El Supremo admite un recurso de Endesa contra el nuevo reparto del bono social fijado por el Gobierno

Endesa se suma así a las otras grandes eléctricas (Iberdrola, Gas Natural Fenosa, EDP y E.ON España) que presentaron recursos contra esta misma normativa y que ya fueron admitidos a trámite. Endesa, Iberdrola y Gas Natural Fenosa tienen además recurrido el reparto ante la Audiencia Nacional.

A partir de ahora, el Supremo concede nueve días para que puedan personarse como demandados en el recurso, que fue admitido a trámite el pasado 9 de enero, quienes tengan interés en esta actuación.

Hasta la reforma de la Ley del Sector Eléctrico de 2013 este coste, de 228 millones de euros en 2013, lo asumían las cinco grandes eléctricas (Iberdrola, Endesa, Gas Natural Fenosa, EDP y E.ON) pero el Gobierno modificó la norma para extenderlo a otros agentes del sector.

El 21 de noviembre del pasado año, el Consejo de Ministros aprobó un real decreto en el que establece la metodología para distribuir este coste entre todos los operadores verticalmente integrados, es decir, los que desarrollan simultáneamente actividades de generación, distribución y comercialización de electricidad.

De este modo, el nuevo esquema carga la financiación del bono social sobre un total de 27 empresas, que son las verticalmente integradas, si bien las cinco grandes eléctricas de Unesa, y especialmente Endesa, Iberdrola y Gas Natural Fenosa, deben asumir el 99% de este coste, que ronda los 200 millones de euros.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) determinará cada año qué porcentaje corresponde pagar a cada empresa en función de los suministros conectados a las redes de distribución y los clientes de sus comercializadoras.

El bono social, creado en 2009, fue inicialmente financiado por las cinco grandes eléctricas a razón de unos 150 millones de euros al año, hasta que Iberdrola denunció este mecanismo por discriminatorio y logró que en 2012 el Tribunal Supremo le diese la razón.

Posteriormente, en noviembre de 2013, el Supremo dictó un auto en el que extendía a las cinco grandes eléctricas el derecho a que se les restituyese el dinero dedicado al bono social.

Al anularse esta fórmula de financiación restringida a cinco empresas, el Gobierno cargó de forma provisional a la tarifa eléctrica en 2013 el coste del bono social, mientras definía el nuevo mecanismo de financiación, en el que de nuevo son las eléctricas las que asumen el coste, aunque ahora a través de unos criterios que, en su redacción regulatoria, elimina los aspectos considerados discriminatorios.