La sentencia da la razón a Endesa, que denunciaba que en la disposición adicional segunda de la orden ministerial 2452 de 2011, el precio fijado por el alquiler de los nuevos contadores es «claramente insuficiente» y se estableció «sin la menor justificación o motivación, conculcando por ello los principios de objetividad, transparencia y no discriminación».

De hecho, Endesa lamentó la ausencia de un estudio previo que verificase los costes reales de los contadores y que tuviese en cuenta que los nuevos aparatos son más caros que los analógicos. Los nuevos contadores permiten la discriminación horaria y la telegestión.

El precio fijado, de 0,81 euros al mes para los contadores monofásicos y de 1,15 euros para los bifásicos, es hasta un 60% inferior al de los analógicos (y estaba establecido «sin la menor justificación o motivación»), a pesar de que el aparato es más caro. Endesa calculó que el precio debería ser de 1,98 euros para el monofásico y de 3,07 euros para el bifásico, por lo que debería más que duplicarse.

Frente a la «indefensión» denunciada por Endesa por no poder conocer los motivos por los que se rebaja el precio del contador, el Abogado del Estado consideró que la justificación de los precios parte de un informe de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) de junio de 2008 y del abaratamiento fruto del desarrollo tecnológico y la sustitución masiva de los equipos.

El Estado argumentó además que los distribuidores ya no desarrollarán las actuaciones de verificación de los contadores domésticos, por lo que se produce otro abaratamiento inducido.

El Supremo limitó el debate al informe de base de la CNE y consideró que «no resulta discutible y es reconocido por la propia Administración» que el origen de los precios fijados es un texto escrito tres años antes a la publicación de la orden ministerial.

«Desde su aprobación hasta que se dicta la orden impugnada pasan más de tres años», por lo que, «dado el tiempo transcurrido», «tiene razón la actora cuando denuncia la falta de justificación de dichos precios», señaló.

Ante la «completa falta de justificación en el expediente de las razones que han llevado a la Administración a asumir los precios propuestos», el Supremo anuló la disposición adicional y estableció que el Gobierno deberá «fijar de nuevo dichos precios con la adecuada justificación», lo que podría suponer un encarecimiento de estos.

Endesa indicó en la presentación de su plan de sustitución de contadores en 2009 que instalaría 13 millones de equipos inteligentes a lo largo de cinco años, lo que supondría una inversión de 1.500 millones de euros.

Facua pide al Gobierno que no eleve el alquiler de los contadores

Por su parte, Facua-Consumidores en Acción pidió al Gobierno que no encarezca el alquiler de los contadores inteligentes de electricidad tras la sentencia del Tribunal Supremo en la que se anulan los precios actuales, ya que a juicio de la asociación deben tenerse en cuenta elementos que implican un menor coste de los aparatos, según indicó el portavoz de la asociación, Rubén Sánchez.

Facua consideró «lamentable» la sentencia del Supremo precisamente por no tener en cuenta estos elementos, entre los que figuran la rápida amortización de los contadores o el ahorro que obtendrán las eléctricas en el personal que debe ir casa por casa haciendo la lectura física de los anteriores aparatos analógicos.

Frente a estos factores abaratadores, la sentencia es «una condena a los consumidores a pagar más del doble por el alquiler de los contadores de telegestión», señaló Facua. El dictamen, indicó, «ha obviado elementos clave de la argumentación del abogado del Estado».

«No entendemos el motivo por el que se da la razón a Endesa obviando cuestiones tan elementales como la amortización con absoluta inmediatez por parte de las eléctricas o el enorme ahorro que representarán los nuevos contadores, que permiten la lectura a distancia sin necesidad de visitar todos los edificios del país», indicó Sánchez.

Aparte de aludir al «descomunal» ahorro en personal por parte de las eléctricas, el portavoz de Facua aseguró además que los actuales contadores analógicos llevan «décadas amortizados», de modo que «todo lo que se viene pagando es beneficio para las compañías».

«No sólo los contadores se amortizan muy rápido, y a partir de entonces es todo beneficio, sino que a eso se añade la mayor rapidez de amortización por el ahorro en personal», consideró, antes de decir que también hay que tener en cuenta que el coste de mantenimiento de los aparatos es «cero».

Por este motivo, Facua reclamó a las instituciones que «no protejan intereses empresariales sin proteger al consumidor» y eviten subidas «brutales» en el precio de los alquileres de los contadores.

La asociación también consideró que las eléctricas cobran «ilegalmente» por los contadores porque no ofrecen las prestaciones que a los usuarios les corresponden, al no implementar servicios como la telegestión o la telelectura. «Eso lo debe tener en cuenta el Gobierno», añadió.