España trabajará intensamente por el clima tras el fracaso de Copenhague

A partir del 1 de enero y hasta el 30 de junio de 2010, España asumirá la responsabilidad de reestructurar la estrategia de negociación comunitaria para lograr que otros países adquieran compromisos serios en la lucha contra el cambio climático.

Perdido el tren de Copenhague, España quiere reanudar los trabajos con rapidez y ya ha convocado una reunión informal de ministros de Medio Ambiente en Sevilla del 14 al 17 de enero y otras dos formales para el 15 de marzo (en Bruselas) y el 21 de junio (en Luxemburgo).

De momento, a escala internacional hay previstos dos encuentros en el seno de Naciones Unidas: la cumbre de México en noviembre y una reunión técnica preparatoria en Bonn (Alemania) en junio.

Los líderes europeos aprobaron hace ahora un año un complejo conjunto de medidas energéticas y ambientales para 2020, entre las que figura una oferta de reducción de emisiones del 20 por ciento con respecto a los niveles de 1990 y el compromiso de que el 20 por ciento de la energía que consume la Unión Europea proceda de fuentes renovables.

Ahora la Unión Europea tendrá que avanzar hacia el cumplimiento de esas medidas y en paralelo cumplir los objetivos que fijó el Protocolo de Kioto.

Según este acuerdo, que suscribieron 37 países en 1997, la Unión Europea debe reducir sus emisiones un 8 por ciento para 2012.

España, por su parte, tiene un margen de aumento de sus niveles de CO2 de hasta el 15 por ciento, pero -según los últimos datos oficiales disponibles, de 2007- sus emisiones continúan en el 52,6 por ciento, lejos de alcanzar el objetivo de Kioto.

Sin embargo, esta situación se ve en cierta medida compensada por la buena posición que ocupa España en Europa en relación a las energías renovables, el segundo puesto tras Alemania.

Todos los miembros de la Unión Europea deberán en cualquier caso seguir esforzándose para hacer sus economías más eficientes y «verdes» si quieren evitar, como se ha acordado en Copenhague, que la temperatura del planeta exceda los dos grados centígrados y el calentamiento global tenga consecuencias realmente peligrosas.

Fuentes comunitarias aclaran que la Unión Europea no descarta elevar su compromiso de recorte de CO2 del 20 al 30 por ciento si otros países realizan un esfuerzo equivalente, como ofreció para Copenhague, pero recalcan que de momento siguen sin darse las condiciones apropiadas para elevar el grado de ambición.

La declaración de intenciones sellada en esta cumbre ha sido duramente criticada por su carácter no vinculante, su falta de ambición y su lenguaje general y ambiguo. Los 192 países que asistieron a la cita de la capital danesa fueron incapaces de ir más allá del mero reconocimiento del objetivo de los dos grados centígrados.

Aún así la declaración fue considerada ilegítima por países como Venezuela, Nicaragua, Cuba, Bolivia y Sudán, descontentos con la manera en la que Estados Unidos, China, India, Sudáfrica y Brasil cerraron el acuerdo sin contar con los demás.

En materia de reducción de emisiones, lo único que aparece en el texto final es una tabla en blanco que la ONU confía en completar antes del próximo 31 de enero con ofertas concretas de los países, una vez que el Senado de Estados Unidos se haya pronunciado sobre la oferta de recorte del 17% en relación a 2005 (un 4% en comparación a 1990).

El principal logro de Copenhague es la creación de un fondo de financiación anticipada (2010-2012) de 30.000 millones de dólares para ayudar a países en desarrollo a combatir el calentamiento global y otro que tendrá que haber llegado a los 100.000 millones de dólares anuales en 2020.

No obstante, el acuerdo final sólo detalla que la financiación provendrá de fuentes privadas y públicas sin especificar cuánto aportará cada país.

La Unión Europea se comprometió en la última reunión de jefes de Estado y de Gobierno de los Veintisiete a conceder 7.200 millones al fondo inicial y en ocasiones anteriores había señalado que para la financiación a largo plazo contribuiría de manera justa sin más detalles.

Tras el inesperado parón de Copenhague, quedan muchos puntos por resolver, como si la Unión Europea adoptará medidas internas para reducir las emisiones de la aviación y el transporte marítimo a pesar de que a escala internacional no haya triunfado la idea de pedir a estos sectores recortes en 2020 del 10% y el 20%, respectivamente, con respecto a los niveles de 2005.

También está por ver si la poca ambición demostrada por otros países reaviva los comportamientos proteccionistas en la Unión Europea, como la idea francesa de aplicar aranceles en las fronteras comunitarias a productos como los energéticos a fin de evitar la desventaja competitiva y desmotivar el traslado de las fábricas europeas al exterior.