El Tribunal Supremo da la razón a la nuclear de Trillo y la Junta de Castilla-La Mancha tendrá que devolverle 10 millones de euros

Esta sentencia llega después de que en octubre de 2012 el Tribunal Constitucional declarara nulo e inconstitucional las tasas a la producción termonuclear de energía eléctrica y el almacenamiento de residuos radiactivos recogidas en una ley aprobada por las Cortes de Castilla-La Mancha en el año 2000.

Los hechos se remiten a 2007 cuando la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha desestimó el recurso que la Central Nuclear de Trillo había promovido contra la resolución de la Comisión Superior de Hacienda de Castilla-La Mancha, de 25 de junio de 2004, desestimando una solicitud de devolución de ingresos indebidos realizados en pago del Impuesto sobre determinadas actividades que inciden en el medio ambiente, por importe de 10.161.866,68 euros, correspondiente al ejercicio de 2002.

La Central Nuclear decidió interponer un recurso de casación contra esta sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, que ahora el Supremo anula.

El Supremo, además, estimó el recurso contencioso administrativo interpuesto contra la resolución de la Comisión Superior de Hacienda de Castilla-La Mancha de 25 de junio de 2004, anulando dicha resolución y reconociendo el derecho de la central a que le sean devueltos 10.022.506 euros.

Por su parte, el Gobierno de Castilla-La Mancha aseguró que el fallo del Alto Tribunal sitúa al Ejecutivo regional «en la necesidad de tomar medidas», tras conocer la sentencia del Tribunal Supremo que obliga a la Junta a devolver más de 10 millones a la central nuclear de Trillo.

Así, el portavoz regional, Leandro Esteban, dijo que el Ejecutivo presidido por María Dolores de Cospedal «luchará» para «evitar» que varios millones de euros de los ciudadanos tengan que ser pagados «como consecuencia de una mala decisión del Gobierno anterior».

El consejero indicó que la sentencia «deja meridianamente claro» que lo que hizo el anterior Gobierno socialista a la hora de poner una tasa para poder gravar por la producción de energía eléctrica a las centrales nucleares «no es todo lo legal que debería».

«Se produce un quebranto de varios millones de euros como consecuencia de alguna decisión que se tomó en el Gobierno anterior y que resulta no ser ajustada a derecho«, concluyó.