España no ha contestado a Bruselas sobre la retirada de los requisitos a Enel y Acciona

El plazo dado por la Comisión Europea al Gobierno español para retirar las condiciones «ilegales» impuestas a la opa de Enel y Acciona sobre Endesa terminó sin respuesta de Madrid, indicó el portavoz comunitario de Competencia, Jonathan Todd.

Fuentes diplomáticas españolas también confirmaron que no ha habido contestación al «dictamen motivado» -segundo paso del procedimiento de infracción comunitario, previo a la denuncia ante el Tribunal de Justicia de la UE- remitido por Bruselas.

«Vamos a esperar y si se confirma que no hay respuesta» decidiremos sobre los próximos pasos, señaló el portavoz de la Comisión, quien dejó claro que en ningún caso se tomará una decisión inmediata.

El ejecutivo comunitario determinó en diciembre del año pasado que varios de los requisitos fijados por las autoridades españolas para dar vía libre a la opa de Enel y Acciona eran incompatibles con la legislación comunitaria.

Bruselas autorizó la operación en julio de 2007 y, tras notificarle las compañías varios cambios en la misma -en concreto, sobre los activos de Endesa que transferirán a la alemana E.ON- volvió a darle su visto bueno sin ninguna condición.

La Comisión considera que, al imponer condiciones a una fusión de dimensión comunitaria, el Gobierno español no respetó la competencia exclusiva de la Comisión en este tipo de operaciones.

Entre las medidas que considera ilegales figuran: mantener Endesa como compañía independiente, incluida la marca, y sus centros de decisión en España; limitar la política de distribución de dividendos, así como el coeficiente de servicio de la deuda de Endesa; obligar a la adquisición de carbón nacional para sus centros de generación y conservar dentro del grupo Endesa los activos no peninsulares.

Según Bruselas, estas condiciones vulneran los principios comunitarios de libre circulación de capital y mercancías, así como el de libertad de establecimiento.

El Gobierno español argumenta que, con sus restricciones, similares a las que impuso a la opa anterior de E.ON sobre Endesa, su único objetivo es garantizar la seguridad energética nacional.