Endesa cifra en 3.500 millones la aplicación de la nueva Ley de Calidad Eléctrica

La compañía eléctrica Endesa ha cifrado en 3.500 millones la aplicación de la nueva Ley de Garantía y Calidad del Suministro Eléctrico que está tramitando el Parlament, por iniciativa de la Generalitat, después del apagón del 23 de julio del año pasado.

Así lo ha planteado el presidente del Consejo Asesor de Endesa, Anton Costas, quien ha comparecido ante la Comisión de Economía del Parlament para dar su opinión sobre el proyecto de ley, en una sesión a la que ha acudido acompañado del director general de Fecsa-Endesa en Cataluña, Josep Maria Rovira. Según Anton Costas, «las inversiones necesarias girarán alrededor de los 3.500 millones de euros, esto no es una estimación como otra cualquiera, sino que está hecha por el equipo técnico de Endesa, que conoce toda la red».

Costas ha advertido de que «el proyecto de ley es innecesariamente minucioso» y, a su juicio, «olvida la red de alta tensión del propio suministro, pues el dictamen de la Comisión Nacional de Energía (CNE) repartió que las causas están también en la red de alta. Si su problema está en la arteria, la red de alta tensión, no se podrá hacer nada con los capilares».

Además, Costas ha alertado de que «existe un riesgo de eficacia legal en el proyecto porque hay un decreto de ámbito español en fase de desarrollo en la CNE que establece atributos de ámbitos general y que puede chocar con el propio proyecto de ley».

La valoración de Endesa ha sido dada por buena tanto por CiU como por otros de los ponentes que han declarado ante la comisión parlamentaria, como ha sido el caso del secretario del Colegio de Ingenieros Técnicos e Industriales, Jordi Català Morell. Según el diputado de CiU Antoni Fernández Teixidó, quien ha criticado el proyecto por intervencionista, «la Generalitat es como Josep Pla, puede preguntar quién paga, pero él no pagaba nunca».

En cambio, el diputado Jordi Terrades (PSCI) ha tildado la cifra de 3.500 millones de «valoración de parte» y ha asegurado que «entendemos que hay márgenes suficientes para hacer frente a las obligaciones que impone la ley». Para Terrades «va a ser muy difícil explicarle a la ciudadanía que cuando estamos hablando de grandes operaciones financieras, no hay dinero para una mejora evidente del servicio eléctrico en Cataluña. La Generalitat trabajará para que estas mejoras no repercutan sobre el usuario final».

Otro de los expertos que han declarado, como Manel Nicolás, vicesecretario del Colegio de Ingenieros Industriales de Cataluña, ha advertido que «hay que ver quién paga esta nueva de Ley de Suministro de la Calidad».

Por su parte, el secretario general de la Asociación Española de Industria Eléctrica, Pasqual Sala, ha criticado «excesivo detallismo técnico» de la ley y ha propuesto, sobre el tema del coste, que «para cuantificarlo pueden pedir el informe a la CNE, y así no habrá dudas. Es una solución rápida y sencilla».

Así, la mayoría de las personas del sector consultadas por la comisión han pedido cambios importantes en el planteamiento de la ley o han cuestionado su viabilidad económica.

Costas, por ejemplo, ha propuesto, en nombre de Endesa, «mantener los ámbitos de la calidad en el último real decreto ya que incluso con el último incidente de Barcelona hemos mejorado los índices de calidad».

También ha propuesto «alimentar al 90% de los clientes de zona urbana por dos subestaciones y no obligar a hacerlo a todos los clientes de Cataluña, no unificar las tensiones sino ir haciéndolo en función de la vida de la red, y proteger contraincendio los elementos de la red que tienen riego de incendio, pero no todos».

Nicolás, por su parte, ha propuesto «alargar los plazos de aplicación -la ley sólo da dos años-, pactar con la compañía qué pasa con la red vieja y negociar con el Ministerio de Industria de qué manera se pagan estos gastos -los sobrecostes que Endesa cifra en 3.500 millones-«.

Tras el apagón del verano pasado la Generalitat impulsó un proyecto de ley para mejorar la calidad del servicio eléctrico de manera que todos los abonados tuviesen la posibilidad de estar alimentados al menos por dos subestaciones eléctricas e impulsando una red más mallada.