El Senado mexicano solicita a Hacienda que informe sobre la compra de Pemex en Repsol

El senador Pablo Gómez, del izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD), presentó el punto de acuerdo ante el pleno del Senado y en su exposición puso en duda la legalidad de la operación, que causó sorpresa tanto en México como en España.

La solicitud fue aprobada por los legisladores en una cámara dominada por el gubernamental Partido Acción Nacional (PAN), con 50 de los 128 escaños, y los dos principales grupos de oposición, el Revolucionario Institucional (PRI), con 33 asientos, y el izquierdista de la Revolución Democrática (PRD), con 25 representantes.

Gómez recordó que el pasado 2 de septiembre Petróleos Mexicanos (Pemex), a través de su filial P.M.I. Holdings, adquirió 56,3 millones de acciones de Repsol, representativas del 4,62% del capital de la petrolera española, en una operación muy cuestionada en España y por algunos sectores en México, sobre todo desde la izquierda.

La misma se concretó después del acuerdo alcanzado por la empresa pública mexicana y la constructora española Sacyr-Vallehermoso, con lo que juntas rozan el 30% del capital de Repsol.

La operación implica una inversión de 1.700 millones de dólares en las acciones, de los cuales el 70% será financiado con deuda y el 30% con recursos propios.

El acuerdo alcanzado en el Senado da un plazo de cinco días al ministerio de Hacienda de México para presentar un informe de «los términos y fundamentos en que se considera dada la autorización por parte del Congreso de la Unión para que Pemex pueda celebrar empréstitos de la magnitud anunciada» en la operación.

Gómez argumentó que el endeudamiento que implica la operación pone en riesgo el techo de 1.500 millones de dólares de endeudamiento neto externo previsto en la Ley de Ingresos de 2011.

Además, el Senado solicitó que se le informe de «las obras a que se destinarán los recursos derivados del endeudamiento».

Según Gómez, un organismo público como Pemex y sus filiales no pueden comprar acciones de ninguna empresa sin que esto conlleve la celebración de determinadas obras que beneficien a los mexicanos, mismas que no estarían claras en el aumento de participación accionarial en Repsol.

El acuerdo solicitó finalmente conocer «la justificación jurídica para que, a través de una empresa paraestatal, la Administración Pública Federal (mexicana) realice adquisición de valores de renta variable mediante operaciones de deuda pública federal».

En su exposición de motivos del acuerdo, Gómez consideró que la compra realizada por Pemex «genera serias dudas respecto de la legalidad de la operación de deuda pública externa».

El senador dijo que su petición en la Cámara alta «es un primer paso» para que el Gobierno dé las explicaciones debidas por una operación entre un organismo público como Pemex y una empresa privada como Repsol.