Parece que, ahora sí, estamos en la fase final del proceso de negociación para resolver el problema del déficit tarifario, figura anómala, absurdamente tolerada, auspiciada e insuflada por políticas tarifarias alegres en momento de bonanza económica, en la concepción de que la energía para un país que no tiene fuentes propias debe ser el último reducto de la intervención del Estado y que la subida de los precios internacionales y de las materias primas, trasladada de forma eficiente a nuestro mercado, no va con nosotros. Ilógica económica, oportunidad política o procedimiento del avestruz, ese es el pasado del problema y en este problema han ido conchabados un número importante de Administraciones y reguladores “independientes” hasta el momento, de forma que la patata caliente ha caído en el actual Ministerio de Industria, por mor de que ya no eran posibles tampoco nuevas estrategias de escapismo. Estamos por ello ante un hito que merece mucha atención.

Llegados a un punto en que su cifra y su financiación era imposible e insostenible por muchos motivos, las consecuencias para las empresas y para el sector eran inimaginables en cualquier sociedad democrática avanzada, se hacía necesario el resolver esta cuestión y no se podía hacer, como era la pretensión del sector más retroprogresivo de la energía, por la vía de la expropiación, por mucha demagogia y buenismo político expresado en: las empresas son malas malísimas, pobres ciudadanos que consumen electricidad y sube, menor eficiencia energética por una política de precios energéticos falaz, etc…

Hay que reconocer que este pacto (que se anuncia para un período de 3-4 años) era muy costoso de conseguir, en la medida en que los flecos eran muy importantes, la transición de determinados usuarios hacia tarifas y contratos libres; pero también el momento en términos de precios energéticos y caída de precios de las materias primas era para no desaprovecharla. Parece que, al final, ha sido posible la alineación pese a las presiones y “hoolingans” contrarios a este acuerdo, teniendo en cuenta que se han empleado a fondo para evitarlo.

Hagamos un análisis por piezas, actores y argumento. En primer lugar, el proscenio: en el macroescenario, fuertes presiones para cuestionar el marco legal actual y la liberalización del sector (aunque es el modelo que propulsa con claridad la Unión Europea), una cierta nostalgia y revisionismo de algunos sectores hacia el marco legal estable y el cuestionamiento del mercado eléctrico, en definitiva, debates paralelos lanzados en paralelo. Por otra parte, dificultad de financiación de esta deuda sin el aval del Estado, medidas recientes en el ámbito regulatorio que habían “embarrado” el terreno de juego, judicializado el sector, desordenado el marco regulatorio, reducido la seguridad jurídica, empeorado las cuentas y los balances de las empresas, puesto en peligro la inversión futura, producido la pérdida de credibilidad del sector energético y de las calificaciones de solvencia por las entidades de rating y riesgo, etc….

De este acuerdo todavía no se conoce la expresión concreta en términos de cifras y montante económico y la materialización de las distintas partidas y conceptos (pasados y futuros). Sobre todo porque, como se ha podido saber, no se ha dispuesto de ningún documento al respecto que recogiera las propuestas. Será necesario, en todo caso, conocer de forma más concreta el alcance del mismo, aunque en todo momento la rebaja que el Estado ha conseguido ha sido muy importante, así como también la asunción de partidas de los costes asociados por parte del sector (bono social, gestión de residuos nucleares, subvenciones del carbón).

Los hooligans han estado empeñados en sabotear el acuerdo sobre la base de filtraciones e influencia en determinados círculos de Moncloa, donde estaban apostados. Cada vez que se limaban los problemas en la negociación o con el Ministerio de Economía a efectos de los avales para su financiación, se producía una filtración que dinamitaba su travesía a buen puerto. Ayer mismo, pudimos comprobar probablemente uno de los últimos intentos: cómo la cuestión de los derechos de emisión de las eléctricas volvía a reverberar, presentándose como moneda de cambio y como que son “ingresos extras”, cuando su naturaleza en el pasado ha sido de entrega gratuita a las empresas, pese a que en el futuro parece que se subastarán (para todos los sectores incluidos en el Plan Nacional de Asignaciones estos últimos años). Hoy, por ejemplo, se filtran dos cartas remitidas a la CNE por Iberdrola y Endesa, enviadas por las empresas durante el proceso de negociación y sus respectivos fracasos.

También es necesario tener en cuenta el postacuerdo: tiene que consistir en un movimiento conducente a aumentar la seguridad jurídica, la estabilidad regulatoria y normalización del sector eléctrico y sus subsectores, evitando prácticas regulatorias recientes que no son sanas ni para la economía española, ni para el sector y ni siquiera, con la concepción más paternalista o intervencionista que se precie, para los consumidores.

Por eso, parece que ahora la cosa va en serio. La noticia, a falta de su concreción, es buena y se puede calificar de histórica. Y está pasando. Lo estás viendo.