El Tribunal Constitucional admite los recursos de Andalucía y Extremadura contra la reforma del sector eléctrico

Ambos recursos afectan al recorte en las primas a las energías renovables y se suman a los que fueron presentados por el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, por el Parlamento y la Diputación Foral de Navarra y por el Gobierno de Murcia y que también fueron admitidos a trámite.

La Junta de Andalucía decidió recurrir dos disposiciones del real decreto por considerar que «perjudican el desarrollo de las renovables en Andalucía». El recurso afecta a las disposiciones transitoria tercera y final segunda del real decreto-ley, que modificaron el marco jurídico remitiendo la regulación concreta a una normativa posterior y dejando en indefinición la retribución a percibir por los actuales productores.

Según el Gobierno andaluz, los cambios fiscales y tarifarios introducidos por el Gobierno en los últimos años, así como la suspensión de primas desde 2011, dejan «en el aire» casi 12.000 millones de euros de inversión en nuevas instalaciones en Andalucía.

Por su parte, la Junta de Extremadura recurrió también por el recorte en las primas a las renovables, el cambio en las previsiones de ingresos de los proyectos ya en marcha y la inseguridad que esa medida podía generar en los inversores.

El Tribunal acordó dar traslado de los recursos de inconstitucionalidad al Congreso, al Senado y al Gobierno, que disponen de quince días para personarse en el procedimiento y formular alegaciones. La decisión del pleno no supone pronunciamiento alguno sobre el fondo del recurso, que el Tribunal Constitucional analizará en próximas fechas.

Además, el Tribunal Constitucional decidió admitir a trámite el conflicto positivo de competencia promovido por la Generalitat de Cataluña contra el Real Decreto 1048/2013, de 27 de diciembre, por el que se establece la metodología para el cálculo de la retribución de la actividad de distribución de energía eléctrica. El pleno dio traslado al Gobierno, que tiene veinte días de plazo para formular alegaciones.

Cataluña presentó conflicto de competencia al entender que ese decreto no respeta la competencia autonómica de desarrollo legislativo de las bases del sector energético.