¿Está explorando el Ministerio de Industria formas de abordar el déficit tarifario sin sentarse con el sector?, ¿o se ocupa Moncloa?

De hecho, el cruce de acontecimientos proporciona elementos contradictorios para el entendimiento de la situación actual. Primero, la sentencia del Tribunal Supremo ha sentado como un jarro de agua fría en el Ministerio de Industria, en la medida en que ha hecho inminente la necesidad de adecuar los precios de la electricidad a la realidad, al menos en un trimestre.

Segundo, el hecho de que se hayan paralizado las emisiones para la titulización del déficit, fruto de la detención de la Comisión Interministerial que da vía libre a las emisiones que efectúa TdA a través del FADE, tras la última certificación efectuada por la CNE ‘in extremis’ de 7.000 millones de euros el pasado 1 de marzo. Dicha parada se interpreta por los más radicales como un aviso de quita, y por los más realistas como una fórmula de coacción.

Tercero, el Gobierno, por boca de múltiples portavoces, se ha lanzado intensamente a asegurar a través de diversas declaraciones que el problema del déficit tarifario no recaerá exclusivamente en los consumidores. Y, en cuarto lugar, hasta el propio Mariano Rajoy ha salido, con sus formas más arrebatadoras y desinhibidas (temerarias para lo que es él, hombre moderado y ponderado), a ponerse enfrente de un supuesto «lobby» empresarial en términos de «dignidad» política.

El señor Rajoy tiene que tener cuidado con el señor Nadal, porque si aparece ese «talante», hasta ahora desconocido en el pontevedrés, a lo mejor significa que está muy mal ayudado en las bandas. Parafraseemos su subtexto: «¿Cómo puede ser que ahora quieran cobrar o titulizar lo que nos hemos gastado y que hasta el momento nos están financiando?» ¿No suena a la forma de defenderse del requerimiento de una deuda que se hace a un moroso que apela a la dignidad?.

En todo caso, merece una reseña aparte la tentación de crear un relato dialectico y épico en torno al problema del déficit tarifario, en términos de gobierno frente a empresas (eléctricas o petroleras, como ayer trataba de articular sorprendentemente Expansión), cuyo desenlace necesariamente no será positivo, sino todo lo contrario, aunque se pretenda escudriñar en términos demagógicos o demoscópicos. Negar la naturaleza política en el origen del déficit generado y ponerlo en términos de reclamación de intereses del «pérfido» mundo empresarial no es el mejor aliento para la nueva Ley de Emprendedores.

A la vez, y siguiendo con el relato, Soria tuvo que salir al paso con unas declaraciones tranquilizadoras que negaban la posibilidad de una «quita» en la deuda eléctrica. Posibilidad recurrente que aparece con cierta frecuencia, ante cualquier contrariedad, como hemos visto, y para la cual el Ministerio debería articular una propuesta consistente, antes de que se adelante la Oficina Económica del Presidente, sita en Moncloa.

Para ello, hay que atender al mapa de coordenadas políticas que el ministro tiene encima de la mesa en torno a este tema. En primer lugar, la necesidad de asideras para justificar las subidas de tarifa (y aquí, los jueces le han dado un balón de oxígeno) por un lado, y segundo, argumentos para justificar medidas coactivas/fiscales contra las empresas eléctricas, aunque hasta el momento hayan sido las financiadoras del déficit tarifario, a favor de otros agentes y operadoras. De hecho, el Ministerio trata de compensar esta subida de la electricidad con alguna medida que recaiga en las empresas.

En este negociado, el Ministerio ha tenido muy poca ayuda por parte de la Comisión Nacional de Energía, cuyo informe ha supuesto un varapalo considerable para el Gobierno, y de ahí el esfuerzo en demediarlo, con todos sus defectos formales y materiales.

La tercera coordenada está en las relaciones con las otras áreas del Ejecutivo. Seguramente, el ministro está esperando ver qué eventual encaje tienen en los Presupuestos Generales del Estado algunos de los capítulos que actualmente absorbe la tarifa en términos de costes impropios, de cara a preparar las medidas a incorporar en los esperados e inminentes reales decretos leyes.

Presumiblemente, y según todos los indicios, el Ejecutivo está tratando de explorar las vías económicas o jurídicas para abordar el problema del déficit tarifario, incluyendo reformar en parte la regulación energética. ¿Esto se traduce en que el Ejecutivo puede estar explorando vías para abordar el problema del déficit tarifario sin contar con los agentes y los operadores?

Pero en todo caso, son tiempos de turbulencias, que deberían resolverse, dado el volumen del problema, de sus consecuencias internacionales (nos están mirando muy atentamente), financieras, económicas, de credibilidad institucional, de estabilidad regulatoria, inversora y de seguridad jurídica, por vías basadas en la negociación, el diálogo y la gestión.