La modificación del sistema de actualización de la retribución de activos regulados (mediante la inflación subyacente, que excluye energía y alimentos, y elimina además el efecto de los impuestos), junto a la desaparición de la opción de retribución combinada de prima más mercado, son las nuevas acciones tomadas por el Ejecutivo central para acabar con la sangría del sector.

Dichas medidas, que serán convalidadas esta semana, han conformado un frente «renovable», más o menos unitario, en una emulsión de intereses mezclados que vuelve a aquel sentido de la «unidad de acción».

Y decimos emulsión porque la realidad de las tecnologías renovables no es semejante entre sí, sino que cada una de ellas tiene características y problemas muy diferentes.

Por una parte, la tecnología eólica está muy empresarializada, con capacidad de generar tejido industrial, evolución e innovación propia, además de completar un ciclo de generación-financiación en toda la cadena de valor, además de exportar. Al mismo tiempo, el cumplimiento de la planificación del Plan de Energías Renovables ha sido casi exacto, sin sobrepasar sus previsiones.

Así, la eólica tiene una proximidad al mercado, en términos de precios, que hace que los volúmenes de primas sean muy reducidos por unidad de generación. Y, en ese sentido, es destacable que en el último Real Decreto Ley, el Ejecutivo haya efectuado, mediante la eliminación de la opción mercado más prima con tope retributivo, el ajuste más severo a las renovables, concentrándolo en este sector.

Por su parte, la tecnología solar fotovoltaica concentra su problema en un modelo de financiación y de promoción semejante al inmobiliario, atomizado y con una muy baja empresarialización. En ese marco es en el que se ha producido la aplicación de las limitaciones de horas primadas que hizo Miguel Sebastián (de forma homogénea pese a las distintas zonas de insolación, cuestión clave en ese problema, otra vez la emulsión) más el impuesto a la generación y la revisión de la actualización de los activos regulados.

El hecho es que la energía solar fotovoltaica se convirtió en una especie de capitalismo popular que derivó en que muchas personas depositasen sus ahorros, o sus tierras, para que los rayos de sol diesen un rendimiento garantizado por un cuarto de siglo, un nuevo tipo de rentista. Y, en ese escenario, incluso hubo quienes suscribieron préstamos para su adquisición como producto de garantía de rentas, incluyendo los propios fondos que prestaron a las entidades financieras para estas inversiones.

El problema es que la plusvalía de los proyectos se quedó en los intersticios de los intermediarios y de los financiadores últimos, y también en quienes participaban en el proceso de concesión, con lo que cualquier ajuste se traduce posteriormente en problemas severos para pequeños inversores y para la rentabilidad de los proyectos. Una situación muy delicada. El endiablado sistema de concesión y autorización, en manos de las administraciones de las Comunidades Autónomas, hizo el resto. En sí, se trata de un problema financiero, cuya resolución seguramente debería ir enfocada por esa línea, sin llegar al modelo delirante de la «dación en pago».

El tercer gran actor en esta cuestión es la tecnología termosolar que cuenta también con grandes empresas, esta vez muy vinculadas al sector constructor. Empresas que consiguieron inscribir un número importante de proyectos y de MWh antes del cierre de los registros de preasignación. Un sistema de retribución muy oneroso y el hecho de que se haya multiplicado por cinco la potencia autorizada en el Plan de Energías Renovables hicieron que esta tecnología irrumpiese con fuerza y se saltase todos los puntos de la planificación.

Cabe decir que, en sentido contrario, la sequía de financiación internacional y la percepción del problema general del déficit tarifario español operan despejando los elementos comunes que habían entrado en los registros de preasignación, despareciendo proyectos conforme van venciendo los plazos para los mismos.

Pero lo que se ha evidenciado es la existencia y presencia de un lobby muy influyente, formado por estas empresas, que consiguió sobrepasar el Plan de Energías Renovables en su momento y que, posteriormente, tuvo una importante relevancia en la elaboración de la Ley de Medidas Fiscales en Materia Medioambiental y Sostenibilidad Energética, de forma que se utilizaban sus simulaciones, estimaciones y modelos propios, incluso manuscritos.

Varias cosas se derivan de la situación actual, en términos de clarificación. En primer lugar, se ha eliminado el imperativo categórico con respecto a estas tecnologías, situando su escrutinio en un grado de igualdad frente a la superioridad moral que trataba de exhibirse alrededor de estas tecnologías. Las renovables eran buenas per sé, al precio que fuera y al volumen que fuera, con independencia de otros instrumentos de política medioambiental (certificados verdes, derechos de emisión, etc…), de otras tecnologías no emisoras sustitutivas o de que el volumen de primas por unidad de generación fuese diferente según tecnología. Además, con la crisis económica galopante que nos acontece, no corren buenos tiempos para la lírica y todo el mundo mira la factura.

Segundo valor positivo: las empresas renovables son empresas, ejercen como lobby, incluyendo a hermanos de ministros. Tienen intereses económicos y buscan, legítimamente, maximizar beneficios.

En tercer lugar, el argumento de que España tiene mucho sol, incluso más que Alemania y que por eso «debe salir barato» generar mediante tecnologías solares, muestra todos sus puntos débiles conociendo las primas unitarias en tecnologías solar, fotovoltaica y termosolar. Algo que en la confrontación económica es de difícil justificación con unos precios en el mercado mayorista tan bajos.

Y, cuarto, el hecho de que se detallen estas partidas en los Presupuestos Generales del Estado hará que poco a poco se extreme la atención y se perfeccionen los mecanismos, para que estas tecnologías se integren de forma racional y eficiente en el suministro, evitando la emulsión.

Lo que tiene difícil explicación es que la reacción a esta situación sea la búsqueda del enfrentamiento de estos sectores con las ya denominadas «eléctricas tradicionales» (que sufrieron especialmente la Ley recién aprobada y el fuerte recorte a la distribución) o con el mercado eléctrico. Sobre todo cuando se conoce el balance del año en primas acumuladas, que entre renovables y cogeneración es de 7.888 millones de euros y su tasa de crecimiento interanual cercana al 25%, así como las políticas renovables tan desmesuradas existentes en estos últimos años.

Cualquier explicación que parta de escamotear una política de renovables sin frenos, de nuevos ricos, o abstraer las primas de la cuestión del suministro eléctrico y su equilibrio en términos de sostenibilidad económica (incluyendo su contrapartida en términos de precios), medioambiental y de seguridad de suministro, más el impacto en los costes regulados y en las tarifas de acceso de las primas, es simplemente una acrobacia del pensamiento. La emulsión renovables contra tradicionales, con su melé argumental, hoy puede incluso ser un error táctico.

El movimiento de las tecnologías eólicas convocando, por su parte, una rueda de prensa de las distintas asociaciones de todo el país, puede ser inteligente, porque probablemente cada tecnología tiene problemas diferentes, con orígenes diferentes y su tratamiento diferenciado podría dar más luz.