El TSJC anula el concurso eólico aprobado por el Gobierno de Cantabria porque modifica el Plan de Energías Renovables (PER)

La Sala estimó así el recurso contencioso-administrativo presentado por la organización ecologista ARCA contra la convocatoria del concurso de 8 de junio de 2009.

El TSJC anuló de esta forma el concurso de potencia eólica, y lo hace porque esta convocatoria modifica de hecho el Plan de Energías Renovables (PER) y el Plan Energético de Cantabria (PLENERCAN), al margen del procedimiento legal establecido para su reforma, es decir, sin tener en cuenta la legislación de suelo, energética y medioambiental.

El PER y el PLENERCAN preveían para Cantabria el desarrollo de una potencia eólica de 300 Kw y tres zonas eólicas. Esta previsión era indicativa y se podía modificar, pero para ello se requería una disposición general y el cumplimiento de la legislación vigente. En este caso, se adjudicó una potencia de 1.400 Kw a desarrollar en siete zonas, lo que supone una modificación del PER y del PLENERCAN a través de las bases de un concurso.

Según la sentencia, «lo que realmente se está haciendo, en la base de desarrollo del concurso impugnado, es planificar tanto el sector eléctrico como la ordenación del territorio».

En este sentido, señaló la resolución que la planificación eléctrica por parte del Gobierno de Cantabria «tendría que desarrollarse por un instrumento de naturaleza adecuada, no la base de un concurso, con fundamentos técnicos en cuanto a su viabilidad si supera los parámetros de planificación indicativa del PER y el PLENERCAN, y en cumplimiento de lo dispuesto en la legislación de protección del medio ambiente».

En cuanto a la ordenación del territorio, señalaron las magistradas firmantes de la sentencia que «es claro que lo que se intentaba era una zonificación del territorio de la Comunidad, distinta de la prevista inicialmente, puesto que de tres zonas se pasaba a siete». Y en este sentido, recuerdan que «toda la ordenación del territorio de la Comunidad debe hacerse a través de los instrumentos descritos en el título primero de la Ley 2/2011» de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria.

Por último, en relación a la protección del medio ambiente, señaló la sentencia que «en este caso el poder público no ha observado lo previsto en las leyes 9/2006 -sobre Evaluación de los Efectos de Determinados Planes y Programas- y 17/2006 -de Control Ambiental Integrado de Cantabria».

«No basta con que se evalúe el riesgo de cada instalación de parque eólico en la fase posterior a la aprobación de este concurso», sino que «es necesario que se evalúe el riesgo que para el medio ambiente pueda suponer la totalidad del desarrollo de la energía eólica en la Comunidad Autónoma y el resto del país», dijo la sentencia.

Y en este sentido, recordaron las magistradas que el PER y el PLENERCAN estaban sometidos a Evaluación Ambiental Estratégica, y que la Ley 9/2006 somete a esta evaluación ambiental «los planes y programas, así como sus modificaciones, que puedan tener efectos significativos sobre el medio ambiente». «De modo que hay que recordar la obligatoriedad de los estudios ambientales», añadió la resolución.

La sentencia afecta a siete grupos empresariales adjudicatarios: Nuevas Energías de Occidente, Biocantaber, E.ON Renovables, Cantabria Generación, Eolican, Helican Desarrollo Eólico e Inder.

El Gobierno cántabro no recurrirá la anulación del concurso eólico

Por su parte, el Gobierno de Cantabria «no recurrirá», en principio, la anulación del concurso eólico, aprobado hace dos años por el Ejecutivo PRC-PSOE, porque «comparte los criterios» del auto del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC).

«Yo le avanzaría ya que no, el Gobierno no recurrirá«, manifestó el presidente de Cantabria, Ignacio Diego, a preguntas de la prensa, si bien precisó que aún no tiene «un conocimiento profundo» de la sentencia del TSJC.

El jefe del Ejecutivo regional recordó que el Partido Popular, cuando estaba en la oposición, ya denunció que este Plan «carecía de la necesaria evaluación del impacto ambiental», así como que «se vulneraba el Plan Energético de Cantabria (Plenercán) con el concurso eólico».

«Si lo dice el auto, lamento tener que estar de acuerdo, pero es así», señaló Diego, al tiempo que consideró que los pasos dados por el Gobierno del regionalista de Miguel Ángel Revilla en el Plan Eólico «adolecían de la suficiente certeza jurídica». «Era una evidencia para todos menos para el Gobierno del señor Revilla», criticó.

Además, el presidente recordó que, desde la oposición, el PP hizo «propuestas de diálogo para, de alguna manera, buscar soluciones compartidas» al Plan, pero socialistas y regionalistas «siempre se cerraron en banda y negaron la mayor», dijo.

Así, a su juicio, «de una manera bastante irresponsable han llevado a Cantabria una vez más a los tribunales» y han hecho que el sector eólico, «algo que tiene mucha trascendencia para la economía y la sociedad» de la región, «se venga abajo por hacer mal las cosas».

«El Gobierno del señor Revilla fue muy mal gobierno, hizo un flaco favor a Cantabria y ahora las consecuencias las están pagando los cántabros», opinó Diego. «Que todo el entramado de futuro industrial se apoyara en dos hitos, el Plan Eólico y GFB, dice mucho del Gobierno que los cántabros han padecido durante ocho años», apostilló.

Así, el presidente regional reclamó al regionalista Miguel Ángel Revilla y a la socialista Dolores Gorostiaga, a los que considera «los artífices de esta enorme chapuza», que «hablen como lo hicieron entonces» porque, en su opinión, «ahora no tienen que callar».

«Quiero ver cuál es su reacción y hasta dónde asumen la responsabilidad que tienen en el daño causado a los cántabros, en el gravísimo daño», manifestó, al tiempo que señaló que el auto del TSJC que anula el Plan Eólico «nos pone una vez más con los pies en el suelo y frente a una cruda realidad».

Diego anunció que el Ejecutivo dialogará «necesariamente» con los siete grupos empresariales del sector eólico, entre los que se repartió una potencia de 1.336 megavatios y que se verán afectadas por esta nulidad del Plan.

«En función del contacto con las empresas, determinaremos cuál es la figura jurídica que irá al Parlamento», indicó el presidente, que avanzó que esa figura recibirá un «adecuado tratamiento» para que «abunde siempre en la certeza jurídica».

De esta forma, aseguró, «cualquier inversor que venga a Cantabria a invertir un euro, en el sector que sea y máxime si es un sector trascendente como el eólico y de las energías renovables, sepa que lo puede hacer desde ese principio de seguridad jurídica».