El Tribunal de la UE anula una decisión de la CE que declaró ilegal las ayudas a EDF

En opinión de este Tribunal, el Ejecutivo comunitario no examinó si el Estado francés se comportó como un inversor privado en relación a las medidas contables y fiscales para EDF.

La compañía pública, dedicada a la producción, transporte y distribución de electricidad principalmente en territorio francés, recibió el encargo de remodelar la red de alimentación general, de la que está a cargo mediante una concesión única, para asegurar su buen funcionamiento.

En 1997, Francia modificó su legislación para ajustarse a la apertura del mercado interior de la electricidad aprobada en la Unión Europea con medidas urgentes de carácter fiscal y financiero para aclarar el estatus patrimonial de EDF y reestructurar su contabilidad.

El Ejecutivo comunitario consideró en 2003 que las ayudas de estado acordadas por Francia en 1997 para EDF y el sector de industrias eléctricas y gasísticas -que consistían en la exención del pago del impuesto de sociedades de parte de los trabajos de renovación de la red de alimentación- suponían una ventaja fiscal para EDF de cerca de 889 millones de euros que reforzaba su posición en el mercado de forma ilícita.

La Comisión solicitó la devolución de la ayuda más intereses (un total de 1.217 millones de euros), suma que EDF devolvió al Estado francés a la vez que presentó un recurso de anulación de la decisión de la Comisión Europea ante el Tribunal de la Unión Europea.

El Tribunal reconoció, como proponía EDF, que la Comisión Europea debería haber tenido en cuenta antes de tomar su decisión el llamado «criterio de inversor privado» para determinar si las medidas adoptadas por el Estado francés perseguía un objetivo económico que podría haber motivado a cualquier inversor privado.

De ser así, el Estado francés habría actuado como un «operador económico» y de lo contrario habría, en efecto, actuado movido por el interés público y debería ser considerado una forma de «intervención estatal».

Al no haber examinado esta circunstancia, la Comisión Europea ha cometido un «error de derecho y ha violado las reglas relativas a las ayudas de Estado», según el Tribunal, por lo que la decisión queda anulada.

La Comisión podrá ahora adoptar una nueva decisión en la que refleje las consideraciones del Tribunal.