Endesa pide sin éxito al Supremo una subida cautelar de la parte regulada del recibo de la electricidad del 41%

La pretensión de Endesa implica elevar en un 41% los 14.488 millones de euros de ingresos previstos en la orden de peajes de acceso a través de la parte regulada de la factura eléctrica. Aplicado al cabo de un año, los 6.047 millones de euros podrían suponer una subida de la tarifa de entre el 15% y el 20%, o del doble si la medida se hubiese aplicado para el segundo semestre.

La denuncia de la compañía presidida por Borja Prado coincide con las peticiones de medidas cautelarísimas solicitadas por Unesa e Iberdrola en contra de la aplicación de la orden de peajes de agosto. La patronal del sector reclamaba una subida inmediata de peajes por valor de 4.034 millones de euros para aplacar el déficit de tarifa, mientras que Iberdrola cifraba el incremento necesario en algo más de 500 millones de euros.

Los 6.047 millones de euros de subidas de peajes solicitados por Endesa proceden en su mayor parte de un desfase de 2.750 millones de euros fruto de que las medidas del real decreto ley 9/2013 que no podrán aplicarse durante todo 2013 y de otros 2.200 millones de euros por la no articulación del crédito extraordinario de 2.200 millones de euros al sistema eléctrico.

Otros 502,6 millones de euros corresponden a los mayores costes de las primas del régimen especial, 189,2 millones de euros a la ejecución íntegra de la sentencia del Supremo sobre la financiación del bono social, 58 millones de euros a la financiación de este bono social durante 2013 y 248 millones de euros a la retribución de la actividad de distribución.

Endesa pidió que se le reconozca el derecho de «realizar, con efectos desde el día 3 de agosto de 2013, las refacturaciones correspondientes al incremento de los peajes de acceso y de la TUR (Tarifa de Último Recurso) en sus distintas modalidades resultantes de la estimación de la anterior pretensión».

El Supremo rechazó la medida cautelar, debido a que se adoptaría sin haber sido sometida a contraste con la Abogacía del Estado, pero sí convocó a la parte contraria a una audiencia para conocer sus argumentos y tramitar el asunto a fondo.