El TSJM anula la autorización para la construcción de la regasificadora del puerto de El Musel, ubicado en Gijón

La sentencia, contra la que cabe recurso ante el Tribunal Supremo, anula la autorización administrativa concedida a Enagás en 2008 por la Dirección General de Política Energética y Minas para la construcción de la planta, que ya se encuentra finalizada aunque no operativa.

El TSJM admitió el recurso contencioso administrativo presentado por Los Verdes de Asturias, integrados ahora en Equo, contra la resolución de la administración central.

Equo valoró la resolución judicial como una «buena noticia» y consideró que la ejecución de la sentencia debería conllevar «la demolición de las instalaciones», cuyo coste fue de unos 360 millones de euros.

La sentencia anuló además el silencio administrativo de la Secretaria General de Energía, aplicado para desestimar un recurso de alzada presentado por Los Verdes, por considerar que ambas resoluciones «no se ajustan a derecho».

El recurso contra la regasificadora «denunciaba múltiples irregularidades», pero el Tribunal «por economía procesal» sólo se centró en el incumplimiento del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, según explicó el abogado de Equo, José Antonio Ballesteros.

Este reglamento (RAMINP) fue derogado por la ley 34/2007, que entró en vigor antes de que se concediera la autorización de la planta pero con posterioridad al inicio del procedimiento administrativo.

El Tribunal consideró que se debería haber tomado en cuenta el reglamento anterior que establecía una zona de seguridad de 2.000 metros entre instalaciones industriales con actividades molestas o peligrosas y núcleos de población.

La planta regasificadora no fue conectada a la red por decisión del Gobierno central, que de momento lo consideró innecesario.

Equo aseguró que, a pesar de que estas instalaciones no están operando, la empresa Enagás «está cobrando» la amortización por «retorno de la inversión» que se «carga a la factura de los usuarios» de la red de distribución de gas.

El abogado del partido ecologista aseguró que en caso de que la resolución judicial sea firme pedirá la demolición de las instalaciones en la ejecución de sentencia.