El Ejecutivo gallego presentó un recurso de inconstitucionalidad contra el real decreto del Gobierno que suspende las primas a las nuevas instalaciones de energía renovable al estimar que «invade competencias propias» de la Comunidad y con el objetivo de «proteger» sectores de energías «eficientes» como la eólica, el biogás, la biomasa y la cogeneración.

En concreto, la Xunta entendió que la norma estatal atenta contra la seguridad jurídica y genera «incerteza» en los agentes inversores, además de afectar «al legítimo y pacífico ejercicio» de las competencias propias de la Comunidad. También alega que tendrá «un impacto económico limitado» a corto plazo en lo que respecta al déficit de tarifa, «un problema ya conocido desde hace años».

Por su parte, el Consejo de Gobierno de Extremadura acordó interponer el recurso «en defensa de los intereses de todos los extremeños», basándose en un informe del Consejo Consultivo extremeño encargado por el Ejecutivo regional (GobEx) para determinar la idoneidad o no de la medida.

En concreto, este informe consideraba como aspectos que «podían ser objeto de inconstitucionalidad» la idoneidad o no de emplear el procedimiento de «urgencia» de un real decreto ley en lugar de mediante un proyecto de ley; la posible vulneración del principio de «confianza legítima»; y el principio de «igualdad».

Galicia y Extremadura interpusieron este recurso de inconstitucionalidad contra la reforma del Gobierno, al igual que el Ejecutivo de Canarias, que ya la pasada semana valoró como «buena noticia» la decisión del Tribunal Constitucional, al considerar que reafirma la tesis «de que el triunfo de las energías renovables será una realidad».