El Senado rechaza una moción para paralizar las prospecciones petrolíferas en las costas Canarias

El grupo socialista pedía al Ejecutivo en su iniciativa que no se otorguen más autorizaciones para realizar investigaciones o prospecciones petrolíferas en las costas de Canarias hasta que entre en vigor el reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la seguridad de las actividades de petrolíferas y gasistas mar adentro, actualmente en tramitación.

Además, exigía que, en su caso, las nuevas autorizaciones se den siempre en «consenso social y político con las instituciones Canarias».

En su defensa de la moción, el senador del PSOE, Domingo Fuentes Curbelo, afirmó que «el pueblo canario sigue rechazando las prospecciones» y que la decisión del Gobierno generó «inquietud» por «apresurada» sin que se hayan «agotado las vías de diálogo» con las autoridades canarias.

Aunque dijo ser consciente de la «dependencia energética» de España y señaló que si hubiera petróleo en la zona «habría que considerar muy seriamente extraerlo», Fuentes Curbelo insistió en la necesidad de consenso para llevarlo a cabo.

Tras remarcar que el Ejecutivo debería esperar a que se termine de elaborar el nuevo reglamento europeo, propuesto a raíz del accidente de BP en el golfo de México, el senador socialista recriminó al Gobierno que «con su actitud de poco diálogo», lo que consiguió es «judicializar» este asunto porque las distintas instituciones canarias ya manifestaron su intención de presentar recurso en los tribunales.

Sin embargo, el portavoz del PP, José Ignacio Palacios, justificó el rechazo de su grupo a la moción porque «no hay que desaprovechar ninguna de las fuentes de energía primaria», por lo que destacó que, si hay «suerte» y se encuentra petróleo en la zona, España podrá «reducir su dependencia energética».

Además, recordó que las prospecciones se harían a 61 kilómetros de la costa canaria y no a tres kilómetros «como hizo el PSOE en la pasada legislatura» cuando aprobó extracciones en la costa valenciana. «Lo único que deseamos es que las investigaciones den resultado porque nos vamos a beneficiar todos, ya que reduciríamos nuestra factura energética y nuestra balanza comercial», indicó.

Por su parte, el portavoz de la Entesa pel Progrés de Catalunya, el exministro de Industria José Montilla, optó por la abstención en la votación, ya que dijo sentir un «sentimiento ambivalente» sobre este asunto, puesto que fue él quien elaboró un real decreto, durante gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, para retomar las prospecciones en Canarias una vez solventados los defectos sobre el control ambiental que habían llevado al Tribunal Supremo a revocarlos, aunque finalmente no se llegaron a reactivar hasta ahora, con José Manuel Soria al frente de Industria.

Por un lado, explicó, «hay que tener en cuenta a las administraciones territoriales porque representan los intereses más cercanos» de la población, pero, por otro, consideró que si hubiera petróleo en la zona, «sería una lástima que España perdiera esa oportunidad».

Las prospecciones petrolíferas se prevén a 13 kilómetros de zonas protegidas

El Cabildo de Fuerteventura afirmó que las áreas de perforaciones petrolíferas autorizadas por el Gobierno frente a sus costas y las de Lanzarote se encuentran a 13 kilómetros de espacios que son Zona de Especial Conservación (ZEC) y Zona de Especial Protección para Aves (ZEPA), lugares recogidos por la Unión Europea en la Red Natura 2000.

De esta manera, las corporaciones insulares, en coordinación con colectivos ciudadanos y ecologistas como El Guincho, Agonane, Ben Magec, Ecologistas en Acción y WWF Adena, remitieron información complementaria a la Unión Europea sobre esta cercanía y los peligros que ello implica para la conservación.

«Entendemos que es un argumento más que suficiente para que se suspenda todo el proceso, ya se lo hemos explicado al Ministerio, pero como no hace caso ni si quiera responde a las alegaciones, lo que ahora hacemos es trasladarlo a la Unión Europea para que actúe en consecuencia«, explicó el presidente del Cabildo de Fuerteventura, Mario Cabrera.

Asimismo, la Comisión Europea admitió a trámite dos denuncias paralelas interpuestas por los cabildos de Lanzarote y Fuerteventura ante el Real Decreto 547/2012 (de 16 de marzo de 2012) por el que se autorizó a un consorcio de multinacionales petroleras la realización de perforaciones en busca de petróleo frente a las costas de Fuerteventura en Lanzarote.

Aquí, la Unión Europea aceptó además el envío de estudios complementarios que sustentan la posición de los dos Cabildos orientales.

En la queja tramitada ante la Unión Europea se subrayó que la ubicación de la autorizaciones –9 cuadrículas que suman 616.000 hectáreas– coincide con una de las áreas más importantes de España en términos de biodiversidad marina.

En este sentido, se explicó que Lanzarote y Fuerteventura contienen numerosos lugares de destacada importancia biológica y geológica, designados como espacios protegidos con diversas categorías de protección a nivel autonómico, nacional, europeo e internacional y que las aguas canarias también fueron declaradas por la Organización Internacional del Tráfico Marino (IMO) Zona Ecológicamente sensible al tráfico marino.

En la queja se advirtió además que la afección y los impactos negativos sobre la biodiversidad marina «van a ser elevados». «Tanto durante las propias actividades de prospección ya autorizadas, como por un eventual derrame que pueda afectar a las comunidades marinas presentes en las aguas y costas canarias, a partir de las futuras áreas de explotación petrolífera», señalaron las corporaciones.

Por último, los cabildos apuntaron que el alcance e impacto de estos posible derrames estará condicionado por la magnitud del mismo y por las condiciones ambientales reinantes en el momento en que estos accidentes se produzcan.