Enerclub advierte de que la reforma «sin diálogo» puede generar «dificultades jurídicas»

Villaseca realizó estas consideraciones durante la presentación en la sede de Enerclub del estudio «Regulación y política energética en España. Desarrollos legislativos recientes«, un texto que revisa las distintas normativas que componen la reforma energética aprobada por el Gobierno y que fue coordinado por el exconsejero de la Comisión Nacional de la Energía (CNE), José Sierra.

«Sabemos que el sector tiene que ser regulado y tiene importantes problemas que necesitan ajuste, pero el diálogo con la Administración es sin duda una garantía de que las cosas se podrán resolver antes y con mayor comodidad para todos los implicados», afirmó.

El también consejero delegado de Gas Natural Fenosa consideró «imprescindible» el objetivo de la reforma de acabar con el déficit de tarifa, pero estimó que «el sector en general hubiera deseado contar con mayor participación efectiva y una mayor capacidad de diálogo» que permitiese «llegar a consensos» entre todos los agentes.

Villaseca advirtió que esta falta de consenso puede llevar a «diferencias interpretativas» y otros «problemas que un diálogo más profundo» con el sector hubiera evitado, ya que habría permitido «ajustes» normativos en las primeras etapas.

«El Gobierno es el que tiene que tomar las decisiones», pero el diseño de una reforma sin consenso puede provocar «dificultades interpretativas de tipo jurídico». «En su aplicación práctica, la reforma puede introducir problemas que un diálogo más profundo hubiera podido obviar», ya que con él se podrían haber realizado los «ajustes» con «estabilidad normativa», señaló.

Otra de las objeciones de Enerclub a la reforma es que un ajuste como el planteado por el Gobierno requiere «una política energética y una estrategia clara» para que las medidas puedan ser «entendidas y aplicadas con propiedad», y procurar «una regulación positiva que permita resolver los problemas presentes» y el «desarrollo futuro del sector».

Villaseca también reclamó una «mayor coordinación y engarce» entre la política energética, la industrial y la económica, y advirtió de que el descuido de estos aspectos puede obligar a que «las medidas que se toman deban ser modificadas en un plazo de tiempo demasiado corto», aunque no ha aludido a la retirada de aportaciones presupuestarias para combatir el déficit de tarifa.

Entre otras cuestiones, el presidente de Enerclub también consideró que el «modelo mixto» de mercado libre e intervenido que existe en España «actúa con altas dosis de intervención que provoca disfunciones que deben ser resueltas».

En cuanto al nuevo esquema de retribución de las distintas actividades reguladas, consideró que antes de fijar una «técnica financiera» es necesario tener «reglas claras y costes reconocidos de la prestación del servicio». «De lo contrario, se verán sometidas a vaivenes y dudas acerca de la rentabilidad de las inversiones», aseguró.

El coordinador del estudio, José Sierra, recurrió a Ortega y Gasset para expresar su descontento con la reforma. «No era esto, no era esto», aseguró, antes de asegurar que su contenido no es lo que «esperaba» el sector y da «razones para sentirse defraudados», aunque confió en «añadir cosas» a la normativa.

Al igual que Villaseca, lamentó que «no ha habido un verdadero acuerdo de Estado o de partidos para la elaboración de las medidas», lo que las hace «vulnerable a cambios» de Gobierno».

Sierra lamentó que el nuevo marco regulatorio no aporte «una definición de futuro» ni ofrezca una visión estratégica, al tiempo puede incluir «efectos retroactivos altamente recurribles que añaden inconsistencia al sistema». «En las renovables, hay precedente peligroso de inseguridad y recuperación de inversiones», afirmó.

Entre los retos de futuro del sector, Sierra aludió a la definición de los objetivos de política energética, que ofrezcan unas «señales económicas adecuadas» para la explotación y la inversión, el reforzamiento de la independencia del regulador o el reestructuración de la carga fiscal.

En la elaboración del estudio participaron otras figuras representativas del sector con perfiles tan diversos como el exconsejero de la CNE, Jordi Dolader, el expresidente de APPA, José María González Vélez, el expresidente de Unesa, Pedro Rivero y el expresidente de REE, Pedro Mielgo.