Ayer el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, defendió en el Congreso el Proyecto de Ley de Medidas Fiscales en Materia de Fiscalidad y Sostenibilidad Energética. Bien es cierto que desde el momento en que se produce el alumbramiento del proyecto de ley (al parecer, la noche anterior a la rueda de prensa del Consejo de Ministros en el que se anunciaba en público, abusando de la crema de contorno de ojos para dar imagen de frescura) a hoy, existen importantes cambios y modificaciones en el texto inicial que, como todo el mundo sabía, necesitaba de un fuerte «tuneado».

Entre otras cosas, por el propio decurso de los acontecimientos, era necesario que el Ejecutivo pasara por el túnel de lavado para una toma de consciencia muy importante de las consecuencias y perjuicios de la propuesta entregada en primera instancia al Congreso de los Diputados. Por tanto, antes de que los diputados y representantes del pueblo pasaran por el oprobio de aprobar por el imperativo categórico de disciplina de partido un texto legal que, además de criticable, producía enormes daños al sector energético, al mercado eléctrico, a la industria, a los consumidores y a las empresas, era necesario que se remozara casi totalmente en sus agujeros.

En este ampliado trámite parlamentario se han producido cambios y cuestiones de calado, incluyendo anuncios y declaraciones no sustanciadas todavía. La primera, habida cuenta del efecto que la fijación de nuevas figuras fiscales puede tener en la industria española con la amenaza de incremento de costes y deslocalización, fue el anuncio y compromiso del ministro Soria con tres subsectores de grandes consumidores para incrementar la retribución por interrumpibilidad, aunque suponga nuevamente el incremento de las tarifas de acceso, lo cual, a su vez, redunda en la generación de más déficit tarifario. La atrabiliaria e ingenua forma de decirlo acabó explicitando y confesando en público una naturaleza inquietante de ayudas de Estado.

Otras novedades relevantes son la propuesta de gravar la energía importada para intentar resolver el problema de competitividad de las empresas españolas de generación en el MIBEL, deteriorada por las nuevas figuras fiscales, un intento de proteccionismo. Hasta aquí, lo que podríamos llamar «regulación reactiva»: cuestiones que se incorporan o se impulsan para intentar resolver un desaguisado, con otro desaguisado adicional. Es la teoría de la manta, que cuanto más se estira desde la cabeza, más se enseñan los pies.

En otro sentido, también se incorporan en las enmiendas populares precisiones en la prohibición de cobrar primas a las centrales termosolares por la producción con otros combustibles además del gas, dado que se habían dado cuenta de la existencia de alternativas para la elusión de la norma en su primera redacción, aplicando el conocido adagio de la ley y la trampa.

Sin embargo, la modificación más importante ha sido el anuncio de que en los Presupuestos Generales del Estado se asumiría un 38,3% de las primas a las renovables (2.700 millones de euros del total de 7.200 millones estimados por la CNE para este año aunque, ¿a cuánto llegará este porcentaje el año que viene con la tasa de crecimiento interanual de las primas? ¿Se ajustará el mismo?). Es una enmienda de los populares en forma de disposición adicional, que establecería un sistema para que anualmente se fije «el porcentaje que se determine de las primas correspondientes a cada año que serán incorporados en la Ley de Presupuestos del año posterior». Esperemos que con unos criterios más estables y menos volubles que los de la retribución por interrumpibilidad o la ubicación en la tarifa o los Presupuestos de los costes de los sistemas extrapeninsulares.

En todo caso, es preciso reconocer que se trata de una propuesta que va en la buena dirección, aunque habría que justificar qué pasa con el 62,7% restante. También sobre las razones por las que se elige esa proporción (conceptualizados, al parecer, como coste de seguridad y diversificación de abastecimiento). Al mismo tiempo, por fin se empieza a ver una correlación «quid pro quod», de forma que se pueden calcular los saldos fiscales entre las nuevas figuras impositivas que crea la norma y la parte que asumen los Presupuestos Generales del Estado, destinada a absorber o minorar la diferencia entre el coste del suministro y la tarifa.

Por su parte, las asociaciones de renovables defienden que las primas sigan en la tarifa por varias cuestiones. Primera, la oficial, porque justifican que pague la electricidad el que la consuma. Segundo, porque el alambicado sistema de concesión de potencia y primas está desacoplado del sistema de precios y de la tarifa eléctrica, lo que permite que esté en el limbo del «buenismo» de régimen especial a cualquier precio. Tercero, porque el hecho de que se transparente el sistema de primas como pieza separada obligará al Ejecutivo a pensarse mejor cómo lo administra en tiempos del ajuste presupuestario y a no hacer dejación de sus funciones. Y, cuarto, porque se parte de un modelo político en el que se actuaba con la salvaguarda de que la decisión de Gobierno no era directa sobre las primas, sino indirecta sobre el control de precios de la electricidad, es decir, sobre la tarifa, trasladando la presión a otras empresas y agentes del sistema. Ahora renegar del trámite «político» de los Presupuestos Generales del Estado es un ejercicio de cinismo dada la cantidad de decisiones políticas (estatales y autonómicas) conducentes de la explosión del coste de las primas en las tecnologías más costosas.

Y, para seguir la tramitación de este Proyecto de Ley, tres cuestiones interrelacionadas: una, las cifras anuales de recaudación de las nuevas figuras impositivas son insuficientes para parar la sangría del déficit y resolver el problema del déficit acumulado; dos, la liberalización de las tarifas de último recurso hasta alcanzar a los consumidores con contratos de suministro con potencias contratadas menores (¿llegarán a los 3kW?); y tres, que las lanzas entre Soria y Montoro siguen en alto y, al parecer, se tienen ganas. Atentos.