciones fotovoltaicas. Es el mismo guión, el mismo cliché el que se despliega como modelo justificativo: la conjugación de intereses y acciones. Es un puzzle difícil, pero sin modelo de suministro y de mercado eléctrico se hace más complejo, evidentemente.

Otra de las estrategias, coadyuvada con la anterior, en la táctica de la expansión de la tinta del calamar, es la utilización de los tópicos y de un lenguaje frentista casi forofista basado en visiones pseudopolíticas, burdas y demagógicas gracias a los tópicos, léase, una supuesta entente: «empresas tradicionales» o «grandes eléctricas» frente al lobby renovable termosolar/fotovoltaico (dado que el sector eólico ha salido también mal parado de la propuesta conocida).

Atengámonos a los hechos. En realidad, en el asunto de la reforma energética, hasta la presentación de la propuesta del Ministerio de Hacienda, la única participación relevante e influyente ha sido la del sector termosolar y su empresa más destacada, recogiendo los postulados retroprogresivos que el ministro (y asociados) ya defendían, casualmente, en su etapa en la oposición. ¿Cómo es posible que la propuesta presentada reproduzca los supuestos retroprogresivos respecto a las tecnologías nuclear e hidráulica (no amortización, no inversión en mantenimiento, etc…) calcando sus estimaciones aventuradas, sin siquiera utilizar la contabilidad financiera? La grosera exposición del «todos son iguales» se califica por sí misma.

Pero es más: con todo esto, el Gobierno ha puesto en bandeja de plata al Partido Socialista, gracias al emponzoñamiento estéril de la reforma energética, un poderoso ariete frente a un ministro de Hacienda cada vez más débil, hermético, cuestionado y encastillado con una visión política meramente construida sin modelo, solo sobre la base de la gestión de intereses, es decir, de la política politizada.

Quizá lo peor es que nos hayamos acostumbrado a ello y que, hasta en los medios de comunicación, parezca normal lo que es disfuncional: afrontar un problema económico, energético y del modelo de suministro eléctrico de este país con una perspectiva de meros intereses y de partidismo acerado. En todo caso, no perdamos de vista, con el humo o la dilución de la tinta del calamar, el papel del ministro de Hacienda en todo y la fuerte contestación interna en su propio partido derivada de su relación pasada con los negocios. Y, todo ello, combinado con todos los factores que ya influyen en su porvenir.