Energía e industria elevan un 4,3% más su presupuesto y contarán con 6.027 millones de euros en 2015

Así consta en el proyecto de ley presentado por el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, en el Congreso de los Diputados.

Según estos Presupuestos Generales del Estado de 2015, de la cifra destinada al sistema eléctrico, levemente inferior a la del año pasado cuando se presupuestaron 4.153 millones de euros, una parte se financiará con ingresos de los nuevos impuestos aprobados por el Gobierno y otra con las subastas de derechos de emisión de gases de efecto invernadero.

En el proyecto presupuestario de 2015, el Gobierno cumple con el compromiso de la reforma energética de financiar a través de las cuentas públicas el 50% del extracoste de la actividad de producción en los sistemas eléctricos en los territorios no peninsulares, que asciende a unos 900 millones de euros. La otra mitad debe ser asumida por la tarifa eléctrica.

El año pasado, el Gobierno también incluyó por primera vez en lo que va de legislatura esta partida en los presupuestos, si bien luego la retiró, lo que contribuyó a la aparición de un déficit de tarifa en 2013 que, en total, rondó los 3.100 millones de euros.

En la partida de 4.207,18 millones de euros para el sistema eléctrico, lo que supone un incremento de 53,17 millones de euros respecto al año anterior, también figuran los impuestos eléctricos incluidos en la ley 15/2012 de medidas fiscales para sostenibilidad energética y lo ingresado a través de las subastas de derechos de emisión de gases de efecto invernadero.

Estas medidas formaron parte de la reforma energética aprobada en julio del año pasado para atajar el déficit de tarifa, una deuda acumulada de 26.000 millones de euros y que se produce porque los ingresos que obtiene el sistema eléctrico no son suficientes para cubrir los costes regulados.

Los presupuestos recuerdan así que a lo largo del pasado año y el actual se aprobaron «con decisión» distintas normas para el control y solución de los déficits en los sistemas energéticos, fundamentalmente el eléctrico, al tiempo que se puso en marcha un nuevo modelo de tarifas para el pequeño consumidor que «tiene como objetivo abaratar el coste de la energía».

A este objetivo «prioritario», el Gobierno añadió otros para corregir el déficit, como la introducción de condiciones competitivas en los mercados para contribuir a la minimización del coste de la energía, la obtención de un ‘mix’ energético «sostenible, equilibrado y diversificado», la garantía de la seguridad del suministro y la calidad del mismo. En esta línea se refierió también al fomento del ahorro y eficiencia energética y a la protección del medio ambiente para alcanzar las obligaciones de ahorro de emisiones conforme a las directivas europeas.

Más para la reindustrialización y menos para el carbón

Para el Gobierno, el objetivo de la política industrial es aumentar el peso «de una industria fuerte, potente, competitiva y generadora de empleo» en la economía española.

En este sentido, subrayó la necesidad de que haya colaboración de todas las Administraciones para revertir la continua pérdida de peso de la industria en la economía.

Asimismo, apuntó a la importancia de emprendedores y pymes para salir de la crisis y subrayó la necesidad de «eliminar trabas administrativas y normativas, mejorando su acceso a la financiación y buscando aumentar su dimensión».

El Ejecutivo señaló en los presupuestos se están tomando una serie de medidas para «estimular la modernización de la capacidad productiva instalada» incidiendo en los planos tecnológico, de mejora del impacto medioambiental, de cooperación interempresarial, «buscando economías de aglomeración y consolidando inversiones productivas dirigidas a la mejora de la competitividad».

En cifras, se destinan 525,4 millones de euros, un 10,5% más, al programa de reconversión y reindustrialización con dos objetivos: por un lado, atender a sectores en crisis y que deben adaptarse a nuevos entornos competitivos, como el naval; y por otro, desarrollar actuaciones para prevenir deslocalizaciones. Todo, señalaron, para garantizar a medio plazo la competitividad de la industria española.

No obstante, la partida destinada al desarrollo industrial desciende un 9,9%, hasta 375 millones de euros, al tiempo que los incentivos regionales al desarrollo industrial se mantienen en 81,5 millones de euros.

En cuanto a las políticas para el desarrollo del marco de actuación de la minería del carbón, durante 2015 contarán con una dotación presupuestaria de 391,49 millones de euros, un 16,7% menos, fundamentalmente dedicado al cierre de explotaciones inviables y al desarrollo alternativo de las comarcas.

El proyecto también recoge que el vehículo eléctrico contará con una línea de ayudas especifica, aunque no se detallaron los importes.

Dentro del sector de hidrocarburos, y al detallar las medidas que se implementarán durante el año, Industria dijo que «se promoverá una mayor transparencia en el mercado de carburantes a través de una transparencia total de precios».

Además, se seguirá trabajando en el desarrollo de un mercado organizado de gas natural para fijar unos precios en el mercado mayorista que permitan mejorar «la transparencia y la competitividad», señaló.