El Supremo no anula la cláusula «abusiva» de Castor, por lo que el Gobierno deberá indemnizar a la concesionaria en caso de que cierre

Esta cláusula, recogida en el artículo 14 del real decreto 855/2008 en el que se recoge la concesión de explotación de Castor, es a juicio del Gobierno «abusiva», como indicó el propio ministro de Industria, José Manuel Soria. Por este motivo, el Consejo de Ministros declaró la lesividad de este precepto para el interés público en un acuerdo suscrito el 11 de mayo de 2012, fecha en la que fue impugnada la cláusula, cinco días antes del plazo máximo para presentar una declaración de lesividad en contra del decreto.

El Gobierno de Mariano Rajoy recurrió esta disposición al entender que es contrario a la Ley del Sector de Hidrocarburos, que establece que en caso de anulación o extinción de la concesión de una explotación las instalaciones, cuando no se ha requerido su desmantelamiento, revierten gratuitamente al Estado. .

En su sentencia, la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, presidida por Pedro José Yagüe Gil, desmontó los argumentos del Abogado del Estado al considerar que el principio de «reversión gratuita» al Estado utilizado por el Gobierno para anular la cláusula está sujeto a «modulación», ya que la propia ley establece también la posibilidad de fijar indemnizaciones y añadió que no existen «argumentos legales» que las sustenten puesto que el precepto recurrido «se adecúa por completo» a la legalidad.

El principio de reversión gratuita, establecido en el artículo 29.1 de la Ley del Sector de Hidrocarburos, no puede ser interpretado «de forma absoluta», porque entonces se convertiría en contrario a Derecho, al procurar un posible enriquecimiento «injusto» del Estado, señaló la sentencia.

Además, el Supremo recordó que en el propio real decreto 855/2008 se puntualiza que el derecho a una indeminización por el valor residual del activo se produce «sin perjuicio de otras responsabilidades de la empresa concesionaria», de modo que una hipotética negligencia no queda exenta de posibles penalizaciones.

El artículo 14 del real decreto de Castor contempla la posibilidad de una inmemnización por el valor neto del activo en caso de reversión al Estado, al igual que ocurre con otros almacenamientos, pero también incluye otra indemnización por el valor residual cuando se produjese dolo o negligencia, cláusula que no aparece en el resto de instalaciones españolas.

El Supremo entendió que, en caso de no haber desmantelamiento, es «coherente» que se contemple una compensación a Escal UGS, pues al seguir operativas las instalaciones, el Gobierno «presumiblemente obtendría un beneficio futuro con su explotación».

En sus alegaciones, la empresa Escal UGS, participada por ACS y la canadiese CLP y a la que se considera responsable de los fenómenos sísmicos registrados en la zona en los últimos meses, argumentó que la denuncia del Gobierno se presentaba «tras un largo tiempo desde que se otorgó la concesión, lo que supone una actuación contraria a la buena fe y a la confianza legítima».

La concesionaria argumentó que sería «contrario a la equidad» una reversión gratuita de las instalaciones «en caso de extinción o caducidad de la concesión», ya que se produciría «un enriquecimiento injusto» del Estado que «adquiriría gratuitamente» unas instalaciones «carísimas» «que nunca se hubieran construido sin la cláusula que se debate».

De hecho, indicó la empresa, durante todos los años de inversión y de construcción de la instalación en ningún momento la Administración puso en duda la «completa legalidad» del real decreto posteriormente impugnado. La cláusula, señaló, tiene un carácter «excepcional» dada la peculiaridad del proyecto, pero es legal.

El Gobierno cifró en cerca de 1.700 millones de euros el valor de Castor, incluidos sus costes financieros: una retribución reconocida por desarrollar esta actividad de 1.273 millones de euros, a lo que se añaden 186 millones por la inyección de gas colchón y 234 millones por los costes financieros soportados hasta su entrada en funcionamiento. En todo caso, la disputa legal del Gobierno se refiere a una compensación por negligencia equivalente al valor residual, que es el que corresponde a un activo que deja de usarse, y no al valor neto, que permite una recuperación de inversiones.

El presidente de Escal UGS, Recaredo del Potro, defendió que toda la construcción y la operación del almacén se hizo de acuerdo con las «normativas más» exigentes.

La actividad de Castor, ubicado frente a las costas de Vinaroz (Castellón), se encuentra paralizada desde el pasado 26 de septiembre hasta que se corrobore que la inyección de gas en el almacenamiento está relaciona con los cientos de pequeños seísmos registrados en la zona.

El proyecto Castor trata de aprovechar un antiguo pozo petrolífero a 1.750 metros de profundidad bajo el nivel del mar, ubicado frente a las costas de Vinaroz, para almacenar hasta un tercio de la demanda de gas del sistema durante 50 días.

Cataluña llama a trabajar para que Castor «cueste lo mínimo»

Por su parte, el consejero de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat, Santi Vila, llamó a trabajar para que el conflicto en torno al almacenamiento subterráneo de gas Castor «cueste lo mínimo» a las administraciones, después de que el Supremo haya desestimado el recurso del Estado en materia de indemnizaciones a la empresa.

Vila recordó que el Gobierno catalán advirtió «desde el primer momento» sobre aspectos ambientales que debían tenerse en cuenta en el momento de otorgar la licencia para el proyecto, algo que según una lectura estricta de la ley era preventivo y no prescriptivo.

«Y ahora estamos gestionando estas circunstancias», lamentó el consejero, quien, no obstante, manifestó la necesidad de mantener una actitud prudente en torno a la cuestión.

Greenpeace responsabiliza al Gobierno de la indemnización que el Estado debe pagar por el almacén Castor si se cierra

Finalmente, el responsable de la Campaña de Energía de Greenpeace, Julio Barea, manifestó que la decisión del Supremo de desestimar el recurso interpuesto por el Gobierno contra la cláusula que le obligaría a compensar económicamente a la entidad Escal UGS en caso de tener que cerrar la planta, es una prueba más de la «decisión errónea» que supuso autorizar esta infraestructura.

Barea vio en la decisión del tribunal un ejemplo de «la política energética que está llevando este país, que no sabemos bien hacia dónde está yendo». «¿Necesitamos realmente ese depósito de gas, cuando las centrales térmicas de gas que tenemos en España prácticamente no se encienden más que unas poquísimas horas al día?», se preguntó.

Para Barea, detrás de las decisiones como el almacenamiento de gas natural de Castor está «el interés de muchas empresas» y no «el bien común» o invertir en el desarrollo de «otras tecnologías».

«Al final, los políticos miran por los intereses de unas pocas empresas, lo cual es un escándalo. Y la reforma energética, que está en el Congreso de los Diputados, es un ejemplo más de ello», concluyó.

ICV pide al Banco Europeo de Inversiones que se pronuncie acerca de Castor

ICV ha enviado una carta al presidente del Banco Europeo de Inversiones (BEI) para que se pronuncie acerca del Proyecto Castor, el mismo día que el Tribunal Supremo ha desestimado el recurso presentado por el Estado respecto a la cláusula abusiva del proyecto.

El eurodiputado Raül Romeva y la diputada en el Congreso Laia Ortiz han «pedido explicaciones» al presidente del BEI por haber seleccionado el Proyecto Castor como parte de la fase piloto de los proyectos comunes de la UE denominados bonos de proyectos, cuando «aún se desconocen las consecuencias y los riesgos del proyecto».

En un comunicado, ICV preguntan por qué «el BEI y la Comisión Europea dieron luz verde a este proyecto sin haber solicitado más información o haber escuchado a la sociedad civil, que denunciaba desde un principio la insostenibilidad y los riesgos del almacén de gas».

Los ecosocialistas han explicado además que existe una cláusula que asegura que, en caso que se pare el Proyecto Castor, éste tiene «garantizado» por parte del Estado la «recuperación de la inversión, incluso aunque sea por negligencia de la empresa».

«¿Tenían constancia de la existencia de esta cláusula? Nos podemos encontrar con un nuevo caso de socialización de pérdidas con dinero público de la ciudadanía de toda Europa», señalan, antes de añadir: «Además de estar ya pagando las consecuencias medioambientales del proyecto, aún quieren más».