Escal UGS, participada por ACS, decide renunciar a la concesión del almacenamiento de gas Castor

Para ello, Escal inició el proceso a fin de obtener la autorización previa por parte del Banco Europeo de Inversiones (BEI) y, eventualmente, de la asamblea de titulares de los bonos que emitió para financiar el proyecto, según indicó ACS a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En julio del pasado año, la sociedad canceló la financiación del proyecto y colocó el «project bond» del proyecto emitido con la garantía del Banco Europeo de Inversiones (BEI) por 1.400 millones de euros para sustituir a la financiación financiera que se había solicitado a un sindicato de 19 bancos para costear el proyecto.

La operación supuso el estreno de los «project bond», emisiones de bonos asociados a un proyecto de infraestructuras que cuentan con garantía del BEI de unos 200 millones de euros. Además, esta entidad compró bonos de la emisión por 300 millones de euros. Estos primeros bonos de proyecto se lanzaron con un plazo de vencimiento de 21,5 años y fueron suscritos en un 80% por inversores extranjeros.

A diciembre de 2013, ACS recogía la participación en el almacén de gas subterráneo Castor como activo mantenido para la venta. Esta participación está contabilizada en 228,48 millones de euros (164,2 millones de euros en 2012). Este importe incluye el préstamo participativo de 235,5 millones de euros concedido por ACS Servicios, Comunicaciones y Energía.

El importe del aval de construcción concedido por esta sociedad a Escal UGS asciende a 59 millones de euros.

Escal UGS se adjudicó en 2008, a través de un Real Decreto, la construcción y explotación durante un periodo de treinta años prorrogables del proyecto Castor, almacenamiento de gas situado en el subsuelo del mar a 21 kilómetros de la costa de Vinaroz (Castellón).

Castor se promovió en el marco del plan energético 2008-2016 para la regulación de la demanda nacional de gas natural. Cuenta con una capacidad de almacenamiento útil de 1.300 millones de Nm3 de gas operativo y de 600 MNm3 de gas colchón, capacidad que permite atender un tercio de la demanda de gas natural de España durante unos cincuenta días.

ACS entendía que la concesionaria del proyecto Escal UGS tiene derecho a devolver la concesión en cualquier momento, durante los 25 años, a contar desde su otorgamiento, con derecho al cobro del valor neto contable de la misma salvo en caso de que se acreditara dolo o negligencia, en cuyo caso el derecho será al cobro del valor residual, señaló en su informe financiero anual.

Inicialmente, el almacén estaba presupuestado en cerca de 700 millones de euros, un importe que se incrementó considerablemente. Sin embargo, el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, señaló en octubre que el coste total se sitúa alrededor de los 1.700 millones de euros, lo que supone 2,5 veces más.

El proyecto está actualmente cerrado desde el pasado 26 de septiembre por orden ministerial después de que se detectara un incremento de los movimientos sísmicos en la zona, coincidente con la inyección de gas en la planta, con el fin de determinar, mediante la realización de distintos estudios, si eventualmente puede ser causa de los seísmos que se registraron en la zona donde se instaló.

Recientemente, el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, aseguró que la recopilación de la información necesaria para garantizar la seguridad del almacén subterráneo de gas Castor «llevará años» y añadió que el objetivo es determinar «qué va a pasar» si se vuelve a poner en marcha el almacén, cuya actividad se suspendió en septiembre del pasado año, tras los seísmos registrados.

Los informes conocidos hasta ahora relacionan la inyección de gas en el almacén, ubicado frente a las costas de Castellón, con los seísmos, pero no determinan qué pasará si este vuelve a funcionar, una cuestión que se remite a expertos independientes del Massachusetts Institute of Technology (MIT) y la Universidad de Stanford.

Nadal evitó referirse al importe de una posible indemnización en caso de que se cierre definitivamente la instalación y señaló que, en todo caso, se determinaría en la reversión de la concesión.

De acuerdo con el protocolo, alcanzado en 2007, entre el grupo que preside Florentino Pérez y Enagás, ésta se comprometía a comprar el 50% de la participación de ACS (el 33,3%) una vez que se pusiese en funcionamiento comercial la planta y se inicie la explotación y acceso a la remuneración del sistema, señalaba ACS en su informe financiero anual.

El acuerdo contemplaba la posibilidad de que Enagás pueda entrar en el accionariado con anterioridad a la inclusión de las instalaciones en el sistema.

A comienzos de 2012, el Grupo ACS, una vez que la actividad de construcción del almacén alcanzó un grado de avance sustancial, inició la negociación con potenciales inversores para vender la totalidad de su participación y culminar por tanto su salida definitiva del proyecto una vez puesto en marcha.

En concreto, Escal UGS está participada por el ACS con un 66,67% del capital y la sociedad canadiense CLP, que ostenta un 33,33%.

Si el BEI autoriza la renuncia, se actuará conforme a la concesión

El ministro de Industria, José Manuel Soria, afirmó que no adoptará ninguna decisión administrativa hasta que Escal UGS, presente formalmente la renuncia definitiva a la concesión del almacén de gas Castor y hasta que se tenga la autorización del Banco Europeo de Inversiones (BEI), que es «quien tiene financiada la operación» y tiene que autorizar la renuncia «y, si eso sucediese, el Gobierno actuaría «según lo establecido por el decreto de concesión de la explotación».

«Esperaremos a ver si esa renuncia es autorizada por los financiadores, entre ellos el BEI, y si fuera ese el caso se actuaría de acuerdo con lo que establece el decreto de concesión», indicó el ministro de Industria. Asimismo, quiso recordar que la autorización fue establecida en 2008.

«Hay que esperar a ver las condiciones de la renuncia, y si esta es autorizada por el BEI, hasta ese momento no puedo decir nada más», ha completado Soria.

Por el momento, el Ministerio sólo recibió la notificación de Escal en la que se anuncia su intención de renunciar a la concesión de explotación del almacenamiento, situado frente a las costas de Vinarós (Castellón).

ACS se va de Castor «porque no tiene viabilidad futura»

Por su parte, el presidente de la Diputación de Castellón, Javier Moliner, aseguró que la empresa ACS «se va de Castor porque no tiene viabilidad futura su proyecto» y señaló que esta decisión «es fruto del trabajo que se estaba llevando a cabo». Al respecto, recordó la posición de rechazo de la institución provincial a este proyecto.

«Creo que es una noticia fruto del trabajo que se estaba llevando a cabo», dijo Moliner, que agregó: «Desde hace tiempo ya dijimos que la posición de la Diputación al respecto era muy clara: que mientras no hubiese plenas garantías de seguridad para las personas no podría ponerse en funcionamiento esa planta, y así se lo trasladé personalmente al ministro de Industria».

Al respecto, Moliner indicó que tenía conocimiento de que desde el Ministerio se abrió un plazo de negociación con la empresa concesionaria para poder llegar a un acuerdo. «Detrás de la decisión había 1.800 millones de euros de inversión que había que atender y que acabaremos teniendo que pagar entre todos, por lo que era importante cerrar la negociación y que fuese lo más ventajosa posible para todos».

En esta línea, el presidente de la Diputación explicó que «lo que viene a confirmarse es que los temores que desde aquí habían surgido respecto de la viabilidad futura del proyecto eran ciertos y que, aunque no es momento para buscar responsabilidades, es una buena noticia que estemos en fase para solucionar un problema serio de futuro para nuestro territorio de una instalación que pocas alegrías nos ha dado».

En este sentido, advirtió de que «cuando desde fuera se intenta imponer en un territorio una megainstalación con una inversión absolutamente desproporcionada y encima sin unas condiciones mínimas de asegurarse que esté garantizada la seguridad de la gente acabamos en un fiasco de proporciones mayúsculas, que es un claro ejemplo de una mala praxis y de una mala gestión de asuntos de esa envergadura».

La decisión demuestra que los seísmos «los provoca» el Castor

El alcalde de Benicarló (Castellón), Marcelino Domingo, valoró de forma «positiva» la decisión de la empresa ACS de renunciar a la concesión de la explotación del almacenamiento subterráneo de gas natural Castor y consideró que el anuncio «demuestra que teníamos razón y que los seísmos que están padeciendo los municipios de la zona estaban provocados por el Castor».

Domingo advirtió de que «ahora queda por conocer la decisión del Banco Europeo de Inversiones, que es quien tiene que aprobar la retirada de la empresa». «Si lo hace, el Estado tendrá que decidir el futuro de la planta gasística», dijo.

Pese a todo, el primer edil de Benicarló consideró que, de momento, se ha producido «un paso importante para que la empresa se vaya fuera de nuestra comarca».

EU quiere saber cuál es la responsabilidad de Escal UGS

El diputado de EUPV en el Congreso, Ricardo Sixto, aseguró que su formación quiere saber cuál es la responsabilidad de Escal UGS en la situación que se ha creado «para evitar que se acaben yendo de rositas y cobrando encima 1.700 millones de euros del Estado».

Según apuntó, «la empresa Escal UGS lo que está buscando es garantizar el dinero de otras empresas y de los especuladores que han invertido en una planta de almacenamiento de gas que provoca terremotos».

«La obligación del Gobierno, en todo caso, es garantizar la seguridad de los ciudadanos, que esta planta no se va a poner en marcha y no provocará, por tanto, un peligro con los terremotos en los municipios de alrededor», añadió. Así, Sixto consideró que «se ha de investigar y aclarar cuáles son las responsabilidades de esta empresa, de Escal, en los estudios previos que se han declarado claramente insuficientes».

Ecologistas en Acción dice que «se veía venir»

Finalmente, Ecologistas en Acción afirmó que «se veía venir» que Escal UGS acabaría renunciando a la concesión de explotación del almacén subterráneo de gas natural Castor y vaticinó que las empresas responsables del almacén «no tendrán ninguna pérdida económica» y que «todo parece indicar que, una vez más, serán los contribuyentes quienes sufraguen la cara apuesta por las energías sucias y los proyectos temerarios».

Escal UGS necesitaba la autorización del Banco Europeo de Inversiones (BEI) y de los titulares de los 1.400 millones de euros en bonos emitidos en julio del año pasado para continuar con su actividad en ‘Castor’, según Ecologistas en Acción.

Después de la paralización del almacén, Ecologistas en Acción y otras organizaciones enviaron una carta al Banco Europeo de Inversiones (BEI) y a la Comisión Europea denunciando el mecanismo financiero de los «project bonds» con el que se hizo posible la refinanciación de ‘Castor’ y que no implicaba riesgo para las empresas.

«Se veía venir el anuncio de renuncia. Distintas calificadoras de riesgo habían rebajado hace pocos días el valor de los bonos de Escal UGS al nivel de bono basura (BB+) por las dudas de que pudiera hacer frente al pago pendiente a sus acreedores de los intereses generados por la emisión de bonos. Por eso han iniciado los primeros pasos para no hacer frente a esta deuda», subrayó.