Escribir al bulto

Quizá el sector eléctrico es uno de los pocos en los que, fruto de la presencia del colectivo retroprogresivo de la energía, desde instancias mediáticas se propasa la línea de la información, para cuestionar los modelos regulatorios, económicos, financieros, la organización de las empresas, la política de competencia, la forma de hacer subastas virtuales, cuando existían, o ahora, las subastas CESUR. Algo así, como lo que pasa con el seleccionador nacional de fútbol sobre el que todo el mundo opina de su labor.

Todo ello, con cinco condicionantes: uno, la escasa cultura económica del país; dos, la ausencia de convicción en el funcionamiento de una economía de mercado, como es razonable en todo el mundo occidental; tres, la carencia de instituciones respetadas y solventes; cuatro, el prejuicio existente frente a lo empresarial en las sociedades latinas, y especialmente, respecto a sectores como el energético o el financiero, donde se proyecta el mensaje de que las empresas son intrínsecamente perversas y de que la lógica del beneficio empresarial es nociva. Cinco, la persistencia de que el precio de la electricidad es un precio intervenido por autoridad política y administrativa, de forma que, con esa autoatribución de responsabilidad, los Gobiernos son proclives y sensibles a las presiones de los propios medios.

Todo ello conforma un justicialismo/peronismo de nuevo cuño que se adhiere a la difícil situación de la economía española, dada su combinación con el resto de actuaciones y problemas de política económica o con las dudas en la solvencia de los mecanismos de supervisión y regulación y los fallos evidenciados en los mismos, para conformar un «totum revolutum» de difícil digestión. Y a todo ello, contribuye la atención informativa al escándalo y a lo inmediatamente rabioso de forma descontextualizada, junto con el cierto adanismo y aventurerismo que provoca el desconocimiento profundo del sector, sustituido por la transmisión automatizada de opiniones parciales, oportunas y poco selectivas, dependiendo del acceso a la alcachofa o altavoz correspondiente.

Solo en esos términos se puede entender un artículo como el que publicaba ayer ABC, cuyo objetivo (deliberado o no) era proyectar sombras de duda sobre el funcionamiento de las subastas CESUR que determinan el precio de la electricidad, por la participación de operadores financieros y por organizarse las misma a la baja (la literatura regulatoria sobre subastas es enorme). El titular, como se puede ver, era «inocente»: «La subasta de la electricidad: ¿juego limpio o práctica anticompetitiva?«. Ninguna referencia a la situación de los precios de la electricidad en los mercados de generación con respecto a la Unión Europea y utilización de la manoseada referencia al argumento de que la CNE investiga «posibles prácticas anticompetitivas». Referencia que, por cierto, se destapa trimestralmente con cada revisión de tarifas, como la famosa pena de telediario, para que, sólo por su anuncio, suscite una torva mirada sobre los mecanismos de mercado y las empresas. Según dice, la CNE supuestamente investiga e investiga estas subastas, pero no saca irregularidades, ni conclusiones relevantes de calado, aunque recuerda oportunamente este proceso investigador como una sombra, cada trimestre. Así llevamos trimestres y trimestres, y se insiste con este mecanismo troskista de aireamiento y soflama en horadar tendenciosamente el funcionamiento del mercado eléctrico que, por otra parte, es el favorecedor de la competitividad y eficiencia de nuestro mercado de generación.

El segundo argumento que contenía el artículo de Luis Ontoso no era tampoco baladí. Así, el medio logró posicionarse de forma inconsciente en el falso debate sobre los supuestos beneficios regulatorios de determinadas tecnologías (hidráulica y nuclear) por estar «supuestamente amortizadas», sobre la base de las insinuaciones de los protagonistas ideológicamente identificados del sector (colectivo retroprogresivo que ha logrado colocar esta idea con más o menos éxito) y, por supuesto, sin contraste con la contabilidad financiera y los datos auditados sectoriales.

Dar eco a estos postulados, hoy por hoy, en pleno debate sobre la hoja de ruta para resolver el problema del déficit tarifario, no es nada inocente. Pero es más, yendo al punto más extremo del argumento, ¿se imaginan en algún sector de actividad que los medios de comunicación dijeran que los taxis cobraran la carrera en función de los años de amortización del coche que conduce el taxista o que preguntaran cuál es el margen que hay que poner en la contratación de un acceso por internet a una operadora de telecomunicaciones hasta convertirlo en un precio intervenido?

Además, un artículo de ese tipo, con términos maniqueos más propios de la épica del periodismo deportivo («los precios de la electricidad avanzan imparables»), dirigido a generar dudas sobre todo un sector, sin analizar los componentes reales de los precios de la electricidad, su evolución, la irrupción en la factura del impacto de las primas y costes regulados, el uso político de la tarifa eléctrica y cómo se han ido sucediendo un cúmulo desgraciado de decisiones sobre los precios reales, bajo el supuesto de que la tarifa es algo así como una tasa por compulsa, haciendo pensar que el suministro eléctrico sigue la senda del IPC, sin atender a oferta o demanda, servía para desviar la atención de la evolución de los costes regulados y su peso creciente en el coste del suministro eléctrico. Así podemos leer hoy en el diario El País, cómo el crecimiento del precio de la electricidad en los últimos años ha sido del 70%, dejando en una oportuna ambigüedad cómo estos precios comprenden las subvenciones y costes regulados, o costes impropios como los extrapeninsulares, que son el verdadero propulsor del crecimiento de los precios de la electricidad. Pero es conveniente que esa sombra de duda se proyecte sobre el sector, más que se conozca con precisión el destino de la misma, de sus costes y de las decisiones políticas conducentes a la evolución de la misma.

La mediatización del problema del precio de la electricidad, por su naturaleza de precio intervenido, con el trasfondo del problema del déficit tarifario, de la tarifa y del coste del suministro eléctrico atrae estas visiones instantáneas, volubles e interesadamente sesgadas, que además, de forma deliberada o no, por carencia o por maldad, son interesadas y nada inocentes. Pero, por puro sentido del equilibrio y de la responsabilidad, deberíamos reflexionar sobre el problema de escribir al bulto y de la ambigüedad calculada, sobre cuestiones tan serias y con tanto impacto sobre la economía española y su financiación, sobre las empresas y su «corporate», sobre los mercados financieros y bursátiles, y, por tanto, sobre nuestro país y su necesidad de ponderación, con objetividad y precisión, a la hora de conformar una sociedad madura e informada, frente a la demagogia, el atajo y la ideología.