Endesa tiene provisionados 831 millones de euros para litigios e indemnizaciones pendientes

Esta partida forma parte de los 3.040 millones de euros que la eléctrica tiene provisionados, de los que hay una dotación también significativa, de 880 millones de euros, preparada para afrontar el coste del cierre de instalaciones eléctricas.

Entre los litigios figura el arbitraje entre Endesa y Red Eléctrica de España (REE) acerca del precio de venta por parte de la primera a la segunda por 1.412 millones de activos de transporte en 2010 para cumplir la legislación. El importe habría de revisarse a la baja si antes de 2014 aflorase una menor retribución de los activos, como a juicio de REE ha ocurrido.

Endesa también se enfrenta al que fue durante un tiempo su segundo principal accionista, Acciona, a propósito de una concesión hidráulica, la de Lafortunada-Cinqueta, que la primera vendió a la segunda en 2009 por 50 millones de euros.

El plazo de la concesión había vencido en el momento de la venta, pero el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente se había comprometido a renovarla, lo que finalmente no ocurrió, ya que en mayo del año pasado la Dirección General del Agua ordenó el inicio de la caducidad de la concesión. Mientras Endesa pide al Gobierno una renovación hasta 2061, Acciona le reclama el dinero de la operación.

Endesa aborda también tres procedimientos judiciales por incendios en Cataluña que le podrían obligar a desembolsar 32 millones de euros por daños y perjuicios, al tiempo que espera a que el Tribunal Supremo se pronuncie acerca de su recurso en contra de la sanción de 10 millones de euros impuesta por la Generalitat de Cataluña por el apagón en Barcelona en julio de 2007.

Otra de las resoluciones que espera la eléctrica del Supremo es la que debe dictar el Alto Tribunal acerca de una multa que impuso a varias distribuidoras la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) en 2009. La sanción a Endesa, luego recurrida, es de 26 millones de euros, y la empresa aguarda un fallo sobre el mismo asunto acerca de Iberdrola que servirá de referencia para su caso concreto.

Por otro lado, Nuclenor, participada al 50% por Endesa y propietaria de la central nuclear de Santa María de Garoña, presentó un recurso ante la Audiencia Nacional contra la sanción de 18,4 millones de euros impuesta en julio por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por reducir la producción sin autorización previa.

Endesa también expresó su intención de recurrir ante la Audiencia Nacional las cuatro multas por 3 millones de euros en total impuestas en septiembre por el Ministerio de Industria por la falta de adecuación de los planes de adaptación de las centrales nucleares de Almaraz I y II, Ascó I y II, y Vandellós.

Otro recurso planteado por Endesa es el que le enfrenta al presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro, quien, apelando a una ley de 1946, reclama 28 millones de euros y el 25% de la electricidad producida en los saltos hidráulicos de la cuenca de Noguera Ribagorzana, así como en las centrales de Mequinenza y Ribarroja, ambas en el Ebro.