El Supremo rechaza la petición de Unesa de paralizar la orden de peajes eléctricos del pasado mes de agosto

En el auto de la Sección Primera de la Sala de los Contencioso-Administrativa, se recoge que «no ha lugar a adoptar la medida cautelar provisionalísima» respecto de la Orden IET/1491/2013, de 1 de agosto, por la que se revisan los peajes de acceso de energía eléctrica para su aplicación a partir de agosto de 2013 y por la que se revisan determinadas tarifas y primas de las instalaciones del régimen especial para el segundo trimestre de 2013.

No obstante, el Tribunal Supremo sí accedió a tramitar el «incidente cautelar» reclamado por la patronal eléctrica que solicita suspender la orden de peajes para que recoja las medidas precisas para que los peajes de accesos sean suficientes para cubrir el déficit del sistema eléctrico, ya que los costes superan a los ingresos.

El Tribunal sostuvo que «no se advierte que sea imprescindible resolver de forma inmediata» esta petición, ya que la orden ministerial fue publicada en el Boletín Oficial del Estado el pasado 3 de agosto y Unesa no la recurrió hasta casi el final del plazo previsto para ello.

Además, señaló que la «complejidad y trascendencia» del asunto aconseja oír a la parte contraria, la Administración General del Estado, antes de tomar una decisión.

Unesa, que agrupa a Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, E.ON y EDP España, solicitó al Supremo que ordenara al Estado la aprobación de un incremento inmediato en los peajes de acceso para compensar los «mayores costes y menores ingresos» respecto a los previstos en la orden ministerial del pasado 1 de agosto que fijaba un alza del 8% en esa parte de la tarifa, que en conjunto subió un 3,2%.

La patronal detalló que los «mayores costes» sumarán 1.834 millones de euros (503 millones por la ausencia de reducción en el coste de las primas al régimen especial, 58 millones al incorporarse la financiación del bono social como coste del sistema, 348 millones por la imposibilidad de minorar la retribución a la distribución y de 925 millones procedentes de los costes extrapeninsulares) y los «menores ingresos» otros 2.200 millones de euros, estos porque aún no se aprobó el crédito extraordinario previsto en el proyecto de ley que establece la financiación con cargo a los Presupuestos Generales del Estado de los costes ocasionados por los incentivos a las energías renovables.

La orden de peajes de agosto prevé unos ingresos anuales en 2013 a través de los peajes de 14.488 millones de euros, de modo que la imputación de otros 4.034 millones de euros a esta partida obligaría a subir un 27% la aportación de los consumidores al sistema eléctrico.

Este incremento supondría una subida cercana al 12% del recibo a lo largo de un año, aunque, si se hubiese aplicado por parte del Supremo de forma automática durante el segundo semestre, la subida de peajes habría sido del 54% y la de la factura final podría haber rondado el 25%.

Unesa presentó la denuncia después de que el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, anunciase un posible desfase de entre 2.500 y 3.000 millones de euros en la tarifa eléctrica de 2013.

A efectos prácticos, la denuncia de la patronal, presentada el 7 de octubre, muestra las dudas de la asociación no solo con la articulación del préstamo de 2.200 millones de euros, sino también con el cumplimiento de algunas de las principales medidas de la reforma energética presentada por el Gobierno en julio. El grueso de la reforma entrará en vigor en enero, pero para el segundo semestre de este año ya se descuentan los recortes.

En principio, el anteproyecto de Ley del Sector Eléctrico remitido al Congreso de los Diputados obligaba a las eléctricas integradas en Unesa a financiar el déficit de tarifa de 2013, pero el pasado viernes el propio Soria anunció la ampliación del fondo de titulización de la deuda eléctrica para poder colocar en los mercados el desajuste de este año. La patronal eléctrica valoró positivamente la medida.

El rechazo de las cautelarísimas por parte del Supremo toma como base los mismos argumentos utilizados este miércoles por el tribunal para rechazar una petición similar de Iberdrola, en la que, sin embargo, la eléctrica identificaba un déficit de tarifa mucho menor, de algo más de 500 millones de euros.

El tribunal notificará en los próximos días varios autos en el mismo sentido, ya que, al igual que hizo Iberdrola, otras compañías eléctricas solicitaron de manera individual la subida inmediata de los peajes de acceso al margen del recurso interpuesto por la patronal que agrupa a las cinco eléctricas tradicionales.