El sistema eléctrico podrá financiarse directamente a través de los Presupuestos y del Tesoro

El anteproyecto permite de esta forma canalizar hacia la tarifa eléctrica la recaudación de nuevos impuestos y, al mismo tiempo, ofrece una vía de financiación adicional a un sistema eléctrico cuya sostenibilidad económica se ve amenazada por el déficit de tarifa.

Los impuestos serán recaudados por los organismos tributarios convencionales y posteriormente plasmados en una partida de los PGE, que será tenida en cuenta a la hora de fijar los peajes de acceso, que son la parte de la tarifa eléctrica en la que se recogen los costes regulados del sistema.

La nueva ley incluye en total tres nuevos impuestos, que son el del 6% a la producción de electricidad, el de la producción de combustible nuclear gastado y residuos radioactivos, y el correspondiente al almacenamiento de combustible nuclear gastado y residuos radioactivos en instalaciones centralizadas.

Además, se crea un canon por uso de las aguas continentales para la producción de energía eléctrica, del que queda excluida la minihidráulica, y se modifican los tipos impositivos establecidos para el gas natural y el carbón, al tiempo que se suprimen exenciones en actividad como la cogeneración.

El diario ‘Cinco Días’, que adelanta el contenido del anteproyecto, destaca que, al dedicarse los nuevos tributos a costear las primas a las tecnologías ‘verdes’, «ganan las renovables». Mientras, en el área del gas y de la industria la nueva norma ha generado un «profundo malestar», indica.

El Gobierno justifica las nuevas tasas energéticas en protección del medio ambiente

El Gobierno justifica la creación de siete nuevos impuestos y tasas relacionadas con la energía en la necesidad de proteger el medio ambiente, hacer un uso más eficiente de la energía y de que el sector eléctrico cargue con los costes medioambientales derivados de la producción de energía.

En la actualidad la relación cada vez mayor entre sostenibilidad ambiental, producción y consumo de energía requiere de un marco normativo «que garantice a todos los agentes el adecuado funcionamiento del modelo de producción de energía y, a la vez, contribuya a preservar nuestro rico patrimonio ambiental».

En este sentido, recuerda que la Constitución, en su artículo 45, contempla la protección del medioambiente como uno de los principios rectores de las políticas sociales y económicas.

Así, uno de los ejes de la reforma tributaria será la «internalización» de los costes medioambientales derivados de la producción de electricidad y de la generación y almacenamiento de residuos nucleares.

Este sentido, la norma pretende servir de estímulo para mejorar los niveles de eficiencia energética y permitir asegurar una mejor gestión de los recursos naturales y seguir avanzando en el nuevo modelo de desarrollo sostenible, desde los punto de vista económico, social y medioambiental.

Los valores y objetivos sobre los que se basa la futura ley deben ser coherentes con las medidas sectoriales, ya que inciden en un sector con gran impacto económico y ambiental.