El Senado rechaza el cierre de El Cabril cuando complete su capacidad

Durán expuso la inquietud que produjeron en la zona las declaraciones del presidente de Enresa, Francisco Gil, y del ministro de Industria, José Manuel Soria, sobre la voluntad de hacer un estudio para la posible ampliación del cementerio, y expuso que, en contra de ello, el Parlamento andaluz, «como muestra de la voluntad del pueblo andaluz», ha venido reiterando su rechazo a cualquier tipo de ampliación y se ha ceñido a la declaración de uso del año 2001 por el que se establecía el volumen máximo de almacenamiento, 100.000 metros cúbicos para residuos de media y baja actividad y 130.000 para los de muy baja.

«Todas las manifestaciones de los representantes del pueblo andaluz tienden a afirmar que una vez que se haya colmatado, el centro del Cabril sería clausurado y sellado, por lo que le pido a esta comisión que sean receptivos con la voluntad que tantas veces ha manifestado el pueblo andaluz», proclamó Durán. Además, reclamó que, como recoge el Plan General de Residuos, se defina un nuevo emplazamiento para el almacenaje, sobre lo que indicó que desde Andalucía «se trabajará intensamente para que no sea en territorio andaluz«. Así, empleando una expresión que atribuyó a un parlamentario del PP, manifestó que «Andalucía ya ha sido bastante solidaria con el resto de España«.

Sin embargo, el PP no aceptó la iniciativa socialista y la senadora y alcaldesa de Peñarroya (Córdoba), María Gil, acusó al PSOE de tener «memoria selectiva» en este asunto ya que a lo largo de los años, «cuando gobernaba, lejos de oponerse a la ampliación de las instalaciones» fue autorizándola. «Pretenden ahora justificarse ante los cordobeses cuando fueron los que autorizaron, inauguraron este tipo de instalaciones y les concedieron todo tipo de licencias con sus respectivas bondades» criticó Gil, que insistió en que los gobiernos del PSOE han ido justificando la existencia y desarrollo de El Cabril y no otros ejecutivos, en base a la necesidad de almacenar residuos de accidentes o los procedentes de hospitales o las centrales desmanteladas.

«En sus 21 años de Gobierno socialista nunca cuestionaron lo que hoy plantean, sacan su doble vara de medir», consideró la senadora popular por Córdoba, que, en el plano económico, también expuso que trabajan en plantilla 125 personas mientras que como personal colaborador en el segundo cuatrimestre de 2014 contrataron a 176. María Gil también subrayó los beneficios de las asignaciones de Enresa a los municipios de la zona, 98,2 millones de euros desde el año 1989 para Hornachuelos, Las Navas de la Concepción, Fuente Obejuna y Alanís y que mientras la Junta de Andalucía recibió, en concepto de impuestos, más de 41,2 millones de euros y 11,9 millones a través del Estado, la administración regional ha dado «cero» a los municipios de la zona.