El Supremo avala la legalidad de las prospecciones petrolíferas en aguas canarias, pero dice que el Gobierno «compromete su responsabilidad»

Como ya adelantó este martes, la Sección Tercera de la Sala del alto tribunal desestimó los siete recursos contenciosos-administrativos interpuestos contra el Real Decreto que otorgó permisos de investigación de hidrocarburos situados en el Océano Atlántico frente a las costas de Fuerteventura y Lanzarote.

En la primera de las siete sentencias sobre esta materia, el Supremo recordó que los tribunales sólo examinan los asuntos desde el ámbito de la adecuación a las normas, dejando al margen otras cuestiones relativas a la mayor o menor oportunidad o acierto de la decisión adoptada.

Además, añadió que el acto recurrido ha dado lugar a «una considerable controversia pública», y que, en cualquier caso, es el Consejo de Ministros, que aprobó el Real Decreto, quien «compromete su responsabilidad» en la decisión.

En su resolución, que rechaza el recurso del Cabildo de Fuerteventura, el Supremo indicó que el Real Decreto impugnado no vulnera los artículos 16.2 y 18.3 de la Ley del Sector de Hidrocarburos de 1998, que fijan la documentación sobre medidas de protección ambiental que los solicitantes de este tipo de permisos de investigación deben presentar, así como los trabajos que deben realizar en esa materia. Tampoco estimó que el Real Decreto viole las directivas europeas sobre medioambiente.

En su sentencia, la Sala señaló que en la primera fase de la concesión de los permisos «son suficientes» las concreciones sobre las medidas ambientales que la resolución exige, y que no necesariamente se tienen que identificar con las que posteriormente tengan que venir precisadas, tras la eventual evaluación del impacto de las perforaciones.

Así, consideró que el nivel de concreción en materia de protección ambiental exigible en esta primera fase «no puede ser equiparado al que ulteriormente será necesario para autorizar cada una de las labores de sísmica o perforación singulares, respecto de las cuales han de imponerse estándares de protección rigurosos y ya plenamente precisados».

Los magistrados destacaron que será en la siguiente fase, «al solicitar las preceptivas autorizaciones posteriores para perforar en cada una de las localizaciones elegidas, cuando (Repsol) ha de fijar las medidas y cautelas singulares con el necesario grado de precisión y acomodo a las circunstancias de cada emplazamiento».

Además, la sentencia recordó que el área de los permisos de investigación abarca una superficie de más de 600.000 hectáreas, una gran extensión que requerirá, en su momento adecuado, calibrar la incidencia medioambiental de cada una de las labores exploratorias una vez concretadas.

Dos de los cinco magistrados de la Sala emitieron un voto particular en el que se pronuncian a favor de una estimación parcial del recurso. En su voto, estos dos magistrados entienden que, antes de la aprobación del Real Decreto, debería haberse exigido un estudio ambiental pormenorizado que identificara y clarificara los posibles impactos medioambientales que se pudieran producir en un ámbito espacial cualificado por su alto valor ecológico y de especial sensibilidad medioambiental, que hubiera permitido al Consejo de Ministros adoptar su decisión con pleno conocimiento de los valores ambientales existentes.

Los sondeos de Repsol comenzarán «en los próximos meses»

Por su parte, el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, apuntó que las prospecciones petrolíferas en aguas cercanas a Canarias comenzarán en «algún momento a lo largo de los próximos meses», aunque el momento exacto lo determinará la empresa operadora, Repsol.

En declaraciones a los medios antes de su intervención en la clausura de la junta de accionistas de los astilleros privados españoles Pymar, Soria explicó que Industria está remitiendo estos días a Repsol las condiciones de la declaración de impacto ambiental del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, que dio luz verde a las prospecciones, por lo que, «si las cumplen, el Ministerio daría autorización para que se llevaran a cabo».

«El cuando exacto (del inicio de los trabajos) tendrá que determinarlo el operador, pero supongo que será en algún momento de los próximos meses», apuntó.

Soria insistió en que el problema más importante de Canarias es el 35% de paro y subrayó que, a pesar de contar con un año turístico «extraordinario», es «insuficiente» ya que «no hay ningún otro tipo de actividad» en la región y se mantienen esos altos niveles de desempleo, porque no hay ninguna otra actividad adicional. Por ello, las prospecciones traerían actividad industrial adicional que generaría actividad económica y empleo, añadió.

Este martes, el Tribunal Supremo decidió desestimar los siete recursos presentados por diversas administraciones, colectivos y partidos políticos contra el decreto del Gobierno de marzo de 2012, que daba luz verde a las prospecciones petrolíferas en aguas del archipiélago canario.

Canarias detecta «errores y fallos de procedimiento»

El vicepresidente del Gobierno canario y consejero de Educación del Gobierno de Canarias, José Miguel Pérez, anunció que el Ejecutivo regional ha detectado «errores y fallos de procedimiento» en el proceso de concesión de las prospecciones petrolíferas en aguas cercanas al archipiélago, lo que conduciría a un recurso judicial.

«En el ámbito jurídico, el Gobierno de Canarias estudia en estos momentos el procedimiento que está siguiendo el Ministerio de Industria para la concesión definitiva y, por lo que vamos viendo, especialmente en materia vinculada a la declaración de impacto ambiental, hay aspectos que seguramente van a ser recurridos por el Gobierno de Canarias, si sigue el trámite en la línea en que va y finalmente concluye en la concesión anunciada, pues entendemos que hay errores y fallos de procedimiento señalados», explicó en declaraciones a los medios.

Sobre la sentencia del Tribunal Supremo, Pérez dijo que «todavía no» conocen el texto y que hay «que esperar a conocer el auto para poder opinar».

«Desde el punto de vista político, el Gobierno tiene muy claro cuál es su posición. En su día expresamos la necesidad de convocar una consulta popular en el ámbito de lo que prevén las leyes españolas y, hasta ahora, el desprecio de este Gobierno absolutamente adverso y absolutamente contrario a los intereses generales de Canarias, como lo es el Gobierno de Rajoy, pues no se ha dignado ni siquiera a contestar», sentenció.

Por ello, dijo que el Ejecutivo del que forma parte seguirá «peleando por lo que entiende que es el sentir mayoritario del pueblo canario».

«Hemos perdido una batalla, pero no la guerra»

Asimismo, el presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, señaló que el rechazo del Tribunal Supremo a los recursos presentados contra las prospecciones significa que se ha perdido «una batalla, pero no la guerra».

Rivero insistió en que con la decisión del alto tribunal se ha perdido «una batalla», pero se mostró «convencido» de que «la guerra» contra los sondeos petrolíferos se ganará en «el terreno jurídico, político y social».

El presidente de Canarias no quiere que se exploten los potenciales recursos que están en su entorno porque vive «cien por cien» del turismo y porque el agua que se consume en Lanzarote y Fuerteventura es desalada, lo que supone que «cualquier incidente que pueda producirse en el mar, por mínimo que sea, pone en riesgo el desarrollo del bienestar de estas islas».

«Cuando uno pone en la balanza el interés general de los canarios y el interés de una empresa privada, claramente nos decantamos por defender los intereses de Canarias», afirmó Rivero, quien lamentó los «problemas» con los que dijo estar encontrándose en su lucha contra el petróleo porque el Ministerio de Industria «apuesta por lo contrario».

En cualquier caso, quiso dejar claro que «no queremos que se ponga en riesgo el futuro de las nuevas generaciones».

«La posición del PP ante las prospecciones no ha cambiado»

Finalmente, la portavoz del grupo parlamentario del PP, Mabel Cabrer, aseguró, tras la desestimación del Tribunal Supremo del recurso del Gobierno canario por las prospecciones petrolíferas que «a pesar de esta, la posición del PP ante las prospecciones no ha cambiado».

Así, dijo que en Baleares están centrados en el tema medioambiental, que es «prioritario» y que si el Ministerio no emite un informe negativo por este tema, «interpondrán un recurso contencioso administrativo.

Cabrer aseguró que así «se analizaría cuál de los órganos medioambientales tiene razón, si el del Ministerio o el de Baleares» ya que la Comisión Balear de Medio Ambiente, recordó, ha emitido «dos informes en contra» de los sondeos en aguas de Baleares.

Además, afirmó que confía en que estos informes «avalarán el que se vaya a realizar a nivel del Ministerio para que éste sea también negativo».

Según dijo, la decisión del Tribunal Supremo, «no resta ni un ápice de la defensa que está haciendo el Govern y toda la sociedad balear en general para parar los sondeos en nuestra comunidad».

«Si no fuese así, señaló Cabrer, iniciaríamos acciones judiciales», que serían diferentes a las realizadas en Canarias, que se presentaron contra las autorizaciones. «Nuestra postura es la misma a pesar de la sentencia de Canarias que no era por tema ambiental».