Épica de escudos humanos

La marcha minera llega a Madrid tras conseguir adhesiones de las localidades que ha atravesado desde sus puntos de partida, como era de esperar. Se trata de un relato épico, básicamente articulado sobre la base de una escaleta de actuaciones estándar que se activan conforme los patronos de las minas ven peligrar el esquema de subvenciones que complementa los ingresos de la venta obligatoria de carbón nacional para la generación eléctrica. Esquema de subvenciones generoso, que además se ve acrecentado por la protección social reforzada de la Seguridad Social a este régimen especial y por las ayudas comarcales para el «desarrollo regional» y que se rebañan para otros fines, porque sólo hay que ver el «desarrollo regional» en el que se emplean y sus resultados, así como el desarrollo de alternativas económicas.

La escaleta es la de siempre: anuncio de reducción de subvenciones por parte de la Autoridad Competente, corte en el pago de las nóminas, movilizaciones en las cuencas mineras, búsqueda de adhesiones entre los alcaldes y autoridades locales, algún herido de diversa consideración en los primeros escarceos (la sangre y su escándalo, algunos que pasaban por allí), diputados y senadores díscolos de los partidos nacionales más o menos cercanos al establishment de la zona, incidentes y disturbios. Siguiente paso en la escalada: marcha minera hasta Madrid. Fotografía de rigor de los líderes sindicales y de Cayo Lara, que no pueden faltar a la cita de esta foto. La ideología pasa por una serie de ceremonias obligatorias, entre las que está la defensa de una actividad que no percibió el momento en que empezó a ser dañina para sí misma.

Los trabajadores mineros aparecen, en este contexto, como escudos humanos de empresas que acaparan las subvenciones. Acampada y ahí, generalmente, ha terminado la cosa, porque los sucesivos Ejecutivos en esa fase se quedaban pillados, incapaces de soportar la presión del Paseo de la Castellana con tiendas de campaña apostadas junto al Ministerio de Industria delante del despacho del ministro, evitando que al mirar por la ventana observaran cómo sus habitantes temporales hacen sus necesidades y lavan las camisetas en medio del Madrid de oficinas y rascacielos. Y, esto prometía ser así hasta 2018, cuando se cumpliese el calendario de extinción de las ayudas al sector según la Unión Europea, por lo que conforme nos fuésemos acercando a esa fecha la presión se redoblaría.

Diferencias. Una, el gobierno, este Gobierno, está más firme que otros ejecutivos en el pasado en esta misma fase en la que nos encontramos, como se puede observar por las declaraciones de sus responsables y también por los primeros signos de apertura a la negociación de los mineros.

Segunda diferencia: la aquiescencia de la sociedad española, salvada la parte emotiva y el recuerdo de Víctor Manuel, en su conjunto es menor, a la vista de que la reclamación en torno a la conservación de estos privilegios por parte de las empresas del sector frente a toda una sociedad que también está sufriendo los embates de la crisis tiene muchas más matizaciones que antaño (sin contar con que cada vez se conoce más que el precio de la electricidad también subirá, en parte, por estas ayudas). ¿Los cinco millones de parados se solucionan con una marcha?

Tercera diferencia: los integrantes de la marcha minera están cada vez menos vinculados con la propia actividad en la mina, de forma que se trata del colectivo más «outsider» de quienes disfrutan de una serie de derechos, con respecto incluso a los propios habitantes de sus comarcas.

Y, la cuarta diferencia y la más importante: en otras reconversiones sectoriales pasadas existía la voluntad y la posibilidad expresada por las propias organizaciones y representaciones sindicales de buscar alternativas a la actividad que se cierra o que no es rentable. Había un sentido de consciencia, de responsabilidad y de futuro. En esta ya no. No hay espacio para la alternativa, dado que supondría la desaparición de una distribución del poder local. Una retórica cerrada en sí misma. Ha pasado, únicamente, a ser la defensa de la subvención por la subvención. Y, claro, de los que la reciben.