El Tribunal Supremo cree que los costes de los planes de eficiencia no debe imputarse a la tarifa y estima el recurso de Iberdrola

El Tribunal Supremo considera que el coste de los planes de ahorro y eficiencia energética no debe imputarse a la tarifa eléctrica regulada, al estar ya incluidos en el capítulo de generación.

En esta sentencia, el Supremo estima parcialmente el recurso presentado por Iberdrola contra el Real Decreto 1559/2005 por el que se fijó la tarifa eléctrica para 2006. La sentencia anula el artículo 5, en el que se recoge la partida destinada a la financiación de la estrategia de ahorro y eficiencia energética 2005-2007.

Es la primera vez que el Alto Tribunal estima las alegaciones de una empresa eléctrica contra las disposiciones que regulan la tarifa.
Las compañías eléctricas, de forma individual y a través de la patronal del sector, Unesa, han recurrido en numerosas ocasiones los reales decretos que fijan la tarifa

Iberdrola solicitó la anulación de la cuantía destinada a la financiación del Plan de Acción 2005-2007 de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética -173,5 millones de euros-, al considerar que su inclusión carecía de cobertura legal, ya que la Ley del Sector Eléctrico no prevé la posibilidad de que tales planes se financien con cargo a la tarifa.

En este punto, el Supremo señala que los planes de ahorro y eficiencia energética afectan a los consumidores de la energía eléctrica, lo que explica que la Ley «no contemple la posibilidad de imputación de sus costes ni a la tarifa general ni a cualquiera de las fases en que consiste la actividad de suministro eléctrico: generación, transporte, distribución y comercialización».

El Alto Tribunal desestima por el contrario la petición de Iberdrola de daños y perjuicios causados por la aprobación del Real Decreto 1559/2005, así como las alegaciones relativas al déficit tarifario y al régimen transitorio de la financiación de la gestión de los residuos nucleares.