El tributo que gravará la producción de hidrocarburos podría ser del 8%, según adelanta el ministro Soria

Antes de presidir una reunión del comité ejecutivo del PP en Canarias, Soria aludió así a la aprobación, en el último Consejo de Ministros, del proyecto de ley que modifica esta norma, que prevé la creación de un tributo que grave el valor de la producción de hidrocarburos.

El ministro explicó que una parte de los recursos que se obtengan de ese nuevo tributo, se canalizarán, a través de la Ley General de Subvenciones de 2003, hacia las entidades locales y las comunidades autónomas donde se desarrollen directamente las extracciones.

Si no fuera en el ámbito de una comunidad autónoma, sino en aguas territoriales españolas, esos recursos serán canalizados hacia las entidades locales y comunidad autónoma más próxima al punto de la extracción, ha recordado.

Cuando se apruebe la nueva ley, será un reglamento el que determine los porcentajes del tributo y cómo se distribuirá lo que se recaude entre las entidades locales y comunidades autónomas que puedan beneficiarse de él.

Preguntado sobre si esta distribución se debatirá con las comunidades autónomas en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, Soria se remitió a lo que considere oportuno el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, aunque estimó que este impuesto beneficiará a todas las comunidades autónomas y entidades locales en las que se realice este tipo de actividad.

Soria destacó que, en virtud de esta modificación legal, los dueños de los terrenos sujetos a concesiones para extraer hidrocarburos podrán obtener hasta el 1% del valor de esa producción durante el período de explotación, frente al justiprecio de la expropiación que obtienen en la actualidad.

Recursos de inconstitucionalidad por el fracking

Por otro lado, en relación a la ley del fracking señaló que la «modificación de la Ley de Hidrocarburos para posibilitar exploraciones a través de la técnica de fracturación hidráulica ya se hizo en 2013 pero se hizo para poder posibilitarla», por lo que, apuntó, «si ahora un operador desea hacer un sondeo, a través de la fracturación hidráulica, la autoriza o no la autoriza; si no la autoriza tiene que hacerlo en base a la legislación básica».

En este sentido, añadió que respecto a las comunidades autónomas que legislan en contra de la ley básica, «el Gobierno actúa» con la interposición de recursos de inconstitucionalidad, lo que ha hecho, recordó, y que «en todos y cada uno de los casos el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional las leyes que prohibían la fracturación hidráulica».

El PSOE pide al PP que cambie de modelo energético

Por otro lado, la secretaria de Cambio Climático y Sostenibilidad, Pilar Lucio, exigió al PP que abandone su actual modelo energético basado en las «prospecciones petrolíferas, el fracking y el aumento de la vida útil de las centrales nucleares».

La dirigente socialista reclamó al Gobierno el inicio de una transición «consensuada y dialogada» hacia un modelo energético basado en las energías renovables.

Lucio lamentó así la nueva fiscalidad para las compañías petrolíferas y de gas aprobada en el último Consejo de Ministros con la que tanto el propietario del terreno como los ayuntamientos en los que se lleven a cabo las prospecciones recibirán un porcentaje de los impuestos que graven la actividad.

«Esta apuesta de la derecha demuestra su desprecio más absoluto y un castigo sin precedentes a las energías renovables, al ahorro y a la eficiencia energética«, censuró la responsable socialista de Cambio Climático.

Frente a este postura, la secretaria de Cambio Climático del PSOE recordó que las energías renovables, el ahorro y la eficiencia energética son la «apuesta» de su partido «y la más favorable para la supervivencia del planeta a medio y largo plazo».