El Supremo avala las prospecciones en Canarias y Soria considera que se trata de una noticia «extraordinaria»

De este modo, el Supremo confirmó la validez del Real Decreto 524/2012 de 16 marzo que aprobó los permisos de investigación de hidrocarburos denominados «Canarias-1», «Canarias-2», «Canarias-3», «Canarias-4», «Canarias-5», «Canarias-6», «Canarias-7», «Canarias-8» y «Canarias-9» frente a las costas de Lanzarote y Fuerteventura.

La Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del alto tribunal adelantó el sentido de su fallo aunque la sentencia todavía no haya sido notificada y señaló que se desestimaron los recursos» contra el citado decreto.

En concreto, la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del alto tribunal rechazó los recursos presentados por la Comunidad Autónoma de Canarias, Cabildo de Fuerteventura, Cabildo de Lanzarote, Federación Ben Magec-Ecologistas en Acción, WWW ADENA; Fundación César Manrique e Izquierda Unida.

Las citadas sentencias que confirmarán la legalidad del decreto del Gobierno que concedía los permisos de investigación de hidrocarburos contarán con, al menos, un voto particular, según fuentes del tribunal.

Precisamente este martes el presidente de Repsol, Antonio Brufau, avanzó que en las próximas horas se conocería la decisión del Tribunal Supremo en relación a los recursos planteados contra las prospecciones que se van a realizar en aguas cercanas a Lanzarote y Fuerteventura.

«Lo de Canarias es un proyecto exploratorio a 60 kilómetros de Lanzarote y Fuerteventura que tiene teóricamente todas las garantías de que no va a pasar nada, como no pasa en todos los pozos exploratorios», señaló Brufau, quien añadió que, fruto de estas operaciones, se ha organizado «un buen debate político» en las islas.

El pasado 29 de mayo, pocas jornadas después de la celebración de las elecciones europeas, el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente autorizó a Repsol a realizar estas prospecciones petrolíferas en el Atlántico, entre las islas de Lanzarote y Fuerteventura y Marruecos, al emitir una declaración de impacto ambiental favorable, aunque con condiciones.

Las prospecciones petrolíferas que Repsol planea realizar en aguas de Canarias originaron fuertes protestas de organizaciones ecologistas, colectivos sociales, plataformas ciudadanas, partidos políticos y sindicatos que clamaban por «Canarias, una sola voz contra las prospecciones«. Las movilizaciones tenían el respaldo tácito del Gobierno autonómico constituido por Coalición Canaria y PSOE.

De hecho, el pasado 17 de junio representantes de las cinco principales organizaciones ecologistas españolas entregaron en la sede de Repsol en Madrid más de 200.000 firmas, recogidas en 183 países, contra las prospecciones petrolíferas en aguas cercanas a Canarias.

Repsol obtuvo los primeros permisos para explorar posibles hallazgos petrolíferos en los fondos marinos del archipiélago canario en 2001, pero el Supremo anuló aquellos permisos porque carecían de las precauciones ambientales exigidas por la ley. En 2012 un nuevo decreto volvía a adoptar aquella decisión.

Los expertos de Repsol creen que, bajo las aguas que separan Canarias de la costa marroquí, existen reservas de hidrocarburos suficientes como para satisfacer el 10% del consumo de crudo en España.

El proyecto de la petrolera consiste, en una primera fase, en realizar dos o tres sondeos frente a las costas de las islas más orientales del archipiélago para comprobar si hay hidrocarburos y si su extracción es viable y rentable. La perforación de esos pozos se haría desde un barco especial para alcanzar profundidades de hasta 6.000 metros y recoger muestras de roca y fluidos.

Los tres pozos autorizados se sitúan en tres de las nueve zonas en las que Repsol tiene autorización para investigar la existencia de hidrocarburos. Los sondeos en los dos primeros, llamados Chirimoya y Sandía, durarán unos 45 días. En el tercero, denominado Zanahoria, 180 días. Fuentes de Repsol indicaron que la multinacional podría no perforar este tercer pozo. Cada sondeo de este tipo supone una inversión aproximada de 100 millones de euros.

El Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente insistió en que en España se han realizado 267 sondeos de este tipo desde mediados del siglo XX y que en ninguno se produjo accidentes graves. Canarias es la única comunidad autónoma con costa donde no se llevaron a cabo.

Los que se oponen al proyecto recordaron, sin embargo, que si estos sondeos son positivos después llegará la fase de la explotación, para la cual Repsol necesitaría nuevos permisos ambientales, que podrían tener riesgo de accidente y repercutirían negativamente en las condiciones medioambientales del archipiélago.

Soria considera «extraordinaria» la noticia

Por su parte, el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, consideró que el dictamen del Supremo es uno los condicionantes para que las prospecciones en Canarias puedan seguir adelante y que su aval es una «extraordinaria noticia».

«Esa desestimación lo que prueba es que la decisión del Gobierno tenía todo su fundamento jurídico y que, en cambio, no lo tenía la petición de anulación de esa autorización», aseguró Soria.

«Nos quejamos de la dependencia energética y la crisis de Ucrania, pero parece que nos seguimos resistiendo a investigar recursos naturales que disponemos», señaló Soria, antes de indicar que «muchas comunidades no sólo expresan su negativa a que haya prospecciones, sino que incluso están legislando en contra».

No obstante, el titular de la cartera de Industria descartó hacer más comentarios respecto a esta decisión hasta no conocer el contenido «concreto» de la decisión del Tribunal Supremo.

En cualquier caso, para Soria, al desestimar los recursos interpuestos en contra de las prospecciones es «evidente» que se está avalando el fundamento de la autorización de prospecciones que hizo el Gobierno en marzo de 2012.

Canarias no valorará el fallo hasta su notificación

El Gobierno de Canarias no valorará el fallo del Tribunal Supremo que avala las prospecciones hasta que no le sea notificada oficialmente la sentencia, según fuentes del Ejecutivo canario.

Una vez reciba dicha notificación, añadieron las fuentes, el Gobierno estudiará los argumentos jurídicos esgrimidos por el alto tribunal, y será entonces cuando decida si hace una valoración al respecto, si bien las sentencias completas no serán publicadas hasta dentro de unos días.

Rivero dice que Canarias continuará la batalla

El presidente de Canarias, Paulino Rivero, aseguró que continuará la batalla contra las prospecciones petrolíferas en el archipiélago y adelantó que se reunirá el próximo 7 de julio y el 21 de ese mismo mes con miembros de Sacyr y Caixa Bank, socios mayoritarios de Repsol, para presionar en contra. «La sensibilidad que no estamos consiguiendo por parte del Gobierno de España a ver si las conseguimos por parte de las empresas», dijo.

Rivero, de viaje en Estados Unidos para promocionar Canarias como puerta de inversión hacia África, señaló que la sentencia del Supremo «no es definitiva» y el Gobierno canario va a plantear otro recurso para solicitar la suspensión cautelar de la fase de exploración.

«Dije desde el primer momento que comenzamos esta batalla contra este atropello contra el archipiélago canario que íbamos a combatir en el terreno jurídico, en el terreno político y en el terreno social», recalcó.

Rivero ha explicado que todavía está pendiente una nueva autorización por parte del Ministerio de Industria sobre la base de la declaración de impacto ambiental emitida recientemente por el Ministerio de Medio Ambiente, favorable a la perforación de sondeos exploratorios, y «ahí plantearemos de nuevo otro recurso al Supremo».

No obstante, señaló que el asunto «no es un tema exclusivamente jurídico, es un tema político», y acusó al Gobierno de España de defender los intereses de las empresas privadas y «poner en riesgo el futuro de las nuevas generaciones de Canarias».

A propósito de las recientes manifestaciones en contra de las prospecciones autorizadas a Repsol, abogó por un referéndum o consulta legal para que «se oiga la voz de Canarias», porque «no queremos vender Canarias».

El presidente regional aseguró que están dispuestos a llegar incluso a instancias europeas e internacionales, aunque subrayó que «todavía no está agotado el camino en el Supremo».

Lanzarote no se quedará «de brazos cruzados»

El Cabildo de Lanzarote «no se quedará de brazos cruzados» por el fallo del Tribunal Supremo e impulsará respuestas en foros políticos y científicos internacionales, según manifestó el presidente de la corporación, Pedro San Ginés (CC), que aseguró que no se han protegido «los derechos fundamentales de la ciudadanía canaria».

También explicó que tiene noticias de que dos de los cinco magistrados que componían la Sala que juzgó este contencioso discrepan del fallo y tienen intención de emitir un voto particular.

Cuando se conozcan los argumentos jurídicos de la sentencia y esos posibles votos discrepantes, el Cabildo de Lanzarote «activará las respuestas» que considere oportunas, «en una u otra dirección».

«Pero desde luego no nos vamos a quedar de brazos cruzados, muy al contrario, vamos a llegar a donde haga falta con todos los recursos que tengamos a nuestro alcance», recalcó su presidente.

Para ello, el Cabildo de Lanzarote impulsará, junto con otras administraciones canarias y organizaciones no gubernamentales internacionales, «las respuestas oportunas y acciones en todos los foros políticos, sociales, empresariales, científicos y en Canarias, en España, en Europa y en el resto del mundo», añadió San Ginés.

Fuerteventura asegura que fallo es catastrófico

Por su parte, el presidente del Cabildo de Fuerteventura, Mario Cabrera, dijo que el fallo del Tribunal Supremo es una noticia «mala, negra, catastrófica» y aseguró que acudirá a todas las instancias para impedir los sondeos.

Cabrera afirmó que el fallo «sólo nos sirve para llenarnos de rabia» y aumentar las acciones en todos los frentes posibles para frenar las actividades petrolíferas frente a las costas de la isla y de Lanzarote.

«En Fuerteventura tenemos muy claro que estas prospecciones no se harán» afirmó el presidente insular, quién insistió en que se recurrirá a todos las instancias necesarias «porque esto hay que pararlo ya que afecta negativamente a nuestra forma de vida y va en contra de lo que la gente quiere».

Tenerife augura que la «batalla legal» llegará hasta la UE

El presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, dijo que la «batalla legal» contra las prospecciones petroleras en el archipiélago canario podrá llegar hasta la Unión Europea tras el fallo del Tribunal Supremo.

«Desde el punto de vista jurídico, la batalla legal contra los sondeos petrolíferos en Canarias puede seguir en otras instancias, incluida la Unión Europea«, señaló Alonso en una rueda de prensa en la que, afirmó, hay que respetar las decisiones de los tribunales, donde «no hemos encontrado la razón que nos ha quitado el Estado».

El presidente tinerfeño también consideró que el tema de las prospecciones es «un asunto jurídico pero también muy político», de ahí que abogase por convencer al Gobierno del PP de que «no puede hacer las cosas a su manera, tratando de una manera a Baleares y de otra a los canarios».

El Supremo sirve a los intereses de Repsol

La Coordinadora Canaria contra las Prospecciones Petrolíferas afirmó que el Tribunal Supremo rechazó los siete recursos que tenía pendientes en este asunto «sirviendo a las directrices de Repsol», en lo que, a su juicio, supone «un claro acto de prevaricación».

La coordinadora dijo que el Supremo ha «incumplido de manera consciente la ley» al convalidar los sondeos autorizados a Repsol y tildó de «acto ilegal e ilegítimo» el fallo del Alto Tribunal, por lo que llamó a los ciudadanos a movilizarse contra «este atentado que pretenden perpetrar» contra Canarias en las manifestaciones que se convoquen.

También instó al Gobierno de Canarias a que «actúe con firmeza y ponga fecha a la consulta popular» sobre las prospecciones.

Los ecologistas lucharán para paralizar las prospecciones

Asimismo, la organización WWF, que había interpuesto uno de los recursos anunció que presentará nuevos recursos para tratar de paralizar el proyecto de la empresa RIPSA (filial de Repsol) porque ha primado los intereses económicos frente a los excepcionales valores naturales del área a explorar y el sentir de la sociedad canaria que se ha mostrado contraria mayoritariamente a este proyecto.

La ONG recordó que el área donde se prevé buscar hidrocarburos tiene una «increíble riqueza ambiental» ya que se trata «con toda seguridad» de la zona más importante en Europa de cetáceos, tanto por la diversidad encontrada en el área (más de un tercio de las especies conocidas en el Planeta) como por la singularidad de algunas de ellas como cachalotes, zifios, entre otras.

Por ello, WWF denunció el proyecto en la Unión Europea porque considera que vulnera varias Directivas comunitarias de protección de especies y hábitats y ha anunciado que continuará usando todos los mecanismos legales a su alcance para paralizar este inaceptable proyecto.

Por su parte, Ecologistas en Acción, cuyo recurso también fue rechazado por el Tribunal Supremo lamentó la decisión y subrayó, del mismo modo, su intención de seguir trabajando contra uno de los proyectos con más grave impacto ambiental y efectos sociales y económicos muy negativos. De este modo, aseguró que «no descarta ninguna vía legal» para frenar el proyecto.

En este contexto, destacó que el recurso presentado por Ecologistas en Acción-Ben Magec recogía el rechazo ciudadano a las prospecciones y que numerosos estudios «demuestra que la extracción de hidrocarburos del fondo del mar tiene efectos muy negativos en los ecosistemas marinos y costeros y supone un alto riesgo de vertidos».

A su juicio, es «preocupante» que el presidente de Repsol, Antonio Brufau haya anunciado la publicación de la decisión horas antes de que el fallo se diera a conocer, siendo la principal beneficiaria de las prospecciones.

Del mismo modo, Greenpeace anunció que «continuará» con las movilizaciones y la presión social y política, tanto en España como en Europa para que no prospere «este peligroso proyecto». Igualmente lamentó «profundamente» los argumentos esgrimidos por el Supremo y consideró que no se pueden anteponer los intereses de una multinacional por encima de los de la ciudadanía y el medio ambiente.

«Ahora sabemos que Repsol tiene quien lo defienda mientras que el medio ambiente no es defendido ni por el Ministerio encargado ni por la Justicia», declaró el responsable de la campaña Prospecciones NO, Julio Barea, que subrayó que «desgraciadamente» los accidentes demostraron que «no hay ninguna forma segura de extraer petróleo en aguas profundas».

Mientras, la organización de conservación marina Oceana lamentó el fallo del Tribunal Supremo porque considera que el proyecto de Repsol interfiere con la declaración de un área marina protegida para los cetáceos y afecta potencialmente a 25 espacios protegidos. A su juicio, la decisión contribuye a la destrucción de hasta 25 áreas marinas y 82 especies protegidas que Oceana documentó durante su expedición en esta zona, como explicó el perito de la organización internacional marina presente en el juicio.

MÉS considera la sentencia «muy mala noticia para Baleares»

Finalmente, el diputado de MÉS, David Abril, lamentó la sentencia del Tribunal Supremo que avala las prospecciones petrolíferas en Canarias por ser, además, «una muy mala noticia para Baleares».

Para el parlamentario esta sentencia conforma «un muy mal precedente como ya lo fue la declaración de impacto ambiental (DIA) favorable emitida por el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente hace poco más de un mes».

«Si eso es lo que piensa el Supremo, alegando motivos de legalidad, lo que hay que hacer es cambiar las leyes», afirmó Abril, quien instó al Govern a impulsar con la Comunidad de Canarias un frente común, «que permita cambiar un marco normativo que ampara los intereses de las multinacionales de la energía por encima de los pueblos», concluyó.