España defiende el jueves en el Tribunal de la Unión Europea la ampliación de la función 14 de la CNE por motivos de seguridad energética

La disputa entre Madrid y Bruselas por la injerencia en las opas de E.ON, primero, y Enel y Acciona, después, sobre Endesa vuelve el jueves al Tribunal de Justicia de la UE, ante el que el Gobierno español defenderá su derecho a actuar para garantizar la seguridad energética nacional.

La corte con sede en Luxemburgo celebra una vista sobre la denuncia de la Comisión Europea por la ampliación de los poderes de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) que permitió a este organismo regulador pronunciarse sobre las citadas operaciones e imponerles condiciones.

En mayo de 2006, Madrid aprobó de urgencia, tras conocer las intenciones de la alemana E.ON de hacerse con Endesa, un decreto para extender las competencias de la CNE.

Según la nueva regulación, que desencadenó una larga batalla con las autoridades comunitarias en torno a la pugna por Endesa, para adquirir una participación significativa (de más del 10% o que conceda capacidad de decisión) en empresas que operan en mercados regulados, será necesaria la autorización previa de la CNE.

Bruselas abrió expediente a España y acabó denunciándole ante el Tribunal de la UE, al considerar que la normativa supone una restricción injustificada a los principios comunitarios de libre circulación de capitales y libertad de establecimiento. La Comisión teme que el mecanismo de autorización previa resulte disuasorio para las inversiones de otros Estados miembros.

Pero el Gobierno español insiste en que las nuevas facultades de la CNE, igual que las condiciones que ésta impuso a las sucesivas opas sobre Endesa, respetan la legislación comunitaria y recalca que su objetivo es evitar riesgos para el suministro energético.

Sin embargo, el ejecutivo de la UE rechaza de plano este argumento. Así, aduce que la ampliación de competencias de la CNE no es la medida adecuada para asegurar el aprovisionamiento e incide en que existen «otros medios» para ello. Considera, además, que resulta «desproporcionada» y denuncia que las facultades de la CNE no están sometidas a criterios objetivos y suficientemente precisos, susceptibles de ser cuestionados ante los tribunales.

En la vista del jueves, los representantes legales de España y la Comisión Europea expondrán sus puntos de vista y responderán a las preguntas de los jueces, cuyo pronunciamiento se demorará, previsiblemente, meses.

El Tribunal de Luxemburgo ya condenó el mes pasado al Gobierno español por no haber retirado, como le exigió la Comisión Europea, las condiciones a la opa de E.ON sobre Endesa, aunque no entró a evaluar si las medidas son compatibles con la legislación comunitaria.

En esa ocasión, el ejecutivo español recalcó que la sentencia no tenía consecuencias prácticas y remitió al pronunciamiento judicial sobre las competencias de la CNE, que debería dejar claro si los Estados miembros pueden aducir la seguridad energética para interferir en fusiones de dimensión comunitaria.